La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha informado al Consejo de Gobierno de la «grave situación» en la que se encuentra la planificación urbanística en Andalucía, por una «inexplicable complejidad normativa, por una excesiva lentitud en la tramitación y por una injustificada invasión de las competencias locales en la toma de decisiones». A la vista de esa situación, «se hace necesario un inmediato cambio de rumbo que, sin merma de las garantías ambientales, establezca un marco ordenado y ágil, donde se pueda desenvolver con garantía jurídica la actividad urbanística en la comunidad», ha explicado la consejera.

Carazo ha lamentado que «la nefasta gestión urbanística de los anteriores gobiernos haya hecho que tres de cada cuatro municipios andaluces no dispongan de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) después de 16 años». En concreto, ha explicado que 607 municipios de los 786 existentes (un 77%) no se ha adaptado a la LOUA. De ellos, el 82% se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 están «atascados en la farragosa tramitación que este nuevo Gobierno está aclarando, simplificando y agilizando».

La consejera también ha destacado de la radiografía urbanística de la comunidad que, de los 786 municipios andaluces, 51 todavía no tienen ninguna figura de planeamiento municipal propia. Son pequeños pueblos, con una media de 730 habitantes. 23 de ellos están en Granada, 22 son malagueños y seis, de Huelva.

Además, ha subrayado que la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental ha sido la principal causa, «aunque no la única», del retraso de la tramitación los planes generales. Mientras que en el año 2009, entre la aprobación inicial y la definitiva, existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años. «Si contamos también los tiempos de tramitación de los avances, entonces el tiempo total de tramitación supera ampliamente los 10 años, lo que es inadmisible», ha añadido tras poner de ejemplo el municipio de Jimera de Líbar (Málaga), cuyo PGOU se ha aprobado este año tras 12 años de espera.

Otro problema que atañe a la seguridad jurídica de los planes es que parte de esos instrumentos de planeamiento que se encuentran aprobados definitivamente no están vigentes por no haberse publicado su normativa completa, lo que afecta a 111 municipios de manera parcial o total. De ellos, hay 17 municipios (con 13 normas subsidiarias y cuatro PGOU) cuyo planeamiento aprobado carece de vigencia. Al respecto, la Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.

Frente a este panorama, Marifrán Carazo ha indicado que las distintas medidas adoptadas por el nuevo Gobierno para agilizar la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico han tenido como resultado un avance significativo en la aprobación de planes y documentos de cumplimiento en las distintas comisiones territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. No en vano, en los seis primeros meses del Gobierno del cambio se han celebrado 12 sesiones de las comisiones territoriales.

Además, se han tratado 44 asuntos, entre los que destacan la aprobación definitiva de cuatro PGOU –Taberno (Almería), Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga)– y el levantamiento de las suspensiones que operaban desde hace años en otros seis planes –Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar (Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla)–. «Diez municipios que pueden respirar aliviados porque el Gobierno del cambio les ha quitado la soga administrativa que tenían por culpa de la nefasta gestión anterior», ha aseverado la consejera.

Reducción de plazos.

Marifrán Carazo también ha recordado que su equipo ha aprobado ya seis instrucciones para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar flexibilidad en el desarrollo de los planes generales. Entre ellas, destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo significativamente los plazos (pasando de más de un año a unos cuatro meses).

«Y todo lo anterior con independencia de las restantes medidas de agilización y simplificación que, por ejemplo, se incluirán en la nueva ley urbanística de Andalucía, que dará solución a problemas enquistados», ha apostillado. Con estas instrucciones y la futura Ley de Suelo, Carazo ha defendido que despejarán «el marasmo administrativo al que llevan tanto tiempo sometidos tantos municipios andaluces».

La Guardia Civil, concretamente el Servicio de Protección de la Naturaleza, en el desarrollo del programa PACIAP, al realizarlo en el polígono industrial denominado “Guadiel” término municipal de Guarromán, en compañía de Inspectores de Pesca, procedieron a inspeccionar el interior de las instalaciones de una distribuidora de pescado, ubicada en el referido polígono industrial.

En las inspecciones realizadas, se procedió por parte de los Agentes del Seprona e Inspectores de Pesca, a inspeccionar varias partidas de pescado, localizando 80 kgr de Salmonetes (Mullus Barbatus), procedente de Italia.

