En esta primera reunión, Aguilar ha destacado el trabajo «encomiable» de las asociaciones de recuperación de la memoria democrática de Andalucía, y ha señalado que la comunidad andaluza tiene una «posición clara» en el debate sobre este tema que «nos pone del lado de la sociedad, del lado de la justicia, de la historia y de la cultura de Andalucía gracias a la consolidación en nuestra tierra de un potente movimiento social para la recuperación de la memoria histórica y democrática».
En este sentido, ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con este movimiento mediante el impulso de las políticas públicas de memoria; en concreto, la puesta en marcha de un Plan de Exhumaciones, la creación de un banco de ADN para víctimas y represaliados, y la publicación del Inventario de Simbología Franquista de Andalucía. Aguilar también ha expresado su compromiso de actualizar de manera permanente el Mapa de Fosas de Andalucía.
La consejera ha reiterado a las asociaciones su compromiso de trasladar al Parlamento la Ley de Memoria Democrática en el próximo periodo de sesiones, contando con ellas, colectivos y familiares «para fijar la hoja de ruta». Aguilar ha comentado que Andalucía va a aprobar la Ley de Memoria dentro del «compromiso del Gobierno andaluz con los derechos humanos», que incorpora las recomendaciones de Naciones Unidas en relación a las desapariciones forzadas.
Asimismo, ha comentado a los representantes de las asociaciones que esta nueva norma está llamada a «hacer justicia contra el olvido y el silencio» y «va a poner los medios para que se puedan cerrar con justicia y dignidad las heridas de los que lucharon por la libertad y la democracia».
El texto normativo se abrirá al diálogo con todos los grupos parlamentarios, «con la voluntad de alcanzar el mayor consenso posible y el mejor acuerdo».