La Junta de Andalucía ha reclamado por carta al Gobierno central, a través del Imserso, que en la situación actual de pandemia por el Covid-19 se flexibilicen los criterios de acceso a las pensiones no contributivas, con el objetivo de agilizar dicha prestación.

En el escrito firmado por el director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Daniel Salvatierra, dirigido a su homologo en el Imserso, Luis Alberto Barriga, se solicita que, «desde el cumplimiento de lo establecido legalmente, y sin necesidad de introducir ningún cambio en la norma legal, y mediante el instrumento jurídico que considere más oportuno, se adopten medidas para que la observación del cumplimiento de los requisitos que son necesarios para tener acceso a una pensión no contributiva, se corresponda con el estado de necesidad que se nos presenta y puedan ser gestionadas y resueltas, el trámite inicial, con la agilidad que la situación requiere».

Además, en dicha carta se anexa la propuesta del Gobierno andaluz «para la mejora y agilización de la gestión de las pensiones no contributivas como respuesta a la grave situación de crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia por el coronavirus (Covid-19)». En este sentido, desde Andalucía se proponen una serie de medidas en una doble dirección. Por una parte, a la agilización del estudio de los expedientes de reconocimiento inicial del derecho a una pensión no contributiva, y por otra, a la realización de controles posteriores sobre dichos expedientes una vez finalice el estado de alarma.

En lo relativo a la agilización del reconocimiento del derecho a la prestación no contributiva, la Junta de Andalucía propone que el requisito de residencia legal se acredite mediante consulta telemática al padrón municipal de habitantes, teniendo en cuenta las limitaciones que la consulta al mismo presenta, puesto que el mismo no refleja datos históricos, ni es colectivo ya que esta información no es facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por ello, la comprobación de los períodos de 5 años y de 10 años que exige la Ley para causar derecho a pensión no contributiva de invalidez o de jubilación respectivamente, será objeto de una revisión posterior, salvo que desde el Ministerio del Interior se esté en disposición de articular los medios y canales de información necesarios para que puedan suministrar dicha información de forma ágil y rápida a los órganos gestores de pensiones no contributivas.

Además, para la acreditación del requisito de insuficiencia de recursos del interesado y de los miembros integrantes de la unidad económica en que se encuentre inserto, únicamente se tendrá en cuenta la declaración efectuada por el interesado en su solicitud, que tendrá valor de declaración responsable, conforme al art.23 del Real Decreto 357/1991. Lógicamente, en la medida de las posibilidades, se consultará el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En cuanto a la acreditación del requisito de convivencia del interesado con otras personas en un mismo domicilio, se realizará a través de la declaración del interesado en la solicitud de la pensión, que al igual que en el caso anterior, tendrá valor de declaración responsable a efectos de lo dispuesto en el citado art. 23 del RD 357/1991, sin perjuicio de las presunciones legalmente establecidas respecto a la convivencia de los cónyuges, hijos menores o mayores incapacitados. Igualmente, se considerarán los datos de padrón individual actualmente accesibles.

Por su parte, la verificación del cumplimiento del resto de requisitos, como la edad o el grado de discapacidad para la pensión de invalidez, se seguirá realizando normalmente, mediante la consulta telemática de DNI y el Dictamen del Centro de Valoración correspondiente. Una vez comprobados todos los requisitos del solicitante, si el órgano gestor determina que éste tiene derecho al reconocimiento de la pensión no contributiva, pero que habría que solicitar alguna documentación complementaria en un momento posterior, reconocerá el derecho a la pensión en la cuantía mensual que se determine.

Control posterior de los expedientes.

La propuesta remitida por Andalucía al Imserso también plantea que una vez finalizado el estado de alarma decretado por el Gobierno central y la organización administrativa recupere el pleno funcionamiento de todos sus servicios, los órganos gestores de pensiones no contributivas procederán a la revisión de oficio de aquellos expedientes de reconocimiento inicial de la PNC en los que, tal y como se ha expuesto anteriormente, consideren que sea necesario solicitar al interesado documentación complementaria para verificar el mantenimiento de su derecho .

Si en dicha revisión se comprueba que el solicitante reúne los requisitos para ser pensionista, se procederá al abono de los atrasos correspondientes, con los efectos determinados conforme a la normativa vigente. Si por el contrario, en dicha revisión se comprueba que el pensionista no tiene derecho a la pensión y no lo tuvo en el momento del reconocimiento de la misma, se dictará resolución de extinción del derecho, y se declarará el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En estos supuestos, las cantidades a reintegrar nunca ascenderían a cuantías muy elevadas, teniendo en cuenta que no se produjo el abono de atrasos, por lo que solamente se declararía la deuda de ciertas mensualidades. La carta culmina señalando que con la aplicación de las medidas propuestas en este documento, se aseguraría una mayor agilidad en el reconocimiento del derecho a la prestación, facilitando el acceso a la pensión a uno de los colectivos que sin duda está teniendo más dificultades en esta crisis.

Además, destaca que «como Administraciones Públicas nos corresponde articular respuestas a la ciudadanía adaptadas a la situación que se nos presenta y más en aquellas ocasiones donde esa necesidad es más acuciante».