Realizada la medición con el ictiómetro, se comprobó que tenían una talla inferior a la reglamentaria, para su comercialización, y una vez examinado por los Inspectores de Pesca de la Delegación de Agricultura y Pesca, el pescado fue declarado apto para el consumo humano, siendo entregado en el Banco de Alimentos. Se formula expediente de sanción.

COAG Andalucía denuncia que el valor de los precios en origen del aceite de oliva sigue por debajo de los costes de producción. De este modo, se mantiene una práctica abusiva (de precios predatorios o dumping), que repercute negativamente en uno de los principales tejidos productivos de nuestra región.

Según los datos del Observatorio de Precios y Mercados, los precios en el mes de julio se sitúan un 17% por debajo respecto a julio de la pasada campaña y un 28% menos que en el mismo mes de la campaña anterior, cuando estaban entre los 3,11 €/kg el AOVE (aceite de oliva virgen extra) y los 3,03 €/kg el AOL (aceite de oliva lampante).

En este sentido, los precios actuales del aceite de oliva son los más bajos de todos los países competidores como Italia (AOVE a 4,54 €/kg, un 104% más alto que en España), Grecia (AOVE a 2,49 €/kg, un 12% más) o Túnez (AOVE a 2,36 €/kg, un 6% más), un problema que incrementa la asfixia económica de los olivareros andaluces.

La paradoja es que, a pesar de la gran producción española de esta campaña (con los datos provisionales de junio se esperan 1.786.200 toneladas), a nivel mundial se ha reducido la producción, mientras el consumo se mantiene estable, por lo que toda esta producción se agotará. España y Marruecos son los dos únicos países que superarán las producciones alcanzadas en la pasada campaña, mientras que Italia, Grecia o Túnez se situarán en niveles productivos muy inferiores, llegando en algunos casos a una producción un 50% menor respecto a la pasada campaña.

Además, según informa AICA, hay un buen ritmo en las operaciones hasta el mes de mayo, con incremento de las salidas y de la comercialización (tanto en el mercado interior como en exportaciones). De hecho, entre octubre de 2018 y abril de 2019, Andalucía ha exportado el 75% del total del valor del aceite nacional, alcanzando los 1.298 M€, un 2% más que en el mismo periodo de la campaña pasada. Sin embargo, el volumen de aceite exportado se ha incrementado en este periodo un 27%, hasta alcanzar en Andalucía las 427.900 toneladas, una cifra que se sitúa en un 16% por encima de la media de las cuatro últimas campañas desde octubre a abril. Es decir, exportamos mucho más aceite, pero a menor cotización, a costa de bajar precios en origen a nuestros agricultores.

Esta situación tampoco se explica teniendo en cuenta las estimaciones para la próxima campaña, ya que no es previsible un exceso de oferta que favorezca esta reducción de las cotizaciones. Antes al contrario, las parcelas de secano comienzan a mostrar claros síntomas de merma de cosecha por la prolongada sequía y la subida de temperaturas de los últimos días.

Esta situación de precios irracional y de desequilibrio en la cadena de valor provoca una presión insoportable a un sector productivo cuyo tejido económico y social es esencial para Andalucía. Por eso, desde COAG reclamamos que se plantee como una cuestión de Estado, en la que el Ministro de Agricultura debe posicionarse y ponerse al frente de las reivindicaciones del sector (más allá de alcanzar la tan necesaria autorregulación del mercado a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva) y emprender una batería de medidas estructurales tales como:

• El control de la especulación, la dotación de recursos humanos y materiales para inspecciones dirigidas a comprobar el origen y la certificación de la categoría del aceite de oliva y su pureza, evitando el fraude a través de las mezclas y contrastando la veracidad del etiquetado en relación con el producto que contiene el envase. Debe perseguir la venta a pérdidas con mayor beligerancia y propiciar que Competencia abra de oficio una investigación del mercado del aceite de oliva.
• Exigir que se establezcan fuertes penalizaciones al fraude, aumentando las sanciones y convirtiéndolas en ejemplares para evitar la reincidencia. Igualmente, deben aumentarse los controles de tráfico de perfeccionamiento activo que ofrecen dudas considerables en la actual situación de mercado.
• Incluir al olivar tradicional en las ayudas asociadas de la PAC y promocionar el aceite de calidad, vinculado a este modelo productivo.
• Controlar la fiscalidad de la industria y las envasadoras.
• Exigir el cumplimiento del Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva, sobre utilización de envases que no permitan el relleno.
• Trasladar a la UE la necesidad de actualización de los umbrales de referencia que permiten el desencadenamiento automático del almacenamiento privado.
• Que se revisen los módulos del IRPF a las actividades agrarias relativas al sector del aceite que han sufrido pérdidas.

