Las empresas de la provincia de Jaén ya pueden solicitar las nuevas ayudas de la Junta de Andalucía al desarrollo industrial y a la I+D+i empresarial. Así lo ha destacado hoy la delegada del Gobierno, Ana Cobo, que anima al tejido productivo jiennense a concurrir a estos incentivos, a que aprovechen la oportunidad que suponen para consolidar un sector industrial fuerte y competitivo. La delegada ha presentado esta convocatoria, junto con la gerente provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –entidad que gestiona estos dos programas–, Lucía Aguilar, que cuenta con un presupuesto global de 229 millones de euros hasta 2020 para Andalucía.

Cobo Carmona ha subrayado que la suma de esfuerzos “la implicación y colaboración de las empresas es fundamental para que estas ayudas alcancen el reto de incrementar la actividad industrial en la provincia e impulsar el conocimiento”. Según la delegada, La Junta apuesta por “situar a la industria en un lugar preferente, que se traduzca en más y mejores empresas, en más y mejores empleos”. La delegada ha insistido: “Jaén es una provincia de oportunidades, de mucho talento, y con esta nueva convocatoria de IDEA queremos afianzar nuestras muchas fortalezas”. Para la delegada, “estamos viviendo un momento único, un momento de cambio en el que la tecnología tiene que implantarse en todas las actividades, desde la más pequeña a la más grande, llegar a cada pueblo y a cada sector”. “Disponemos de los recursos, la Universidad de Jaén está formando en carreras técnicas, que tienen una altísima inserción laboral, a personal altamente cualificado, que es el que demandan las empresas”, ha insistido Cobo, para recalcar que “necesitamos un proyecto sólido a largo plazo, que no olvide a las personas, que anteponga a las personas, que logre un crecimiento sostenible”.

La delegada del Gobierno ha apuntado que estos nuevos incentivos, cuyo plazo de solicitud entró en vigor el pasado lunes, 17 de julio, cuentan con importantes novedades, como la ampliación de los tipos de beneficiarios, ya que además de pymes y autónomos, también se contempla a asociaciones de empresas y a grandes empresas. En concreto, las ayudas a grandes empresas, “de gran importancia para que se afiancen en la provincia”, se ofertarán con fondos propios de la Junta de Andalucía en una convocatoria específica. También se han simplificado los requisitos y la gestión, se ha ampliado la tipología de proyectos (incluyendo proyectos de spinoff industriales –empresas de base tecnológica surgidas de grupos de investigación–, servicios avanzados y de transformación digital) y se han primado aspectos como la igualdad de género.

En las ayudas dirigidas a promover la I+D+i, la principal novedad es la concurrencia competitiva, de tal forma que los incentivos se concederán a los proyectos que mejor se adapten a unos objetivos marcados en diferentes convocatorias específicas.

Por su parte, Lucía Aguilar ha descrito estas ayudas. Concretamente, los dos programas son: Incentivos para El desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo 2017-2020, dotados con 145 millones de euros; y subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial (I+D+i), con un montante de 84 millones.

El primer programa tiene el objetivo de favorecer el fortalecimiento de la industria, la creación y el crecimiento de empresas generadoras de empleo y el impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente y la incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial, la dinamización empresarial y la cooperación, y presenta importantes novedades.

Cuanta con 5 líneas de acción. La primera, “creación de actividad económica”, da cobertura a proyectos que supongan una nueva actividad de emprendedores (sociedades en constitución o de menos de dos años de trayectoria, con inversiones mínimas exigibles de 10.000 euros), pequeñas empresas (antigüedad de hasta 5 años y al menos 30.000 euros de presupuesto), medianas empresas con nuevo establecimiento (para iniciativas de más de 50.000 euros) y grandes empresas industriales con nuevo establecimiento, a las que se exigen inversiones mínimas de un millón de euros y la creación de más de 5 empleos indefinidos. Mientras la segunda línea, denominada “mejora de la competitividad de empresas”, incluye los proyectos de inversión para la mejora de la competitividad en pymes y en grandes empresas industriales. Respalda principalmente la dotación de bienes de equipo con un gasto inicial superior a 30.000 euros. En el caso de las grandes empresas, esta cifra se eleva también al millón de euros y se exige la creación de al menos 5 empleos indefinidos.

Hay una tercera línea específica para “proyectos altamente generadores de empleo”, que deberán generar al menos un empleo indefinido por cada 20.000 euros de inversión inicial, con un mínimo de 40.000 euros. A partir de los primeros 100.000 euros de inversión inicial, el proyecto tendrá que generar al menos un empleo indefinido por cada 100.000 euros adicionales.