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado una Orden Ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mediante la cual se establecen medidas excepcionales y el procedimiento a seguir por parte de los titulares de las tarjetas de tacógrafo mientras no reciban la tarjeta renovada y dure la situación de estado de alarma. Se trata así de paliar los posibles perjuicios derivados de su no recepción durante esta situación.

En dicho período, siempre que haya presentado una solicitud de renovación, todo conductor que tenga caducada la tarjeta desde el día 6 de marzo y no le haya sido entregada la tarjeta renovada podrá seguir realizando transporte imprimiendo las actividades, según contempla la nueva Orden Ministerial. En todo caso, deberá llevar en el vehículo la tarjeta caducada y un resguardo de la solicitud de renovación, así como las impresiones.

Tras la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional, con el fin de afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el sector del transporte de mercancías se ha convertido en un sector de vital importancia, realizando una labor esencial todos los días para garantizar el abastecimiento de nuestros ciudadanos y de nuestro sistema productivo en general.

En este contexto, y después de la extensión del estado de alarma, resulta necesario facilitar las condiciones del trabajo de los conductores. Tras la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, se han seguido produciendo solicitudes de tarjetas de tacógrafo cuyo período de validez expiraba en fechas próximas o posteriores a la misma, en particular tarjetas de tacógrafo de conductor y tarjetas de tacógrafo de empresa.

Las medidas excepcionales derivadas de la declaración del estado de alarma han repercutido también en la realización de algunos trámites y gestiones con la Administración y pueden haber producido retrasos en la entrega de las tarjetas renovadas pudiendo causar algún perjuicio al titular de la misma.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado hoy en rueda de prensa que “hoy mismo y durante el día de mañana llega a las CCAA la primera partida de un millón de test rápidos”.

De esta manera, España va a incrementar de manera sustancial la capacidad de diagnóstico para confirmar o descartar la presencia del COVID-19 en la población. El objetivo del Ministerio, tal y como ha indicado Illa, es hacer el máximo número de test posible a las personas que tengan síntomas. “Se están realizando de 15.000 a 20.000 test diarios, pero es necesario aumentar esta capacidad dediagnóstico diario”.

El Instituto de Salud Carlos III ha evaluado ya más de 70 modelos de test rápidos para elegir el que cuenta con mayor sensibilidad. El ISCIII ha comprobado que los test que ahora se distribuirán tienen una sensibilidad de más del 80 % a partir de que la persona lleve siete o más días infectada. Cuando los pacientes acaban de iniciar síntomas la sensibilidad es del 64%.

La pieza clave de la estrategia de diagnóstico seguirán siendo los test de PCR y el test rápido va a ser un complemento para llegar a un mayor número de población diagnosticada. Se dirigirá especialmente a los hospitales y a colectivos vulnerables como son las residencias de mayores.

Este uso complementario de los test de diagnóstico rápido se ha decidido tras valorar las informaciones y estudios del Instituto de Salud Carlos III y se haacordado con las comunidades autónomas en la ponencia de Alertas. Los informes técnicos sostienen que los test rápidos son un complemento adecuado para los test PCR en entornos con una prevalencia de la enfermeda alta, como son hospitales o residencias de mayores. Esta estrategia permitirá hacer pruebas para detectar qué personas son positivas. Los que den positivoserán casos confirmados y si dan negativo deberán realizar una PCR.

Los pilares de la estrategia de diagnóstico del Gobierno son tres:

a) Realizar el máximo número de test posibles a todas las personas que presenten síntomas, es decir, incrementar la capacidad diagnóstica.

b) La pieza clave de la estrategia de diagnóstico seguirán siendo los test de PCR.

c) Lo que hacemos ahora es complementar los test PCR con los test rápidos para llegar a un mayor número de población diagnosticada.

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias recuerda a la ciudadanía que, ante la cancelación de vuelos con motivo de la expansión del coronavirus Covid-19 y del decreto del estado de alarma, las compañías aéreas tienen la obligación de ofrecer un transporte alternativo o la devolución del importe de los billetes. En caso de optar por el reembolso, el mismo se deberá realizar en el plazo de 7 días y podrá efectuarse por transferencia bancaria, mediante cheque o en metálico. La devolución se podrá realizar también en vales, bonos de viaje u otros servicios siempre que exista acuerdo previo firmado por la persona viajera, nunca por defecto.

Se debe tener en cuenta que, al tratarse la expansión del coronavirus de una circunstancia de fuerza mayor ajena a la compañía aérea que cancela el vuelo, no habrá derecho a compensación alguna, como sí se establece ante cancelaciones por otro tipo de circunstancias. Sí existen, en todo caso, los derechos de información y de atención que establece la normativa europea.

Atendiendo al primero, se deberá entregar a las personas afectadas la documentación que indique las normas en materia de asistencia y compensación. Respecto al derecho de atención, en función del tiempo necesario a esperar para el transporte alternativo, la compañía deberá ofrecer a las personas afectadas comida y bebida suficiente, o alojamiento hotelero en caso de que el transporte alternativo sea como mínimo al día siguiente.

Cancelación por el cliente.