Sin estas medidas, el sector no cesará en sus reivindicaciones e irá a Madrid a exigir sus demandas como ya hizo en Jaén y en Sevilla.

Esta coyuntura de precios pone en riesgo el futuro del olivar tradicional, un sector sostenible económica, territorial y medioambientalmente, del que dependen, sólo en Andalucía, más de 300 municipios, que genera 18,7 millones de jornales anuales y del que viven más de 200.000 familias.

De este sector depende además un tejido agroindustrial asociado, que aglutina en nuestra región a más de 850 almazaras, distribuidas por el medio rural andaluz. Por si esto fuera poco, el aceite es un producto de gran calidad, el eje de la dieta mediterránea, que contribuye a la gestión del territorio evitando el despoblamiento y combatiendo el cambio climático. Es un sector enraizado en nuestra cultura milenaria y una pieza importante para el turismo.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha autorizado la contratación, por parte del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), del suministro de alimentos en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2020, por un importe de 86.854.066 euros.

Esta cantidad, estará financiada por el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas en un 85% y en un 15% por el presupuesto nacional y permitirá al FEGA la compra de alimentos por valor de 80 millones de euros (sin IVA), mediante un procedimiento de licitación pública, para su posterior distribución a través de las organizaciones asociadas.

En concreto, los alimentos que se van a adquirir son arroz blanco, alubias cocidas, conserva de atún, conserva de sardina, conserva de carne (magro de cerdo), pasta alimenticia tipo macarrón, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva, fruta en conserva en almíbar ligero, tarritos infantiles (fruta y pollo), leche entera UHT, batidos de chocolate y aceite de oliva.

Aproximadamente, un 65,20 % de estos alimentos se distribuirán a las personas beneficiarias, en dos fases en el año 2020; y el 34,80 % restante, en una tercera fase en el primer trimestre de 2021, en tanto, se resuelve la siguiente adjudicación de alimentos correspondiente al Programa 2021. De esta forma se consigue una distribución de alimentos más regular a lo largo del año, con la finalidad de prestar una mejor asistencia a las personas más desfavorecidas.

La dotación presupuestaria de la Unión Europea para este Programa correspondiente al periodo 2014-2020, para España, asciende a 662,3 millones de euros, cantidad que va a gastarse en su totalidad en el marco del programa operativo por el que se articula esta medida. Para el próximo periodo de programación 2021-2027, la Unión Europea, por el momento, no ha aprobado la nueva dotación presupuestaria.

Por este motivo, el Gobierno de España, ha previsto reservar parte de los fondos correspondientes al periodo 2014-2020 con el fin de llevar a cabo un programa de transición en el año 2021 y, con ello, no dejar de atender ningún año a las 1,3 millones de personas desfavorecidas que reciben ayuda alimentaria a través de este programa, mientras se aprueba la normativa correspondiente al próximo periodo.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, destaca que los Presupuestos de 2019 son los más sociales de la historia, ya que son los que más invierten en sanidad, en educación y en políticas sociales. Además, afirmó que garantizan los derechos y servicios públicos y conllevan una bajada de impuestos para todos. Juan Bravo compareció en rueda de prensa junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, para insistir en la confianza que han generado las cuentas públicas y en el amplio consenso que han logrado en el Parlamento de Andalucía, ya que han contado con el apoyo de tres de los cinco grupos parlamentarios. Además, afirmó que por primera vez recogen enmiendas de todos los grupos que forman parte del arco parlamentario.

El consejero recordó que el Gobierno anterior, en vez de hacer los Presupuestos, decidió ir a unas elecciones y dejarlos sin elaborar. Por eso, aseguró que, en este año, se ha trabajado con el reto de tres presupuestos, es decir, con la prórroga de los de 2018, con los Presupuestos de 2019 y con los de 2020, que ya se confeccionan. Asimismo, declaró que nunca había ocurrido que se hayan tenido que hacer unos Presupuestos en Andalucía sin tener Gobierno en España y, consecuentemente, sin disponer de unos Presupuestos Generales, lo que influye en aspectos como los pagos a cuenta, en el mes 13 de IVA que implica más de 400 millones de euros o en materia de dependencia, para la que aún se esperan las transferencias.

