Un total de 22.819 alumnos y alumnas de 94 centros docentes públicos de Jaén han participado durante el pasado curso 2017/18 en la actividades del programa educativo ALDEA (Educación Ambiental para la Comunidad Educativa), que tiene como objetivo promover en las aulas iniciativas para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible desde una perspectiva integral y con enfoques didácticos innovadores. El programa ha contado además con la implicación de 1.975 docentes, tal y como ha destacado la delegada territorial, Yolanda Caballero.

El renovado programa ALDEA, que desarrolla Educación con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se estructura en cuatro líneas de intervención que incluyen diversos proyectos y actuaciones: Educación Ambiental e investigación participativa; Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global; Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad y Educación Ambiental en los Espacios Naturales.

Dentro de la primera línea dedicada a la investigación participativa, se incluye el programa de la Red Andaluza de Ecoescuelas, que forma parte de una red internacional que se extiende por 59 países y en la que están implicados más de 46.000 centros de todo el mundo. En España hay actualmente 541 ecoescuelas, de las que casi el 64% están en Andalucía.

Una ecoescuela es un centro educativo que desarrolla un proceso de mejora ambiental, mediante la investigación a través de una auditoría y posterior corrección de las deficiencias detectadas, que supone asimismo un progreso en la práctica educativa. De las 346 ecoescuelas andaluzas, 52 están además galardonadas con la Bandera Verde que las reconoce como modelo de buenas prácticas ambientales.

Cambio climático, reciclaje y ecohuertos.

El segundo ámbito de trabajo, dedicado a la sostenibilidad y el cambio global, tiene como objetivo implicar a la ciudadanía en la defensa del entorno desde la educación. Dentro de este apartado se desarrollan los proyectos Terral, de educación ambiental frente al cambio climático; Recapacicla, de residuos y reciclaje, y Ecohuerto, sobre la utilización de huertos escolares ecológicos como recurso educativo.

En la línea de la Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad, que busca promover actitudes como la curiosidad, el respeto y la valoración del patrimonio natural, se llevan a cabo los proyectos Semilla, sobre los ecosistemas forestales y la flora silvestre; Pleamar, sobre el medio litoral, y Educaves, dedicado a la conservación de las aves y sus hábitats.

Por último, se aborda el conocimiento y búsqueda de soluciones a los problemas socio-ambientales de los espacios naturales a través de los proyectos Doñana, Sierra Nevada, La Naturaleza y tú y actuaciones de educación ambiental en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

El programa ALDEA se configura como una herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias clave del alumnado, el intercambio de experiencias educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otra metodologías que propicien, en definitiva, un cambio en las conductas ambientales con el entorno y que incida en la práctica educativa diaria.

Todo ello conlleva, el desarrollo en el Proyecto Educativo de Centro de prácticas escolares que fortalezcan la educación ambiental, el fomento de la participación de la comunidad educativa en la sostenibilidad ambiental y la creación de un contexto de apoyo a los contenidos curriculares, promoviendo entornos de aprendizaje más sostenibles.

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha presentado en Sevilla nuevas líneas de ayudas que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha para el apoyo e impulso a la economía social y el trabajo autónomo, con un montante total de 7.341.000 euros.

Gálvez ha explicado en rueda de prensa que estas nuevas líneas de ayudas, que se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), responden al compromiso del Gobierno andaluz “con un sector que representa el 8% del PIB andaluz y que ha demostrado ser generador de empleo estable y sostenible, además de contribuir a la cohesión territorial y la fijación de riqueza al territorio”.

Para la titular de Conocimiento, la economía social “es además una herramienta básica de innovación social, que es una forma de dar una nueva respuesta a los problemas y hacerlo de distintas maneras, y de generar riqueza y distribuir sus beneficios de una manera más igualitaria”.

En este sentido, ha señalado que las ayudas pretenden fomentar la economía social “impulsando su crecimiento, mejorando la competitividad, apoyando y acompañando a las entidades representativas, potenciando la innovación social como instrumento para generar sociedades más justas y sostenibles, además de tener en cuenta la perspectiva de género en todas sus actuaciones”.

En concreto, se han puesto en marcha incentivos en régimen de concurrencia competitiva por un total de 4.346.000 euros para la economía social y 2.995.000 para el sector del trabajo autónomo. Las primeras se desarrollan en el marco del programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social Andaluza y contemplan 5 líneas de apoyo.

Líneas de ayudas.

La línea 1, dotada con 1.348.000 euros, está destinada al fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales y persigue apoyar la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, así como la contratación de gerentes y personal técnico especializado.

La consejera ha destacado que se trata de una línea “de especial importancia social, pues es generadora de empleo directo y beneficiará a personas en colectivos de riesgo, además de buscar incentivar la presencia femenina en las empresas de economía social”.

La segunda línea, con 432.000 euros, contempla la difusión y promoción de la economía social, para dar visibilidad, promocionar, poner en valor la identidad y principios de un sector que se posiciona a la vanguardia de la innovación social.