Las personas que tuvieran previsto realizar un viaje en avión y hayan solicitado la cancelación de su billete por iniciativa propia aunque el vuelo siguiera programado, tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas sin penalización alguna cuando dicha cancelación sea debida a las limitaciones de movimiento concretas establecidas en virtud de la declaración del estado de alarma (y sus posibles prórrogas) por parte del Gobierno o la potencial restricción de entrada a terceros países de la ciudadanía procedente de España.

En el caso de los vuelos anteriores a que se decretara el estado de alarma, si la aerolínea ha mantenido el vuelo y es la persona la que ha decidido cancelar su billete, se recomienda consultar con la compañía o la agencia con la que se hubiera contratado el transporte, así como comprobar los términos del contrato para verificar si se establece la posibilidad de cancelar el viaje por motivo de emergencia sanitaria o si la compañía ofrece la alternativa de aplazar o cancelar el viaje a las zonas afectadas. En el caso de que la persona tuviera contratado un seguro de viaje, deberá consultar la póliza de cara a la cancelación del vuelo.

Dónde presentar la reclamación.

Si se ha adquirido el billete directamente en la compañía aérea, cualquier reclamación que se presente debe ser interpuesta ante la propia compañía, mientras que si el billete del vuelo se ha adquirido para un viaje combinado (todo aquel que incluye transporte y alojamiento) la reclamación debe ser interpuesta en la agencia de viajes donde fue contratado. Aunque no existe un plazo fijo para presentar una reclamación, sí se recomienda que se haga lo antes posible.

En los casos de reclamaciones a la compañía aérea, puede solicitar una hoja de reclamaciones de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), una de la compañía aérea o bien la hoja de quejas y reclamaciones oficial de la comunidad autónoma donde haya ocurrido el hecho. Si es un viaje combinado, se podrá reclamar presentando la hoja de quejas y reclamaciones en la propia agencia de viajes.

Si tras presentar la reclamación la empresa no responde o la respuesta no satisface, se pueden poner los hechos en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o remitir la reclamación a la Administración de Consumo de la comunidad autónoma de residencia. En el caso de Andalucía, se puede hacer de forma telemática en el Portal de Atención a la Ciudadanía dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de la opción Presentación Electrónica General.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del teléfono 900 21 50 80, de la página web, del correo electrónico (consumoresponde@juntadeandalucia.es), del perfil de Twitter; y el de Facebook.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

Durante el día de ayer, dos nuevos aviones procedentes de Shangai (China) han llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con más de 3,5 millones de unidades de material sanitario adquirido por el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la crisis del COVID-19.

La mayor parte de esta material, cerca de tres millones de unidades (2.972.640), será distribuido entre las Comunidades Autónomas para reforzar el Sistema Nacional de Salud ante esta situación de pandemia. Las unidades restantes están destinadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Defensa, Sanidad Penitenciaria e IMSERSO, entre otras instituciones y organismos públicos.

El primero de los vuelos, operado por la compañía NEOS, ha transportado una carga de 2,5 millones de mascarillas quirúrgicas tipo II, de las que 2.005.000 serán repartidas entre las comunidades.

La carga del segundo avión, del grupo Globalia, consta de 900.000 mascarillas FFP2 (828.000 para CCAA), 85.500 batas de protección (63.500 para CCAA), 75.560 mascarillas quirúrgicas y 580 ventiladores no invasivos. Estas dos últimas partidas están destinadas en su integridad a las comunidades.

20,4 millones de mascarillas.

Desde el pasado 10 de marzo y hasta este viernes, 3 de abril, el Ministerio de Sanidad ha distribuido entre las Comunidades Autónomas cerca de 38 millones de unidades de material sanitario.

En concreto, se han repartido 37.999.008 unidades de un material que incluye mascarillas, gafas de protección, guantes de nitrilo, batas desechables e impermeables, buzos, calzas, gorros, delantales, soluciones hidroalcohólicas, dispositivos de ventilación mecánica invasiva y ventiladores no invasivos, entre otros productos.

Las mascarillas son los materiales que han contado con una mayor distribución entre las regiones que, en ese mismo intervalo de tiempo, han recibido 20,4 millones de unidades. En las últimas 24 horas se han distribuido también 59.800 buzos y 950 ventiladores no invasivos entre las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Sanidad lleva semanas trabajando con las empresas especializadas en la fabricación de elementos de protección y, en particular, equipos que se utilizan para atender a los pacientes en situación más delicada.

Ejemplo de esta colaboración es el caso de la empresa Hersill dedicada a la fabricación de respiradores, aparatos que suplen la ventilación pulmonar espontánea por una ventilación mecánica en personas con insuficiencia respiratoria. Desde este viernes, Hersill, con sede en la localidad madrileña de Móstoles, ha iniciado la fabricación de 100 respiradores diarios. El Ministerio de Sanidad ha firmado una compra de 5.000 respiradores en los próximos dos meses.

De forma paralela, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado este viernes la realización de una investigación clínica por la que la compañía SEAT inicia la fabricación de respiradores en su planta de Martorell. La empresa se ha comprometido a fabricar 300 respiradores diarios. Los primeros equipos serán distribuidos en el Hospital Germans Trias i Pujol y Hospital Clinic de Barcelona, centros en los que se han realizado las pruebas diagnósticas.