“El compromiso de este Gobierno ha sido elaborar unos Presupuestos. Los hemos hecho porque un Gobierno tiene que ser creíble y manifestar sus políticas también en las cuentas, que han de tener poder para convencer. Lo fácil hubiera sido trabajar con unos presupuestos prorrogados. Además, puedo aseverar que son las cuentas más sociales como dato objetivo porque contemplan el mayor gasto en educación, sanidad o dependencia”, indicó Juan Bravo. Además, el consejero explicó que se trata de los Presupuestos del consenso, del diálogo, del acuerdo y de la capacidad de escuchar. “No son los Presupuestos del PP y de Ciudadanos, sino de los andaluces. Por eso, hemos escuchado y hemos incorporado más de cincuenta enmiendas para contar con el mayor consenso dentro del arco parlamentario”.

Juan Bravo recalcó la bajada de impuestos que implican esta cuentas, con la bonificación al 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II, que era una reivindicación de la propia sociedad; la bajada también del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o el de Transmisiones Patrimoniales para familias numerosas, o el de Actos Jurídicos Documentados para pequeñas y medianas empresas. “La bajada de impuestos busca la credibilidad, la certeza, la seguridad y que la gente sepa qué es lo que vamos hacer. Dejar claro que cumplimos lo que decimos”, indicó el consejero.

Además, Juan Bravo aclaró que ya se ven indicadores positivos fruto de la seguridad y confianza que genera el Gobierno y las cuentas. De hecho, señaló que el Ejecutivo andaluz contemplaba un crecimiento del 2,1%, aunque ya todos los análisis económicos que se publican por consultores externos dicen que Andalucía crecerá por encima de la media nacional y, también, de la propia estimación de la Junta.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía argumentó que también se crece por encima de la media en materia de empleo y en confianza empresarial. “Cuando se hacen las cosas bien y se encuentra el consenso, el mercado lo recibe bien y nos permite tener mejores resultados”. Además, añadió: “Esto lo vimos también cuando salimos a los mercados, donde colocamos 700 millones de euros mucho más baratos que en años anteriores”.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, ensalzó el trabajo del Gobierno de Andalucía, que preside Juanma Moreno, y del consejero Juan Bravo para la elaboración de unos presupuestos que son los más sociales de la historia de Andalucía y que contemplan el mayor gasto en educación, sanidad y en políticas sociales. “Son los Presupuestos del cambio en las políticas y también en la actitud de este Gobierno, ya que se han admitido más de cincuenta enmiendas de todos los grupos políticos que implican alrededor de 12 millones de euros”.

Además, Maribel Lozano dejó claro que se trata de unos Presupuestos que apuestan por una mayor transparencia del dinero público y de las subvenciones, de las contrataciones de personal, más medios para justicia, una clara apuesta por el empleo o una mejor sanidad pública. “Quiero manifestar que estamos ante unos Presupuestos que se basan en el diálogo con aportaciones de todos los grupos políticos. Son rigurosos, realistas, creíbles y que bajan los impuestos. Andalucía y Jaén son territorios de estabilidad para las empresas que quieran invertir para generar empleo y riqueza”. Asimismo, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén afirmó que los Presupuestos, tal y como se indicó en la comparecencia de presentación, contemplan partidas provincializadas, que recogen 131,78 millones de euros para Jaén.

El PSOE de Jaén ha registrado 3 Proposiciones no de Ley en el Parlamento andaluz para exigir a la Junta de derechas que siga facilitando suelo industrial en Martos, que continúe trabajando para la conexión de los polígonos industriales de Alcalá la Real y que ejecute de una vez las obras de conexión del Parque Científico-Tecnológico Geolit con la A-44, actuaciones todas ellas paralizadas desde que PP y Ciudadanos accedieron al Gobierno de la Junta con el apoyo determinante de la ultraderecha.