La línea 3, de fomento del emprendimiento social, cuenta con un presupuesto de 546.000 euros para promocionar la creación de cooperativas de trabajo y sociedades laborales y el dimensionamiento de las empresas a través de fusiones y/o constitución de cooperativas de segundo grado, el relevo generacional en las entidades del sector y la recuperación de empresas con dificultades por sus propios trabajadores.

La línea 4, dotada con 546.000 euros, contempla la innovación y competitividad empresarial de la economía social, a través de la apertura de nuevas líneas de negocios a partir de la innovación, la integración, la intercooperación empresarial y la expansión de mercados, con clara incidencia en la creación y mantenimiento del empleo, valorándose especialmente aquellos proyectos con objetivos y/o diseño con perspectiva de género.

Finalmente, en el ámbito también de la economía social se destinan 1.520.000 euros a la línea 7, sobre el asociacionismo, para mejora de las organizaciones, prestación de servicios y defensa de los intereses de los asociados, a través de actuaciones como la construcción de las políticas a través de la interlocución y el diálogo social, el mantenimiento de las actividades del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo o la participación representativa de las organizaciones de la economía social de Andalucía en los organismos nacionales e internacionales.

Apoyo a los autónomos.

En relación a las ayudas al trabajo autónomo, se ponen también en marcha subvenciones de impulso del asociacionismo, en este caso en el marco de la Orden de 2016 que regula el Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

Con un presupuesto de 2.995.000 euros, Gálvez ha explicado que el objetivo es impulsar el asociacionismo en el trabajo autónomo, contribuyendo a la interlocución y defensa de los intereses profesionales y el diálogo social.

El secretario general de Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización, José Roales, ha señalado que estas ayudas al trabajo autónomo se suman a otros 13 millones de euros que se han puesto en marcha durante 2018 y a los que se añadirán otra por valor de unos 14 millones de euros previstas a partir de septiembre.

El plazo para solicitar las ayudas comenzará el lunes 6 de agosto y se prolongarán hasta el 31 de dicho mes, salvo en el caso de la línea 1 de economía social, cuyo plazo culmina el 30 de septiembre. Las solicitudes se realizarán de forma telemática a través de la dirección https://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/oficinavirtual/.

Un total de 980 pacientes de la provincia de Jaén están ya en seguimiento telefónico dentro del Plan de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas que activa cada año la Consejería de Salud para prevenir y minimizar las consecuencias que el calor y las altas temperaturas puedan tener sobre la salud de la población, y especialmente la más vulnerable. Concretamente, el seguimiento permite identificar las situaciones y problemas del paciente e interconectar a las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de familia y profesionales de Salud Responde, así como poner en marcha los mecanismos de control y actuación necesarios para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Son las enfermeras de los centros de Atención Primaria las que hacen esta labor continua de identificación de pacientes con mayor riesgo o mayor vulnerabilidad ante el calor. Es el caso de mayores de 65 años y pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad (insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión arterial o diabetes mellitus) o que tomen un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor (psicotropos, antidepresivos, hipotensores y diuréticos). A ello se suma en muchos casos que estas personas no disponen de condiciones de habitabilidad adecuadas en sus viviendas para protegerse del calor.

Junto al seguimiento telefónico que se realiza a través de Salud Responde, también se intensifican las visitas domiciliarias para monitorizar los signos y síntomas relacionados con el calor, y proporcionar consejos para evitar y controlar los efectos del aumento de las temperaturas. Estas visitas y el seguimiento de telecontinuidad se realizan también a pacientes tras su alta en los centros hospitalarios.

Asimismo, desde la Consejería de Salud se establece la coordinación necesaria entre las diversas instituciones y organismos implicados (servicios sociales, centros sanitarios, residencias, organizaciones de voluntariado, 112, etc.) para que el Plan alcance a toda la población vulnerable en Andalucía.

Cuidados frente al calor.

La Consejería de Salud pone a disposición de la ciudadanía diversos canales de información donde poder realizar consultas y conocer recomendaciones para reducir los posibles riesgos que las altas temperaturas puedan ocasionar en la salud y acerca de otros aspectos o síntomas relacionados con el calor. Así, se ha habilitado, como cada verano, el apartado ‘Verano 2018: Cuidados frente al calor’ en la web de la Consejería de Salud un espacio en el que la ciudadanía puede encontrar información general de interés sobre cómo afrontar la subida de temperaturas e identificar situaciones de riesgo. También a través de la App Salud Responde se ofrece esta información sobre cuidados frente al calor. También a través del perfil de Twitter de la Consejería de Salud (@saludand) y de la página de Facebook (Saludand) se está intensificando esta campaña informativa.