Y se incluyen otras 2 líneas muy novedosas: la cuarta, para apoyar proyectos de incorporación de servicios avanzados, que incluye ámbitos como gestión empresarial, diagnósticos, planes estratégicos, diseño, certificación, calidad, medio ambiente o prevención de riesgos laborales (se incentivan proyectos con un mínimo de 6.000 euros de presupuesto en el caso de empresas y de 10.000 para los de asociaciones o fundaciones empresariales); y la quinta para fomentar la transformación digital de las pymes, con la que se apoyarán iniciativas para mejorar su productividad y competitividad con la incorporación de las TIC. Cubrirán hasta el 50% del coste, con un tope de 75.000 euros.

En este programa, el porcentaje de subvención puede superar el 70%, dependiendo del tamaño de la empresa y del régimen de ayudas aplicable en cada caso, partiendo de porcentajes mínimos de inversión que van desde el 15%, para determinados proyectos de las grandes industrias, hasta el 50% en los proyectos de transformación digital de las pymes. Estos porcentajes se pueden incrementar si, además, se cumple algunas características adicionales, como la generación neta de empleo indefinido; que se trate de un proyecto innovador; que contribuyan al desarrollo de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía); que pertenezcan a sectores de alta y media-alta tecnología; que sean proyectos de economía social; que sean proyectos de colectivos prioritarios (menores de 35 años y/o mujeres y/o parados de más de 45 años, que lleven más de 2 años sin trabajar y/o egresados o doctores retornados del extranjero cuya estancia formativa y/o laboral en el extranjero haya sido superior a 6 meses continuados); se ubiquen en espacios de innovación, o que se trate de spinoff industriales o tecnológicas.

Ayudas a la I+D+i.

El segundo programa, destinado a la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial, tiene como objetivo promover la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial. Además de la concurrencia competitiva, las novedades más destacadas de esta nueva orden son la simplificación de los criterios de valoración de los proyectos y de los procesos de justificación de las inversiones; la incorporación de nuevas tipologías de proyectos; el pago de las ayudas por hitos; la optimización de los regímenes de ayudas para poder conceder incentivos de hasta el 75% de la inversión subvencionable; y el desarrollo de nuevas fórmulas que permitan la complementariedad con otras fuentes de financiación públicas. También se incluyen por vez primera entre los destinatarios a agrupaciones empresariales con la participación de universidades, centros tecnológicos y otras entidades dedicadas a la investigación.

Este programa tiene 3 líneas diferentes: Apoyo a la I+D+i Empresarial (introduce una nueva tipología de proyectos incentivables vinculados a la innovación en procesos y organización); Fomento de la I+D+i Internacional (apoyo económico y asistencia técnica a las empresas que presentan proyectos a convocatorias de ámbito internacional), y Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular (para iniciativas conjuntas promovidas por agrupaciones y asociaciones de empresas, así como a otras en colaboración con centros públicos y privados de investigación que pueden ejercer un efecto tractor sobre el resto del tejido productivo).

Desde este pasado lunes se pueden solicitar los incentivos empresariales para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo 2017-2020, con la excepción de las destinadas a las grandes empresas, cuya convocatoria está sujeta a la dotación de recursos propios de la Junta de Andalucía. También se pueden solicitar ya las ayudas para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía, excepto las destinada a los proyectos colaborativos, previstas para el último el último trimestre de este año, y las de los proyectos de innovación en procesos u organización y a proyectos singulares y estratégicos, que se publicarán en el primer semestre de 2018.

La anterior orden de ayudas de IDEA, vigente en 2015 y 2016, ha impulsado en la provincia de Jaén la puesta en marcha de 40 nuevos proyectos empresariales, a los que la Junta ha incentivado con más de 6 millones de euros, que han supuesto una inversión privada de 24,7 millones de euros.

Desde que se activó el Plan de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas el pasado 1 de junio y hasta el 15 de julio, la sanidad pública andaluza ha atendido un total de 61 urgencias relacionadas con el calor y sus efectos en la provincia de Jaén, de las cuales 22 han sido por golpes de calor, mientras que 39 por patologías agravadas por las altas temperaturas.

Entre las 22 asistencias por golpes de calor, 20 se han producido en los servicios de atención primaria y 2 en las urgencias hospitalarias. En cuanto a las 39 atenciones a patologías relacionadas, 5 se han producido en atención primaria, 30 en hospitalaria y 4 por los servicios de emergencias. Por dispositivos asistenciales, desde atención primaria se han atendido 25 casos, 32 atenciones en los servicios de urgencias de hospitales y 4 asistencias han sido asumidas por los servicios de emergencias sanitarias.