A partir de este momento, el Ministerio de Sanidad se coordinará con todas las comunidades autónomas para que comuniquen sus necesidades de estos equipos de ventilación mecánica y les sean enviados en un plazo mínimo. Por último, el Ministerio ha distribuido 50 respiradores en diferentes hospitales de Cataluña donados por el Gobierno alemán.

Desde que comenzó la crisis sanitaria, el Gobierno ha adquirido 1.539 equipos, además de canalizar la entrega de 2.070 respiradores donados. En total, 3.609 respiradores. Previamente a la adquisición, un grupo de expertos formado por representantes de las sociedades científicas más destacadas ha realizado la validación técnica para comprobar la idoneidad de estos equipos.

Para hacer frente a la alta demanda a nivel mundial que existe de respiradores, el Gobierno de España ha intensificado su trabajo para garantizar su disponibilidad, así como su distribución entre las comunidades autónomas atendiendo a criterios de urgencia y necesidad. Así, se han llevado a cabo:

1. La adquisición de nuevos equipos.

2. El incremento de la producción nacional.

3. La creación de nuevas capacidades vinculadas a tecnologías de fabricación aditiva.

4. La adaptación de equipos con funcionalidades similares como son los equipos de anestesia.

5. La disponibilidad de respiradores en centros privados o en centros no hospitalarios para su canalización al Sistema Nacional de Salud.

La AEMPS, además, está trabajando con la mayor agilidad para revisar el material y las pruebas técnicas de las iniciativas que se están llevando a cabo en España de respiradores para autorizar las investigaciones clínicas lo antes posible con las máximas garantías de seguridad.

El Comité Nacional de Transporte por Carretera, representante del sector del transporte de mercancías y logística, ha comunicado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) su compromiso para mantener el transporte y suministro de medicamentos a hospitales durante los días festivos de Semana Santa.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios había comunicado que era absolutamente esencial el mantenimiento del transporte y suministro de medicamentos durante los días festivos de Semana Santa. El sector de Transporte, representado por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, ha expresado a Mitma su compromiso para seguir prestando estos servicios tan esenciales para la sociedad, en la línea que viene demostrando en esta crisis sanitaria.

El compromiso del Comité Nacional se ha producido después de que la Dirección General de Transporte Terrestre haya transmitido la preocupación de la Agencia del Medicamento al Departamento de Mercancías Comité Nacional de Transporte por Carretera. Este, conocedor de estas circunstancias, ha mostrado su total disponibilidad para contribuir también en los próximos días festivos a asegurar el suministro de estos productos tan imprescindibles para la sociedad, como ya viene haciendo durante toda esta crisis sanitaria.
Garantizar el suministro de medicamentos

La Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Sanidad por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece para los laboratorios titulares la necesidad de garantizar el suministro de medicamentos a hospitales también en periodos vacacionales.

Con la llegada de la Semana Santa, algunos laboratorios habían planteado que se encuentran con dificultades para asegurar el suministro en periodos de 4-5 días de vacaciones. Los laboratorios farmacéuticos están habilitando sistemas para poder recibir pedidos en periodo festivo y poder servirlos, pero para cumplir con los objetivos se necesitaba asegurar la disponibilidad de los medios necesarios para hacer llegar los medicamentos a destino en un plazo razonable.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado hoy en su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo que «lo mejor en estos momentos es hacer el máximo número de pruebas diagnósticas posibles a las personas que tengan síntomas». Por ello, ha manifestado el objetivo de aumentar al máximo la realización de PCR y test rápidos.

Respecto a estos últimos «esta semana –ha explicado- hemos recibido un millón de ellos que tienen una sensibilidad del 80% a partir de que la persona lleve 7 o más días infectada, según los análisis realizados por el Instituto de Salud Carlos III; en pacientes que acaban de iniciar síntomas la sensibilidad es del 64%».

Estos test rápidos permiten hacer pruebas en ámbitos de alta prevalencia como hospitales o residencias, donde hay gran probabilidad de contagio, y detectar qué personas están contagiadas si dan positivo. En caso de dar negativo, deberán realizar una PCR. «Los test rápidos detectan una parte importante de positivos pero aquellos que den negativo requieren de una PCR para descartar un falso negativo», ha aclarado el ministro.

Salvador Illa ha recordado sobre este mismo tema que «el Instituto de Salud Carlos III ha trabajado desde el principio junto con todas las empresas españolas de PCR para validar de forma conjunta las técnicas, lo que ha hecho posible que desde los centros sanitarios estemos pudiendo realizar entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias en España en este momento».

Y ha añadido: «Esta cifra nos sitúa entre los países que más pruebas realizan y seguimos trabajando para ampliar la capacidad de producción nacional para que nuestro país pueda incluso autoabastecerse si fuera necesario». De hecho, el Instituto de Salud Carlos III homologó el pasado mes de enero a cuatro empresas para que pudieran hacer PCR con las que se está trabajando para activar su producción.

Respiradores.