En rueda de prensa, el parlamentario socialista Felipe López explicó que las 3 iniciativas están relacionadas con asuntos “que venían gestionándose por el Gobierno anterior y que, después de 7 meses, este Gobierno de PP y Ciudadanos no ha movido ni un solo dedo” para continuarlos. “Ya ni siquiera estamos reprochándole al señor Moreno Bonilla que no cumpla con lo que ha prometido, sino que le estamos pidiendo que al menos no paralice lo que ya estaba en marcha”, añadió. Llegados a este punto, López tildó al Gobierno de PP y Ciudadanos de “perezoso y negligente”.

López recordó que Moreno Bonilla se paseó por la provincia cuando estaba en la oposición prometiendo 3 planes específicos para Jaén, 3 planes que no existen tras examinarse los presupuestos aprobados por PP, Ciudadanos y Vox. “Prometió el Plan Jaén Avanza, para relanzar la economía. Engaño. Prometió el Plan Jaén Mejor Comunicada, para mejorar las infraestructuras. Mentira. Y prometió un Plan Industrial para la N-IV, Linares, Úbeda, Baeza, Villacarrillo, Alcalá la Real, Martos y Jaén capital. Otra patraña”, resumió.

Así las cosas, consideró que los votantes de buena fe de esos partidos que se sostienen en el Gobierno deben haber sufrido “una gran decepción” al conocer estas cuentas para Andalucía y especialmente para la provincia de Jaén. Respecto a las iniciativas parlamentarias registradas, López valoró el éxito de la diversificación económica en Martos, donde sigue creciendo la pata industrial y donde la anterior Junta socialista desarrolló un polígono industrial que ya se ha vendido, produciéndose nueva demanda de suelo. A principios de 2018 se llegó a un acuerdo entre Ayuntamiento, Junta y empresarios para que hubiera nuevo suelo industrial.

El Ayuntamiento ya hizo la modificación del planeamiento que le correspondía, pero desgraciadamente la Junta de derechas “no ha movido ni un solo dedo en estos 7 meses”, en un tema “que es capital para Martos y la provincia de Jaén” porque tiene que ver con el desarrollo económico y el empleo. “Presentamos esta PNL para que PP y C’s acaben tomándose en serio este proyecto”, subrayó.

Sobre Alcalá la Real, destacó la evolución favorable que ha tenido el empleo industrial en los últimos 15 años, donde se ha pasado de 3.100 empleos agrarios y 2.300 industriales (en 2003) a los 2.500 empleos agrarios y 3.500 industriales registrado (en 2018). “Hay que seguir favoreciendo el desarrollo de esas condiciones para que el empleo industrial siga creciendo”, abundó López, quien reclamó por ello que la Consejería de Fomento continúe con el proceso de colaboración iniciado con el Ayuntamiento de Alcalá la Real y con la Diputación Provincial para la conexión de los polígonos industriales.

Para la conexión de esos dos espacios (Llanos de Mazuelos y el Chaparral), ubicados junto a carreteras de la Junta y la Diputación, ya se produjo un acuerdo inicial en el que se implicaba el Ayuntamiento, asumiendo la adquisición de suelos, y la Diputación y la Junta, cofinanciando la obra. Con esta actuación se mejoraría la seguridad vial de las carreteras, se evitaría el tráfico pesado por Santa Ana y se mejoraría la comunicación con Frailes.

La tercera iniciativa insta a la Junta a que inicie la construcción de la conexión de Geolit con la A-44 y a consignar una partida presupuestaria plurianual en los próximos Presupuestos de la Junta hasta su completa ejecución. Recordó que el proyecto estaba terminado en diciembre y con alta en los fondos europeos, y sin embargo “no se ha hecho absolutamente nada” en estos 7 meses.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Medina, ha firmado hoy con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, el convenio de colaboración para la financiación del coste de materiales, maquinaria y utensilios de las obras que se ejecutarán a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Este acuerdo está dotado en la provincia con un importe de 9,4 millones, de los que Diputación aporta más de 2,3 millones de euros, el 25%; y la Junta, 7 millones, el 75%. Al coste total de materiales se suma la aportación del Servicio de Empleo Estatal, destinada a salarios y costes de la seguridad social; cerca de 21 millones de euros. En total, el PFEA supondrá una inversión en la provincia de más de 30,3 millones de euros.