Por otra parte, en Andalucía se han producido 3 fallecimientos por golpes de calor durante este periodo en el que se han contabilizado 48 alertas sanitarias debido a las altas temperaturas, de las cuales 11 han correspondido al nivel amarillo, 8 al naranja y 29 al rojo. En la provincia de Jaén no se ha producido ningún fallecimiento por golpe de calor durante un periodo en el que se han registrado 19 alertas sanitarias debido a las altas temperaturas, la provincia en la que más alertas sanitarias se han producido, de las que 1 alerta ha correspondido a nivel amarillo, otra a nivel naranja y 17 alertas sanitarias han sido por nivel rojo.

Hay que recordar que estos niveles de alerta son de carácter sanitario y dependen de las previsiones de superación de temperaturas umbrales establecidas para cada provincia, de modo que el sistema se sitúa en alerta amarilla si los umbrales máximos y mínimos se van a superar durante los 2 días siguientes; el nivel naranja cuando se van a sobrepasar en 3 ó 4 días; y el nivel rojo, si las altas temperaturas van a mantenerse para 5 días.

El Plan de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas incluye una línea de información sobre esta predicción de las temperaturas en cada provincia, según los valores aportados diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología. Esta información también se facilita a través de la App Salud Responde, pudiendo sus usuarios consultar las previsiones de temperaturas para cada una de las provincias andaluzas y recibir notificaciones mediante el servicio de mensajería de la App sobre cualquier cambio o activación en los niveles de alerta establecidos.

Seguimiento de pacientes vulnerables en Jaén.

Un total de 933 pacientes están en seguimiento telefónico en la provincia de Jaén por la Consejería de Salud, lo que supera la cifra registrada durante todo el verano de 2016, cuando se alcanzaron las 727 personas en seguimiento. Se trata de una de las medidas más importantes del Plan que activa la Junta desde 2004 para prevenir y minimizar las consecuencias que el calor y las altas temperaturas puedan tener sobre la salud de la población, y especialmente la más vulnerable. Concretamente, el seguimiento permite identificar las situaciones y problemas del paciente e interconectar a las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de familia y profesionales de Salud Responde, así como poner en marcha los mecanismos de control y actuación necesarios para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Son los profesionales de los centros de Atención Primaria los que hacen esta labor continua de identificación de pacientes con mayor riesgo o mayor vulnerabilidad ante el calor. Es el caso de mayores de 65 años y pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad (insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión arterial o diabetes mellitus) o que tomen un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor (psicotropos, antidepresivos, hipotensores y diuréticos). A ello se suma en muchos casos que estas personas no disponen de condiciones de habitabilidad adecuadas en sus viviendas para protegerse del calor.

Junto al seguimiento telefónico que se realiza a través de Salud Responde, también se intensifican las visitas domiciliarias para monitorizar los signos y síntomas relacionados con el calor, y proporcionar consejos para evitar y controlar los efectos del aumento de las temperaturas. Estas visitas y el seguimiento de telecontinuidad se realizan también a pacientes tras su alta en los centros hospitalarios.

Asimismo, desde la Consejería de Salud se establece la coordinación necesaria entre las diversas instituciones y organismos implicados (servicios sociales, centros sanitarios, residencias, organizaciones de voluntariado, 112, etc.) para que el Plan alcance a toda la población vulnerable en Andalucía.

Cuidados frente al calor.

La Consejería de Salud pone a disposición de la ciudadanía diversos canales de información donde poder realizar consultas y conocer recomendaciones para reducir los posibles riesgos que las altas temperaturas puedan ocasionar en la salud y acerca de otros aspectos o síntomas relacionados con el calor. Así, se ha habilitado, como cada verano, el apartado ‘Verano 2017: Cuidados frente al calor’ en la web de la Consejería de Salud’ un espacio en el que la ciudadanía puede encontrar información general de interés sobre cómo afrontar la subida de temperaturas e identificar situaciones de riesgo. También a través de la App Salud Responde, que ya se han descargado gratuitamente más de 1,6 millón de usuarios, se ofrece esta información sobre cuidados frente al calor. También a través del perfil de Twitter de la Consejería de Salud (@saludand) y de la página de Facebook (Saludand) se está intensificando esta campaña informativa.

Las recomendaciones básicas que la población debe tener en cuenta ante la llegada del verano y las altas temperaturas son evitar la exposición durante las horas más fuertes de sol, salir con protección (tanto con ropas ligeras y de color claro, y sombreros como con protección solar), ventilar las estancias, bajar las persianas y cerrar las puertas durante las horas de temperaturas más elevadas, mantener un buen nivel de hidratación bebiendo mucha agua, conservar adecuadamente los alimentos, moderar los ejercicios que exijan mucho esfuerzo físico en las horas centrales del día, etc.