Salvador Illa ha informado de que en las próximas horas se recibirán 50 respiradores del gobierno alemán y que hoy mismo habrá más de 40 respiradores de la empresa Draeger. A ello se une que mañana, viernes, la empresa Hersill, de Móstoles, empieza a producir respiradores de forma industrial hasta un total de 5.000 unidades durante las próximas semanas.

Y en esta misma línea, ha subrayado que «en las próximas horas todo indica que SEAT con la ayuda científica del Hospital Clínic i Can Ruti podrá iniciar su fabricación en serie de unos 300 respiradores diarios de producción y diseño propios».

Refuerzo de profesionales.

El ministro también ha resaltado las medidas llevadas a cabo en materia de recursos humanos para reforzar las plantillas de profesionales. Se ha referido en concreto a la Orden aprobada el pasado 27 de marzo cuyo objetivo es incrementar la posibilidad de realizar contrataciones de personal sanitario, con distintas medidas.

Estas consisten en: la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de formación, que tendrán derecho a un complemento retributivo acorde con las funciones desempeñadas; la suspensión de las rotaciones de los residentes para que puedan prestar servicios en aquellas unidades en las que se precise refuerzo y las medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo. Esta orden amplía la aprobada el pasado 15 de marzo, que ya permitió habilitar la contratación de 35.000 profesionales y 17.000 estudiantes de último curso para tareas de apoyo.

Con esta nueva medida, se ofrece a las diferentes CCAA la posibilidad de contratación de un total de 17.560 técnicos superiores en Cuidados Auxiliares de Enfermería, estudiantes de segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Medio de FP sanitaria que han finalizado sus estudios y están pendientes de la expedición del título. Y también más de 9.500 profesionales de las diferentes titulaciones de formación sanitaria especializada, que realizaron este año las pruebas selectivas para obtener una plaza como residente, siempre que hayan superado la puntuación mínima en el ejercicio.

Salvador Illa ha indicado que «estos últimos profesionales, que podrían ocupar su plaza en los próximos meses, una vez concluya el proceso administrativo de adjudicación, con carácter temporal, pueden ser contratados desde hoy por un periodo temporal de tres meses prorrogables por periodos de otros tres; su relación laboral temporal se extinguirá una vez les sea adjudicada su plaza».

Por otra parte, también se han adoptado medidas dirigidas a reforzar las plantillas de los centros de mayores con criterios excepcionales para la contratación o reincorporación de personal. «Ya hemos aprobado en total dos órdenes y un protocolo, lo que pone de manifiesto nuestra preocupación por el funcionamiento de los servicios sociales y, en particular los que atañen a un colectivo vulnerable como es el de mayores», ha recalcado el ministro.

Aumento de la capacidad de producción.

Respecto al material distribuido en total han sido 16.554.815 mascarillas, 16.373.100 guantes de nitrilo, 92.624 batas desechables e impermeables, 83.938 buzos, 135.191 gafas de protección, 142.200 soluciones hidroalcohólicas y 408.371 materiales como calzas, delantales, cubremangas, gorros, etc. En los próximos días está previsto que lleguen otras importantes partidas que también se distribuirán.

Además de las compras el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria ha trabajando en aumentar la capacidad de producción nacional para poder disponer de una reserva estratégica de productos clave, en tres líneas fundamentales: apoyar a los fabricantes españoles de los productos clave para aumentar su capacidad de producción; reorientar la actividad de sectores afines y aumentar el parque tecnológico desarrollando nuevas capacidades.

Así, en materia de equipos de protección se ha impulsado el aumento de producción de varios fabricantes nacionales que ya venían produciendo y la reorientación de otros fabricantes de sectores afines. Respecto a los equipos de respiración asistida se está trabajando junto con los dos fabricantes a nivel nacional para que multipliquen su capacidad de producción por cinco en un plazo muy breve. Además, hay equipos de ingeniería muy potentes que están trabajando en el desarrollo innovador de productos en Cataluña, y en Andalucía.

Investigaciones en marcha.

El Ministerio de Sanidad está desarrollando asimismo distintas líneas para favorecer y apoyar trabajos de investigación sobre el coronavirus, que permitan aplicar sus resultados a los pacientes lo más pronto posible. Así, a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, se trabaja a nivel nacional e internacional en la investigación de medicamentos, tanto nuevos como ya aprobados para otros usos, que pueden ser eficaces en distintas fases de la infección.

A día de hoy se han aprobado 13 ensayos clínicos y se están valorando 98 solicitudes. «Uno de los que se ha aprobado esta semana, promovido por el Ministerio de Sanidad, en concreto desde el Plan Nacional sobre el Sida, evaluará la eficacia para prevenir el contagio del coronavirus con medicamentos antirretrovirales que se emplean para el tratamiento del VIH». Además, España participa, con 40 hospitales y 9 CCAA, desde ayer día 1, en el estudio internacional Solidaridad promovido por la OMS.

Salvador Illa ha añadido que también «de forma conjunta con el Ministerio de Ciencia y a través del Instituto de Salud Carlos III, estamos trabajando en fomentar, coordinar y financiar de forma urgente la investigación de nuevas formas de tratamiento». En concreto durante la última semana se han financiado dos nuevos proyectos que buscan encontrar un tratamiento en fases precoces para evitar que los pacientes empeoren y requieran ventilación mecánica. «Además, es muy esperanzador el estudio para medir la eficacia y la seguridad de tratar a los pacientes con plasma obtenido de pacientes que han superado la enfermedad», ha puntualizado el ministro.