Tras la firma de este acuerdo, celebrada en la sede que la Diputación de Cádiz tiene en Jerez de la Frontera y con la participación de representantes de todas las Administraciones provinciales de Andalucía, Medina ha subrayado la importancia de este programa “no solo para la realización de obras en nuestros municipios y la prestación de servicios, sino también por lo que conlleva de cara a la fijación de la población al territorio”. En ese sentido, Medina ha incidido en el valor de un programa cuyo mantenimiento “es una prioridad para las diputaciones y ayuntamientos”.

Para la nueva edición de este programa, todas las administraciones asumen un incremento del 6,38 por ciento con respecto a años anteriores. “La Consejería va a aportar lo mismo que viene aportando en estos años, en el mismo porcentaje que se incrementa por parte del Gobierno de España”, ha detallado Medina. La inversión global de este programa en Andalucía –de diputaciones y gobiernos autonómicos y estatal– es de 233 millones de euros. En el caso de Jaén, además de financiar los materiales en proyectos en equipamientos de los municipios, la Diputación de Jaén acometerá a cargo de este plan obras en la red viaria provincial.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en la presentación del libro “Perdidos en la tarde”, del que es autor Diego Rodríguez. El Centro García Lorca de Bedmar ha acogido la presentación de esta publicación realizada por este escritor de origen bedmareño que ha estado al frente del Ateneo de Málaga y que ha intervenido en este acto junto a Reyes y a Fernando Viedma, presidente de la Asociación Bedmar Debate.

En concreto, en este libro editado por el Ateneo y el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, Rodríguez narra sus vivencias más destacadas con treinta intelectuales que conoció durante el periodo en el que fue presidente de dicha institución cultural malagueña. Entre ellos, figuran desde José Luis Sampedro hasta Fernando Arrabal, Ian Gibson, Iñaki Gabilondo, Federico Mayor Zaragoza, Ramón Tamames o Victoria Camps, entre otros.

Este libro, cuya recaudación se destinará a financiar la labor de una ONG en Mozambique, refleja también en su segunda parte la relación de Diego Rodríguez y el Ateneo malagueño con la restauradora Ana Chamorro. El prólogo de esta publicación está realizado por el escritor Juan Gaitán.

La presentación de este libro, que ha sido promovida por la Asociación Bedmar Debate, forma parte de las actividades que conforman el programa cultural CULVE 2019 impulsado por el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez y que supondrá la celebración en esta localidad durante el periodo estival de jornadas y cursos, además de conciertos, cine y rutas de la tapa o actividades deportivas, entre otras iniciativas.

La Consejería de Salud y Familias, a través de su Dirección General de Consumo, destinará 1.982.729 euros a impulsar actuaciones de entidades locales y asociaciones en defensa de las personas consumidoras. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado las dos convocatorias dirigidas, por un lado, a las entidades locales de Andalucía y, por otro, a asociaciones, organizaciones y federaciones de personas consumidoras.

La nueva convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales, para la financiación de actuaciones para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo (boletín número 136 de 17/07/2019) y está dotada con 912.000 euros. La distribución del crédito es de 89.204 euros para las entidades locales de Almería; 121.814 euros para Cádiz; 93.387 euros para Córdoba; 125.233 euros para Granada; 82.102 euros para Huelva; 86.129 euros para Jaén; 150.913 euros para Málaga y 163.218 euros para la provincia de Sevilla.

Las ayudas se podrán solicitar para el mantenimiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), así como para el funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo y de las unidades administrativas que asuman tareas de control e inspección del mercado y tramitación de expedientes sancionadores en materia de consumo. Las entidades podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 14 de agosto a través de la web de la Consejería de Salud y Familias.

Ayudas al tejido asociativo.

Por otra parte, la Consejería de Salud y Familias ha hecho públicas las subvenciones dirigidas a asociaciones, organizaciones y federaciones de personas consumidoras y usuarias (boletín número 136 de 17/07/2019). Esta convocatoria, cuyo importe total asciende a 1.070.729 euros, enmarca tres líneas de ayudas: asociaciones de personas consumidoras, federaciones de personas consumidoras y consumo responsable.