El Ministerio de Fomento ha convocado hoy, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa «1,5% Cultural».

El artículo 68.1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero establecen que, en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se destinará una partida de, al menos el 1% de los fondos que sean de aportación estatal, a la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, o de fomento de la creatividad artística. Desde octubre de 2013 este porcentaje se ha incrementado, en lo que se refiere a fondos provenientes del Ministerio de Fomento, al 1,5% de estas aportaciones.

Para la actuación conjunta de los Ministerios de Fomento y Educación, Cultura y Deporte en esta materia se ha suscrito con fecha 7 de junio de 2017 el VII Acuerdo de Colaboración.

Los criterios para la selección y priorización de los proyectos que soliciten financiación con estos fondos son los establecidos en la Orden FOM/1932/2014 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las entidades del sector publico dependientes o vinculadas.

Esta convocatoria, realizada conforme a estas bases reguladoras, supondrá una aportación máxima por parte del Ministerio de Fomento de 50.520.823,21 €. El objeto de estas ayudas es intervenir, mediante cofinanciación con su titular, en la recuperación o enriquecimiento de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, de titularidad y uso públicos, o privada sin ánimo de lucro, pero cedidos al uso público. También podrán optar en cualquier caso los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria y deberán ajustarse a la documentación detallada en las bases reguladoras. Dichas solicitudes, de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2015 de 31 de octubre, deberán presentarse, como norma general, a través del registro electrónico de la Sede del Ministerio de Fomento: (https://sede.fomento.gob.es).

El PSOE denunció que hoy es “misión imposible” sacarse el carnet de conducir en la provincia de Jaén. El portavoz de Justicia e Interior del PSOE en el Parlamento andaluz, José Latorre, criticó que “tanto la huelga como la falta de personal” están afectando a la realización de exámenes y responsabilizó al Gobierno de España. “El Gobierno podía haberlo evitado y no lo ha hecho”, censuró.

Latorre hizo estas declaraciones tras participar en un encuentro del Grupo Parlamentario Socialista con la Asociación Provincial de Autoescuelas, a la que han presentado una Proposición no de Ley que el PSOE ha registrado en el Parlamento andaluz para exigir al Gobierno de España que palie la situación de déficit de examinadores.

“El PSOE ya ha presentado 2 iniciativas. Una en el Congreso y ahora otra en el Parlamento andaluz que se abordará en las próximas semanas. Pedimos al Gobierno del PP que deje de mirar a las musarañas, que se ponga a trabajar, que solucione los problemas laborales que tenga con los examinadores y que solvente de una vez por todas la falta de examinadores en la provincia de Jaén, en Andalucía y en España”, explicó.

En este sentido, Latorre desveló que la provincia de Jaén ha pasado de 21 examinadores en 2011 a 13 examinadores en la actualidad, por lo que se han perdido 8 examinadores con los Gobiernos del PP. “El permiso de conducir no es un capricho; sirve para muchos trabajos y hasta para poder opositar. Por tanto, es muy grave para las autoescuelas y para las personas que necesitan y quieren conseguir ese permiso”, apuntó.

Latorre indicó que “no se puede estar a la espera de que el Gobierno se decida a solucionar el problema, porque hay muchas familias afectadas” que necesitan respuestas y no el silencio y la inacción del PP.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Ángeles Pérez, reclamó que esta situación “acabe de una vez”, porque “está siendo la ruina para mucha gente que está perdiendo el trabajo de su vida”. Pérez se refirió a esos profesionales que “han intentando mantener sus negocios y que ven cómo se les mueren por la falta de previsión”. “Nosotros no estamos de huelga; estamos sin trabajo a la fuerza. Mis alumnos no quieren dar clase, porque no saben cuándo les van a examinar”, reprochó.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, califica de “indecente” que el Gobierno de España anuncie ahora un recurso de inconstitucionalidad contra la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de Andalucía.

“Es un nuevo ataque en toda regla contra Andalucía, contra los empleados públicos de esta comunidad y contra 19.000 trabajadores de la provincia de Jaén que podrían verse afectados por esta decisión del Gobierno del PP”, denuncia.
Reyes señala que la Junta de Andalucía ha demostrado en todo momento que “se puede hacer frente a la crisis sin recurrir a las privatizaciones ni a los despidos masivos”, por lo que “le ha enmendado la plana al Gobierno de Rajoy y ha dejado en evidencia sus políticas”.