Ante la situación sanitaria generada por el COVID-19, la AEMPS está recibiendo consultas de diferentes entidades y particulares informando sobre proyectos de fabricación de respiradores/ventiladores, tanto de impresión 3D como adaptaciones o prototipos nuevos. Todas estas consultas se responden directamente asesorando sobre los requisitos mínimos que estos productos deben cumplir para asegurar la calidad, seguridad y eficacia requerida para ser autorizados y poder ser usados en los pacientes que lo requieran. Estos requisitos mínimos de seguridad están definidos en este documento y se compartieron con la fundación COTEC para que los distribuyera a todos los proyectos de este calado.

Los respiradores son equipos invasivos muy precisos y complejos, diseñados para su utilización en el soporte vital de un paciente que está en una situación crítica. Su diseño y funcionalidad debe garantizar, además de cumplir con su función original, que su utilización no comprometa el estado clínico o la seguridad de los pacientes, ni la seguridad y la salud de los usuarios. Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, para comercializar estos dispositivos en España, éstos tienen que estar provistos del marcado CE, distintivo que declara la conformidad del producto con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos en la legislación.

La crisis sanitaria de la COVID-19 está suponiendo un elevado y creciente número de pacientes que precisan soporte ventilatorio invasivo en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esta situación sin precedentes genera una necesidad de ventiladores mecánicos por encima de la disponibilidad habitual. La AEMPS ha recibido varias propuestas de desarrollos de prototipos de respiradores/ventiladores.

Para posibilitar su uso en condiciones de seguridad y así poder agilizar su disponibilidad en centros hospitalarios, la AEMPS ha elaborado un documento indicando la documentación técnica y pruebas mínimas que tienen que realizarse en estos productos antes de su utilización en pacientes. Debe de tenerse en cuenta que son prototipos y que, como tales, aún en condiciones de urgencia, solo es posible usarlos en el contexto de una investigación clínica que identifique su perfil de eficacia y seguridad.

Es importante recordar que, como todo equipo de electromedicina, los ventiladores mecánicos emiten radiación electromagnética que puede afectar al funcionamiento del resto de equipos del paciente, o incluso a los pacientes del entorno. Igualmente, debe verificarse que el funcionamiento del prototipo no se ve afectado por la emisión electromagnética del resto de equipos habituales en una UCI. Además, deben probar su funcionalidad y mantenimiento de esta en el tiempo. Un equipo sin estas garantías mínimas podría no resultar útil al paciente que se le aplica, e incluso peligroso para el paciente y los que le rodean. Por este motivo, solo se autorizarán las investigaciones clínicas de aquellos proyectos que aporten la documentación y tests mínimos que se les ha indicado.

En este momento, trabajamos con 6 proyectos en un estado bastante avanzado. Existen otros proyectos que están en fases más tempranas de su desarrollo. A todos ellos, la AEMPS les ha ofrecido apoyo y soporte técnico continuo con el fin de agilizar el desarrollo y conseguir prototipos seguros que puedan ser probados dentro de protocolos de investigación clínica en los centros hospitalarios.

El Gobierno andaluz ha logrado en su primer año de legislatura no solo cumplir con el objetivo de déficit marcado para el ejercicio 2019, sino que ha ido un paso más allá y ha conseguido cerrar sus primeras cuentas con un superávit de 32 millones de euros, según los datos publicados en la tarde de ayer por el Ministerio de Hacienda.

Andalucía ha pasado, en apenas un año, a revertir la situación heredada del anterior Ejecutivo regional, que incumplió los tres compromisos fiscales de estabilidad -déficit, deuda y gasto- y que dejó un déficit (diferencia entre ingresos y gastos) del 0,51% del PIB en el año 2018, es decir, el equivalente a 813 millones de euros. Por contra, y aunque la comunidad autónoma tenía un margen para alcanzar un déficit del 0,1%, ha conseguido un saldo presupuestario positivo de 32 millones, esto es, un superávit del 0,02% del PIB, con lo que mejora el objetivo marcado para 2019.

Como ha venido reivindicando la Junta de Andalucía en los últimos meses, el Ministerio de Hacienda le da la razón y reconoce que el impacto del denominado mes 13 del IVA, por el que Andalucía reclama al Gobierno central el pago de 534 millones de euros, no computa a efectos de valorar el cumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas.

De esta manera, Andalucía, que cerró 2018 en el vagón de cola por incumplimiento, se convierte en una de las cuatro comunidades que ha conseguido cerrar 2019 con superávit, junto a Canarias, Navarra y el País Vasco y se sitúa en el grupo de las seis comunidades cumplidoras, al que se incorporan Madrid y Galicia, que cerraron el ejercicio con un déficit del 0,12%. Las comunidades autónomas en su conjunto registraron un déficit de 4.267 millones de euros, equivalente al 0,34% del PIB.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha valorado este cumplimiento, con el que «hemos demostrado que somos un Gobierno creíble y que hace una gestión responsable del dinero público, que consideramos sagrado», al tiempo que ha destacado la imagen que se proyecta desde Andalucía como un territorio cumplidor y atractivo para la inversión y la generación de actividad y empleo. «Hoy tenemos unas finanzas saneadas, que se han conseguido a la vez que se han programado los presupuestos más sociales de nuestra historia, con incrementos en 2019 de 760 millones (un 7,7% más) en el presupuesto de sanidad, de 290 millones (un 3,7% más) en educación y universidades, y de 90 millones (un 7,5% más) en dependencia».