Sobre la primera de las referidas líneas, dirigida a entidades provinciales, está dotada con 573.650 euros para promover actividades de formación, educación y divulgación. También serán subvencionables actividades de información y asesoramiento, como campañas de información y orientación, sobre los derechos de las personas consumidoras; actividades informativas y de promoción en materia de consumo, así como la apertura de oficinas de atención para la mediación, tramitación y gestión de reclamaciones, denuncias o actividades similares, dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

En esta línea, la distribución del crédito será de 57.439 euros para las entidades locales de Almería; 62.781 euros para Cádiz; 63.473 euros para Córdoba; 83.676 euros para Granada; 49.016 euros para Huelva; 61.625 euros para Jaén; 86.923 euros para Málaga; y 108.717 euros para la provincia de Sevilla.

Asimismo, este año se consignarán 378.079 euros a las subvenciones dirigidas a las federaciones de consumidores con destino a las actividades orientadas al fomento del asociacionismo, a promover y fomentar la adhesión de nuevas personas asociadas, así como al funcionamiento general de las mismas. También son subvencionables en el marco de esta línea las actividades de representación institucional y las actuaciones de formación, información y asesoramiento de estas entidades.

Finalmente, Consumo también financiará con 119.000 euros la realización de actuaciones en materia de impulso y promoción de un consumo responsable y solidario. Las entidades podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 14 de agosto a través de la web de la Consejería de Salud y Familias.

María y Manuel fueron los nombres más utilizados por las madres y los padres residentes en Andalucía en el año 2018. María, con 1.245 niñas (un 3,7% del total), repite esa primera posición que ocupa desde 2009 mientras que Manuel, con 1.116 niños (un 3,1% del total), lidera la clasificación de los niños por tercer año consecutivo, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Atendiendo a los nombres de niñas recién nacidas, los cuatro más frecuentes fueron María, Lucía, Martina y Carmen, representando el 11,2% del total de niñas. Las tres primeras repiten la posición del año anterior y Carmen desplaza de la cuarta posición de 2017 a Daniela.

Respecto a los nombres de niño, los primeros cuatro puestos fueron ocupados por Manuel, Hugo, Alejandro y Pablo (10,5% del total), los mismos que en el año anterior y en el mismo orden.

Teniendo en cuenta los 100 nombres de las recien nacidas más frecuentes en Andalucía en 2018, Lía fue el que más posiciones incrementó, pasando de la 146 a la 97. Entre los niños, el nombre que más aumentó fue Amir, que subió del puesto 99 al 71. En sentido contrario, los nombres que más descendieron fueron Andrea, que ha perdido 17 posiciones; y Aitor y Luca, que han descendido 16 puestos.

Desagregando los nacimientos por provincias, María fue el nombre de niña más frecuente en todas las provincias andaluzas. Respecto a los niños, Manuel fue el más frecuente en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla; Alejandro en Almería y Jaén; Hugo en Málaga, y Martín en Granada.

Según el nombre de las madres y los padres.

Atendiendo al nombre de las madres y los padres, el 11,1% de los recién nacidos heredaron el nombre de alguno de sus progenitores. En el caso de las niñas, fue en el 5,3% en 2018, porcentaje que para los niños se elevó hasta alcanzar el 16,4%.

Jaén es la provincia donde ocurre esta circunstancia con mayor frecuencia, registrándose valores por encima de la media andaluza (el 20,9% de los niños y el 7,0% de las niñas). En el extremo contrario se sitúa Málaga, provincia en la que el 12,7% de los niños y el 3,4% de las niñas heredan el nombre de sus progenitores.

Entre los 100 nombres más frecuentes de niñas, destaca que el 47,7% de las que se llaman Beatriz tienen el mismo nombre que sus madres. En el caso de los niños es Francisco Javier el nombre que más hereda el del padre, con el 79,5% de los recién nacidos.

Ampliando al conjunto total de nombres, siempre que su frecuencia sea superior a 5, destaca que en el 76,0% de las niñas llamadas María del Mar y en el 100% de los niños llamados Clemente, su madre y padre respectivamente se llamaban de la misma forma.

Respecto a la consulta del nombre más frecuente entre los nacimientos de cada municipio de Andalucía, siempre que su frecuencia sea superior a 5, los porcentajes más altos se presentaron en La Rambla (Córdoba), donde Martina fue el nombre de niña más frecuente (un 20,7% de los nacimientos de ese municipio), y en Umbrete (Sevilla), donde Manuel fue el nombre de niño más frecuente en relación al total de niños nacidos en dicho municipio (un 16,0%).