“Andalucía está haciendo las cosas de otra manera, defendiendo a las clases medias y trabajadoras, protegiendo el empleo, conservando derechos y blindando las políticas sociales. Y esto es algo que no le gusta nada al PP, que prefiere recortar, privatizar, eliminar derechos, imponer copagos, reducir las becas, acabar con la universalidad de la sanidad o bajar el poder adquisitivo de las pensiones”, apunta.

En este contexto, el Gobierno de Susana Díaz dio luz verde en noviembre de 2016 a recuperar la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos, “con el convencimiento de que este tipo de medidas son necesarias para que la recuperación económica llegue de manera efectiva a las familias y no se quede sólo en las cuentas de resultados de las corporaciones financieras, entidades bancarias y grandes fortunas, que es lo que defiende el PP”.

El anuncio del Gobierno del PP de recurrir esta medida supone “la enésima agresión frontal contra Andalucía y contra 250.000 trabajadores públicos a los que Rajoy quiere privar de un derecho que les pertenece y sobre el que la comunidad autónoma tiene competencia y capacidad de decisión”. Además, las 35 horas semanales permiten una revitalización del empleo público, ya que este reparto del trabajo está propiciando la creación de nuevos contratos en la comunidad y por tanto la incorporación de desempleados al sector público.

“Es una vergüenza que el PP haya esperado 9 meses para anunciar este recurso, como si no tuviera claro que iba a hacerlo desde el principio. Y desde luego es una vergüenza la posición sumisa y títere de un PP andaluz que vuelve a traicionar a su comunidad autónoma y a sus trabajadores”, reprocha.

En este sentido, Reyes recuerda que el PP andaluz no votó en contra de esta medida en el Parlamento, lo que vuelve a demostrar que “buena parte de las cosas que hace y dice en Andalucía son de cara a la galería, un paripé para disimular, una auténtica pantomima para ocultar lo que verdaderamente piensan y defienden sus dirigentes”.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora y modernización del comercio ambulante, para la que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha destinado un total de 600.000 euros. Estas ayudas están dirigidas a los ayuntamientos andaluces cuyas ordenanzas reguladoras del comercio ambulante cuenten con el informe favorable del Consejo Andaluz de Comercio y estén publicadas en el BOP correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el BOJA y podrá utilizarse el modelo disponible en la página web de la Consejería.

Estas ayudas están recogidas en el Plan de Activación del Comercio Ambulante en Andalucía 2015-2017, en su línea estratégica de innovación y calidad del comercio ambulante

Con estas ayudas dirigidas a los ayuntamientos andaluces, la Junta de Andalucía pretende incidir en la profesionalización y la especialización de este sector, ya que el comercio ambulante constituye una actividad comercial muy importante, generadora de empleo y autoempleo, que lo constituyen actualmente cerca de 900 mercadillos en toda Andalucía, con un total de casi 42.000 puestos de venta.

Objetivos de la orden.

Entre los principales objetivos de esta orden de subvenciones destaca la promoción de la consolidación, mejora y modernización del comercio ambulante en Andalucía, mejorando espacios e infraestructuras municipales.

Dentro de esta orden de ayudas, los ayuntamientos beneficiarios de estas subvenciones podrán pedir ayudas destinadas al asfaltado, remodelación de accesos y obras de acondicionamiento de los espacios públicos donde se celebra el mercadillo, adquisición e instalación de marquesinas y pérgolas, habilitación o rehabilitación, en su caso, de zonas para aprovisionamiento, carga y descarga en zonas habilitadas para mercadillos, campañas de difusión y promoción del comercio ambulante o la puesta en marcha de herramientas de resolución de conflictos gestionados por el propio ayuntamiento, así como puntos de encuentro con la participación de las entidades representantes de las personas consumidoras.

Los beneficiarios podrán optar hasta un 100% del coste incentivable en todos los conceptos subvencionables, hasta el límite establecido en la Orden para cada acción incentivable.

Entre los criterios de valoración de los proyectos destacan su contribución a la dinamización de la estructura comercial y el apoyo a la actuación por parte de las asociaciones de comerciantes ambulantes de la zona.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha expuesto que desde Andalucía se llevarán a cabo “todos los esfuerzos que sean necesarios y más” para prevenir y, en su caso, atajar una hipotética presencia de la Xylella fastidiosa en la región. Con este compromiso ha abierto la reunión del Consejo Andaluz del Olivar, que se ha celebrado en Jaén en paralelo al Consejo Provincial del Aceite de Oliva, donde entre otras medidas ha anunciado que a partir de este lunes día 17 se activarán el teléfono de atención y consulta 955 059 898 y la cuenta de correo electrónico info.xylella@juntadeandalucia.es, además de comunicar que se van a reforzar tecnológicamente el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén y el centro del Ifapa Alameda del Obispo para potenciar las labores de detección e investigación. A la reunión han asistido además la delegada del Gobierno, Ana Cobo, y el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes.