En este sentido, ha recordado que este cumplimiento es fruto de «una mejor gestión presupuestaria tanto de ingresos como de gastos». Así, en el capítulo de ingresos se ha incrementado la recaudación en concepto de impuestos y tasas un 3,5%, una cifra 550 millones superior a la del año anterior, y se ha aumentado el grado de ejecución del presupuesto de gastos, ejecutándose 1.462 millones de euros más que en 2018.

Cerrar 2019 con superávit «nos permite afrontar 2020 con mayor seguridad», sobre todo, en los momentos actuales, en los que el gasto sanitario y las medidas de recuperación económica para minimizar el impacto de la actual crisis del coronavirus sobre la economía centrarán la prioridad presupuestaria.

Bravo ha abundado en que las actuales circunstancias «nos obligarán a hacer una reestructuración por completo del Presupuesto» porque nuestro actual compromiso es «salvar vidas» en primer lugar, pero «sin olvidar el día después cuando pase la alerta sanitaria», pensando para ello en ayudar al mantenimiento de la actividad económica, especialmente de pymes y autonómos.

En este contexto ha enmarcado las medidas adoptadas por la Junta para movilizar liquidez y que ésta fluya hacia el tejido productivo, así como otras iniciativas fiscales tales como la prórroga en la presentación y pago de los impuestos autonómicos y medidas de carácter social para no dejar a nadie atrás en esta crisis. «Los andaluces tienen un Gobierno autonómico que cumple y que actúa con responsabilidad, transparencia y eficacia y que, a la vez que gestiona la crisis sanitaria, pone las bases para sentar las bases para la recuperación social y económica posterior», ha concluido el consejero.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, nuevas medidas extraordinarias para mejorar la situación de empresas y trabajadores por la crisis causada por el COVID-19.

En primer lugar, los autónomos y empresas podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%, interés siete veces inferior al que normalmente se establece. Para acceder a estos aplazamientos, debe tratarse de empresas o autónomos afectados desde y por la situación provocada por el COVID-19. Por ello las empresas y trabajadores que se beneficien de este tipo de aplazamientos no pueden tener otro aplazamiento en vigor anterior.

Se debe solicitar antes del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de abril, para evitar la facturación de la cuota. Además, para facilitar su tramitación, la empresa o el autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo sin necesidad de ningún tipo de apoderamiento específico para ello.

Moratoria a empresas y autónomos.

Por otro lado se ha dado luz verde a una moratoria a empresas y autónomos de hasta seis meses para el pago de las obligaciones con la Seguridad Social. De esta forma, podrán demorar su pago sin intereses ni recargos de las cotizaciones que deban efectuarse en los meses de mayo, junio y julio. Estas cuotas se deberán abonar seis meses después.

Los requisitos para poder solicitar esta moratoria se establecerán a través de una Orden Ministerial y se pondrán en marcha modos ágiles de comunicación de solicitudes y respuesta de la Administración. La moratoria no será de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por ERTEs por fuerza mayor a causa del coronavirus. Además las empresas y autónomos que pudieran no tener derecho a la moratoria también podrán solicitar el aplazamiento antes mencionado al 0,5% durante los periodos de pago de mayo y junio. El objetivo de estas medidas es dar liquidez a empresas y trabajadores autónomos ante las dificultades causadas por la crisis del COVID-19 y favorecer el despegue de la actividad una vez deje de estar en vigor el estado de alarma.

Por otra parte, para los trabajadores por cuenta propia que vieran su actividad suspendida con motivo de la entrada en vigor del decreto de alarma y se les reconociera el derecho al cese de actividad desde el mes de marzo, se han eliminado los recargos que pudieran corresponder por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho reconocimiento. Para cubrir el resto de los días de marzo, estos trabajadores pueden pedir la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada hace dos semanas, que incluye, además del pago de una prestación mínima de 661 euros al mes, la exención en el pago de las cotizaciones sociales.

Otras medidas.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la modificación de los requisitos de acceso a la prestación extraordinaria para trabajadores por cuenta propia para adaptarla a los profesionales del sector agrario y a los profesionales de la cultura.

En este sentido, los trabajadores agrarios utilizarán para acreditar la caída de la facturación del 75% la comparación con los mismos meses del año anterior y no el promedio del semestre anterior, como ocurre con el resto de trabajadores por cuenta propia. Con ello, se tendrán en cuenta periodos comparables para establecer la pérdida de facturación, ya que las campañas agrícolas tienen un componente marcadamente estacional.