Sánchez Haro ha subrayado que, una vez constatada la aparición de la Xylella fastidiosa en el territorio peninsular, ahora toca que “todos nos conjuremos y aportemos todo nuestro conocimiento para la protección de nuestro olivar”. El consejero ha destacado que “desde el minuto uno” se han extremado todas las precauciones y se han adoptado mayores medidas ante el brote detectado en Alicante, que ha sido localizado en una plantación de almendros y es de una variedad de la bacteria que hasta la fecha en Europa no ha tenido ninguna incidencia sobre el olivar.

El consejero, que ha recordado que ya en agosto de 2015 se aprobó la Estrategia Andaluza contra la Xylella fastidiosa, que integra un plan de acción para la prevención, vigilancia y erradicación y un programa de investigación, difusión y formación, ha puesto sobre la mesa la decisión, por parte del grupo científico asesor, de reforzar las tareas de control en explotaciones agrícolas y el medio natural en las zonas geográficas próximas al foco registrado en Alicante, es decir, el norte de las provincias de Jaén, Granada y Almería. Algo a lo que ha añadido la petición “expresa y por escrito” al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de una norma que unifique las indemnizaciones en todo el Estado y una previsión presupuestaria para las mismas. “Ambas cosas son imprescindibles para actuar con eficacia contra esta amenaza”, ha apostillado.

De igual modo, Rodrigo Sánchez ha informado en el Consejo Andaluz del Olivar de que, en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, definida en la reunión mantenida esta misma semana con altos mandos de este cuerpo en Andalucía, se va a mantener también un alto nivel de control en viveros, parques y jardines y puertos deportivos del litoral mediterráneo andaluz. Junto a ello, se establecerá un protocolo para los avisos de agricultores, cooperativas, organizaciones agrarias, técnicos… “Es primordial que todos mantengamos una permanente e intensa colaboración y alertemos con inmediatez de cualquier sospecha para garantizar así la detección precoz de la enfermedad”, un contexto en el que ha enmarcado la activación a partir del lunes del teléfono de atención y consulta y la cuenta de correo electrónico desde la que se atenderá cualquier demanda relacionada con la Xylella fastidiosa.

El titular del departamento de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha incidido asimismo en la importancia de las labores de detección e investigación, que se van a reforzar mejorando el equipamiento de algunos de los centros de la Consejería. Es el caso por ejemplo del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, en el que se va a instalar un equipo con técnica de PCR (análisis mediante técnicas moleculares) que permite mayor precisión y eficacia en las pruebas.

Sánchez Haro ha anunciado también la inminente puesta en marcha de un laboratorio de contención biológica del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), unas instalaciones que cuentan con aportación económica de la Consejería y que se localizarán en el centro del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) Alameda del Obispo (Córdoba). Esta iniciativa viene a ampliar la labor de investigación que el Ifapa desarrolla desde 2014 con el propio Instituto de Agricultura Sostenible y que ha incluido el estudio de zonas italianas afectadas para aprender de la experiencia de este país.

El consejero ha aseverado que, “lejos de partir de cero, acumulamos una importante trayectoria investigadora” a la que hay que sumar la “tranquilidad” de contar con el banco de germoplasma del olivo del propio centro del Ifapa Alameda del Obispo, “una de las mayores colecciones del mundo que nos permite analizar cuáles son las variedades con más tolerancia o resistencia tanto a la Xylella fastidiosa como a otros agentes patógenos”. Todo ello en el marco, ha especificado el consejero, del programa de mejora genética del olivo que promueve el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía.

La Junta de Andalucía destina, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, más de 3,3 millones de euros para la contratación de personas desempleadas que se encuentren en riesgo de exclusión social en la provincia de Jaén a través del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación que cuenta en Andalucía con un presupuesto global de 40 millones de euros para 2017. “Con esta iniciativa se va a dar prioridad a la contratación de unidades familiares con todos sus miembros en paro, a las personas solicitantes que sean víctimas de violencia de género, así como a las unidades familiares donde haya una persona con discapacidad o en situación de dependencia, y a las familias monoparentales con al menos un hijo a cargo”, ha destacado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega.

Según ha explicado Teresa Vega, el programa se gestiona a través de los ayuntamientos “en una clara apuesta por el municipalismo, porque los ayuntamientos son la administración más cercana a las personas. “Estos serán los encargados de realizar las contrataciones laborales entre las personas empadronadas en sus municipios que se encuentren en una situación de dificultad social”, ha subrayado la delegada territorial.

Asimismo, Vega ha remarcado que los 3,3 millones de euros que corresponden a la provincia de Jaén se distribuirán entre los 97 municipios, según el número de personas desempleadas que tienen, con el objetivo de realizar más de 3.200 contratos que beneficiarán a 8.000 personas. “Para ello, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo 21 de julio para solicitar este programa una vez que el pasado viernes se publicaba la nueva convocatoria en BOJA”, ha detallado.

Por último, la responsable provincial de Políticas Sociales ha apuntado que esta medida reitera el compromiso de la Junta de Andalucía para ayudar a los colectivos más vulnerables afectados por la crisis económica y demuestra que las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social son una prioridad para el Gobierno andaluz. “Apostamos por este plan desde el convencimiento que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias”, ha señalado.

Más de 8.700 contratos en tres años.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha impulsado la contratación de 8.700 personas en la provincia de Jaén a través del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación en los tres primeros años de su puesta en funcionamiento (Convocatorias 2013-15). En la actualidad, los ayuntamientos desarrollan la cuarta convocatoria, la de 2016. “El programa ha beneficiado, desde su puesta en marcha, a un total de 5.090 mujeres y 3.614 hombres en la provincia de Jaén, es decir, el 56 por ciento de las personas beneficiarias de la Ayuda a la Contratación son mujeres”, ha destacado Vega.

La Diputación de Jaén ha convocado una nueva línea de subvenciones destinada a la mejora de la profesionalización y competitividad de las empresas oleícolas de la provincia. La convocatoria está dotada con 260.000 euros y forma parte del Plan de Empleo de la Administración provincial que alcanza ya los 82 millones de euros desde su puesta en marcha. El diputado de Empleo, Manuel Hueso, señala que “podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas del sector que tengan establecido su domicilio social y fiscal, así como el centro de trabajo en un municipio de la provincia, siempre que en su objeto social o actividad económica se incluya alguna referente al sector productivo o conjuntamente el envasado y comercialización del aceite de oliva”. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

Las bases de la convocatoria establecen que los proyectos subvencionables consistirán en un plan de mejora de la competitividad empresarial que conlleve un incremento de la plantilla laboral, que podrá abarcar cualquier ámbito del proceso productivo dentro de la empresa oleícola. El diputado de Empleo recalca que con estas ayudas se pretende profesionalizar las empresas del sector “incentivando la contratación de personas tituladas universitarias o con formación profesional de grado medio o superior, así como aquellas que acrediten una experiencia acumulada y contrastada de al menos 5 años en el sector oleícola”. Además, los requisitos para la contratación incluyen que el contrato sea de al menos tres años de duración y que las personas contratadas sean demandantes de empleo inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo.

La cuantía de la subvención consistirá en el 30 por ciento del coste del salario bruto y la cuota patronal de la seguridad social correspondiente a los dos primeros años del contrato que se realice, estableciéndose un máximo por subvención por puesto de trabajo que va desde los 15.000 euros para las categorías profesionales del grupo de cotización número 1, en el que se encuadran Ingenieros y Licenciados, y personal de alta dirección; hasta los 1.000 euros para los peones del grupo de cotización número 10. El número máximo de contrataciones por empresa subvencionable será de 4, siendo la subvención máxima total por empresa de 59.990 euros.

El diputado de Empleo subraya que esta nueva convocatoria de subvenciones “es una acción decidida de la Diputación en favor de las empresas oleícolas de nuestra provincia para sean cada vez más competitivas”. En este sentido, Hueso apunta que “se tratan de empresas que representan un pilar fundamental como fomento de la actividad económica de nuestro territorio y son a su vez un componente básico del tejido empresarial, indispensable para la dinamización económica de nuestra sociedad, y de la importancia del sector oleícola de nuestra provincia como referente mundial en la producción de aceite”.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las dos nuevas órdenes de ayudas al alquiler de viviendas y la rehabilitación de edificios, dotadas con 29,5 millones de euros y destinadas a familias con ingresos limitados o en situación de especial vulnerabilidad. De ese montante, 15 millones son para cubrir las subvenciones de alquiler y los 14,5 millones restantes para fomentar la adecuación de inmuebles.

Los interesados en optar a estos incentivos, que se convocan en régimen de competencia competitiva, tendrán de plazo del 7 de julio hasta el próximo 6 de agosto para presentar las solicitudes, que se seleccionarán según la mayor valoración obtenida en función de los criterios fijados previamente.