En el caso de los profesionales de la cultura, la caída de ingresos se acreditará comparando los ingresos del mes con pérdidas con la media de los doce meses anteriores, ya que se ha tenido en cuenta que estos trabajadores tienen una distribución irregular de la actividad a lo largo del año.

Por otra parte, se han ampliado las gestiones que pueden realizar los autorizados en el Sistema RED. A partir de ahora, y con el objetivo de agilizar los trámites, los autorizados RED estarán habilitados para gestionar los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos.

También se extiende la protección por incapacidad temporal para casos de situación excepcional de confinamiento total como consecuencia del COVID-19. Esta protección se extenderá a todos los trabajadores que tengan obligación de prestar servicios esenciales en una localidad diferente a la de su domicilio y no puedan hacerlo porque se haya establecido el confinamiento de la población donde vive. Los efectos serán desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja. Además, tiene que haber sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, normalmente el ayuntamiento, no pueda realizar su trabajo de forma telemática y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde también a medidas adicionales para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que perciban subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave hasta el 14 de marzo de 2020. Se ha decretado que durante el estado de alarma, el subsidio no se verá afectado por los ERTEs (suspensivos o de reducción de jornada) asociados al Real Decreto 8/2020.

Finalmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitará la reincorporación a la vida profesional activa a los profesionales sanitarios retirados mediante la eliminación de las incompatibilidades existentes en el artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social. De esta forma, estos profesionales sanitarios tendrán derecho a seguir percibiendo el 100 por cien de la pensión de jubilación que tuvieran reconocida en cualquiera de sus modalidades, incluido en su caso el complemento a mínimos. Además, tendrán la misma protección por el trabajo desempeñado que tienen el resto de profesionales sanitarios en activo.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución a las comunidades autónomas de 300 millones de euros dentro del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del COVID-19.

El reparto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los criterios de porcentaje de población (80%) y número de casos (15%) e ingresos en UCI (5%) a fecha 24 de marzo. El objetivo es dar respuesta a las acciones más urgentes que cada CCAA tenga que abordar.

Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía son las tres que mayores importes recibirán con 52.791.886, 51.367.983 y 44.231.363 euros respectivamente. En la tabla adjunta se puede ver la distribución completa.

Además, como se recordará, se ha reforzado el equipo humano sanitario con un total de 52.393 profesionales que pueden contratar las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas entre médicos internos residentes, enfermeros, profesionales jubilados en los dos últimos años, médicos extracomunitarios y estudiantes de medicina y enfermería de último curso para tareas de apoyo.

En materia de protección sanitaria, se ha puesto a disposición de las autoridades de los diferentes territorios material de protección que cada CCAA se encarga de distribuir en función de las necesidades. En total se han entregado 10.671.779 mascarillas, 9.724.100 guantes de nitrilo, 65.538 batas desechables e impermeables, 84.027 buzos, 35.103 gafas de protección, 144.590 soluciones hidroalcohólicas y 328.900 materiales como calzas, delantales, cubremangas, gorros, etc. En los próximos días está previsto que lleguen otras importantes partidas que también se harán llegar.

La compra centralizada que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad está diseñada para cumplir tres objetivos: reforzar los procesos de compra de las CCAA, la distribución para cubrir necesidades acuciantes de la población y los profesionales y organizar la capacidad de producción a nivel nacional e internacional. No obstante, cada comunidad autónoma puede asimismo llevar a cabo las actuaciones de compra que considere oportuno.

El Real Decreto-Ley por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales, publicado en el Boletín Oficial del Estado la noche del 29 de marzo, ya está en vigor. Según se recoge en su anexo, esta norma no es aplicable a las personas trabajadoras de la agricultura, ganadería, acuicultura, pesca e industria alimentaria, así como a las actividades imprescindibles para asegurar su funcionamiento.

El objetivo de este Real Decreto-Ley es reforzar, con carácter temporal, las limitaciones del movimiento de las personas para contener el COVID-19, y garantizar que los sacrificios y esfuerzos de toda la población tengan una mayor repercusión en la lucha contra esta enfermedad.

En su anexo, este Real Decreto-Ley relaciona las personas trabajadoras a las que no resulta de aplicación el permiso retribuido recuperable. Relacionadas con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria, figuran las siguientes:

-actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas y alimentación animal, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

-actividades imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales.

-actividades que deban prestar los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquellas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello.

-actividades que presten servicios en materia de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos.

-las de los centros, servicios y establecimiento de atención sanitaria a animales.

Por otro lado, el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo para gestionar la situación ocasionada por el COVID-19, así como las sucesivas normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, establece que las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario.

La producción agrícola, ganadera y acuícola, así como la actividad pesquera, la transformación de productos agrarios y pesqueros, los centros o clínicas veterinarias, el transporte y la distribución de alimentos, así como su comercialización a través de la venta minorista al consumidor, forman la cadena de abastecimiento alimentario cuya actividad debe garantizarse en la situación de estado de alarma.

Esto implica que debe mantenerse no solo la actividad de las empresas agroalimentarias en su conjunto, incluidas las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y la actividad pesquera, sino también la de las empresas que, a su vez, les suministran los insumos y servicios necesarios para su funcionamiento y que resulten imprescindibles en este momento.