El consejero Felipe López ha destacado que “la Junta pone a disposición de las familias andaluzas con menos ingresos recursos públicos por valor de casi 30 millones de euros para garantizar el derecho a una vivienda digna en condiciones asequibles”, asegurando que “se les facilita, por un lado, su acceso con un complemento que les permite hacer frente a una renta de alquiler, y por otro, “se les brinda ayuda económica para emprender obras que sin este apoyo de la Administración no podrían mejorar las condiciones de habitabilidad de sus inmuebles, favoreciendo aspectos tan esenciales como la accesibilidad y la eficiencia energética”.

Asimismo, López ha explicado que “desde la Consejería hemos venido trabajando para introducir mejoras que favorezcan la tramitación de las ayudas, simplificando el proceso para cumplimentar las solicitudes o la presentación de la documentación necesaria que acredite las condiciones para optar a las mismas”.

Las ayudas de alquiler, que podrían beneficiar en torno a 12.500 familias andaluzas, están dotadas con 15 millones de euros para subvencionar el 40% de la renta de arrendamiento de la vivienda para contratos no superiores a los 500 euros mensuales. No obstante, la ayuda podrá alcanzar hasta el 80% para aquellas personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social.

Los solicitantes tendrán que ser los titulares del contrato y no superar unos ingresos calculados en función de los miembros de la unidad familiar, fruto de la suma de los ingresos de todos, referidos al ejercicio 2015. Se tendrán en cuenta a todos los que compongan la unidad de convivencia del solicitante, entendiendo como tal el conjunto de personas que estén empadronadas en la vivienda, para la que se pide la ayuda en el momento de presentación de la solicitud y no se podrá disponer de la titularidad ni un derecho de uso sobre alguna otra vivienda.

Los interesados podrán presentar las solicitudes en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda de la provincia en la que se ubique la vivienda objeto del contrato de arrendamiento o en la entidad colaboradora seleccionada para la gestión de las ayudas y que se ubique en el lugar de la vivienda. También podrán presentarla en el Portal de Atención a la Ciudadanía o cualquier otro registro público.

14,5 millones para rehabilitación.

En lo que respecta a la rehabilitación de edificios, la orden publicada cuenta con una dotación de 14,5 millones de euros, unos recursos con los que se pretende prestar apoyo para ejecutar obras de conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad, así como la accesibilidad de las zonas comunes.

Estos incentivos podrán alcanzar a más de 400 edificios, compuestos por más de 6.500 viviendas de toda Andalucía, y establecen como beneficiarias las comunidades de propietarios de viviendas en las que, al menos, la mitad de los propietarios de las viviendas que componen el edificio tengan ingresos familiares ponderados no superiores a 3,50 veces el IPREM. La cuantía máxima de la subvención por edificio será el 35% del coste subvencionable de las actuaciones. No obstante, en el caso de actuaciones que incluyan ajustes razonables en materia de accesibilidad, y sólo en la partida correspondiente a la misma, se podrá alcanzar el 50% del coste.

Como actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad en los edificios se incluyen las obras para la mejora de la envolvente térmica del edificio, la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación, o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes; la instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables (energía solar, biomasa o geotermia), la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, la instalación de reductores de agua, así como el acondicionamiento de instalaciones para la separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de las edificaciones.

En cuanto a las actuaciones subvencionables en materia de accesibilidad, se incluyen la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, grúas o artefactos análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros similares, la colocación de avisos mediante señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores.

Los edificios objeto de las actuaciones, que deberán contar con el Informe de Evaluación del Edificio cumplimentado y suscrito por técnico competente, con fecha anterior a la solicitud de la ayuda, no podrán estar calificados urbanísticamente como fuera de ordenación o en situación de asimilación a fuera de ordenación, su construcción debe haberse finalizado antes de 1981 y tendrán que presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención, salvo que las adquiera como resultado de las actuaciones. Además, al menos un 70% de sus viviendas han de estar ocupadas y constituir el domicilio habitual de sus residentes.

Una vez obtenida la subvención, la comunidad de propietarios contará con un mes de plazo para solicitar la licencia de obras. El abono de la ayudas se realizará en dos pagos del 50%, uno al inicio tras la presentación de la licencia de las obras y otra al final, una vez entreguen el certificado final de obra. El periodo máximo para ejecutar las mejoras no podrá exceder de 16 meses, aunque dicho plazo podrá ampliarse excepcionalmente hasta 18 meses cuando se trate de obras que afecten a 40 o más viviendas.