Las recomendaciones básicas que la población debe tener en cuenta ante la llegada del verano y las altas temperaturas son evitar la exposición durante las horas más fuertes de sol, salir con protección (tanto con ropas ligeras y de color claro, y sombreros como con protección solar), ventilar las estancias, bajar las persianas y cerrar las puertas durante las horas de temperaturas más elevadas, mantener un buen nivel de hidratación bebiendo mucha agua, conservar adecuadamente los alimentos, moderar los ejercicios que exijan mucho esfuerzo físico en las horas centrales del día, etc.

Asimismo, el Plan de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas incluye además una línea de información sobre la predicción de las temperaturas en cada provincia, según los valores aportados diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología, y estableciendo cuatro niveles de alerta sanitaria en función de los días consecutivos en que se superen las temperaturas umbrales máximas y mínimas. Esta información también se facilita a través de la App Salud Responde, pudiendo sus usuarios consultar las previsiones de temperaturas para cada una de las provincias andaluzas y recibir notificaciones mediante el servicio de mensajería de la App sobre cualquier cambio o activación en los niveles de alerta establecidos.

La Junta de Andalucía destinará 220 millones de euros hasta finales de 2019 a los nuevos planes de contratación de desempleados por los ayuntamientos. El titular de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha informado al Consejo de Gobierno de la próxima publicación en el BOJA de la orden reguladora de estas ayudas, que en la presente edición pasan a denominarse Iniciativas de cooperación local e incorporan como principales novedades un plan específico destinado a mayores de 45 años y acciones de orientación laboral, con subvenciones a las entidades locales para la contratación de personal técnico.

Los incentivos respaldarán la contratación, por un periodo mínimo de seis meses, de desempleados menores de entre 18 y 29 años (101,76 millones de gasto público); de entre 30 y 44 años (61,1 millones), y de 45 o más años (47,8 millones), por parte de los ayuntamientos para desarrollar proyectos de obras y servicios que reviertan en beneficios para la ciudadanía. Para desarrollar estos proyectos, los ayuntamientos contarán con ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato bajo la modalidad de obras y servicios, y dependiendo del grupo de cotización.

En el caso de los jóvenes menores de 30 años, además de encontrarse en situación de desempleo, será requisito figurar en el registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mientras que a los mayores de 45 años se les exige ser desempleado de larga duración (estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante no ocupado durante 180 días en los últimos nueve meses).

Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el municipio donde se desarrolle el proyecto, y dentro de este grupo se primará a los beneficiarios de la renta Mínima de Inserción Social; posteriormente a los desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses; o los desempleados de larga duración (inscritos como demandantes de empleo en el SAE durante 360 días en los últimos 18 meses, o 180 días en los últimos nueve meses si es mayor de 45 años o están inscritos en el régimen agrario especial).

La Junta también subvencionará a los ayuntamientos la contratación de técnicos de inserción que permitan reforzar con orientación laboral y tutorización la mejora del nivel de empleabilidad de los participantes en los proyectos, una iniciativa que contará con una financiación de 9,45 millones de euros. En concreto, la subvención cubrirá un salario bruto de entre 1.600 y 1700 euros mensuales de estos técnicos, que deberán ser contratados diez días antes de las incorporaciones a los proyectos de los desempleados, y mantenerse hasta veinte días después de la finalización.

Como requisitos para la contratación, los técnicos de inserción deberán contar con una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales, y tener seis meses de experiencia como orientadores laborales o formación en cursos de un mínimo de 50 horas en materia de orientación profesional para la inserción impartida por organismos oficiales o centros homologados.

Los ayuntamientos contarán con subvenciones para contratar a jornada completa a un técnico de inserción con un mínimo de diez desempleados participantes en los proyectos, y no podrá superarse una ratio de un técnico por cada cuarenta desempleados. En el caso de que los ayuntamientos no alcancen el mínimo de diez contrataciones a desempleados, podrán contratar a un técnico o dedicar personal propio a media jornada. En el caso de menos de cinco desempleados, se podrá contratar o disponer de personal propio para las tareas de orientación en un cómputo de veinte horas mensuales.

La Junta adelantará a los ayuntamientos el 75% del coste del proyecto, y el 25% restante se abonará a los seis meses desde que se notifique la concesión de la ayuda, mientras que las entidades locales tendrán que justificar los pagos tres meses después desde que finalice el proyecto. La distribución de los fondos se realizará teniendo en cuenta el nivel de desempleo y el nivel de población de cada localidad, y se incorpora como novedad en esta edición que se añadirá un 10% más para aquellos municipios que tengan las tasas de paro más elevadas.

Las iniciativas de cooperación local forman parte del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción laboral en Andalucía. En la última edición de los planes de empleo bajo la denominación de Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, se han alcanzado los 17.600 contratos a jóvenes menores de 30 años, dentro del Plan Emple@joven, y los 15.360 a mayores de 30 años desempleados dentro del programa Emple@30+.

Junto a estos planes de empleo, la Junta de Andalucía prevé aprobar otra orden regulatoria para poner en marcha Iniciativas de Cooperación Local destinadas específicamente para mayores de 55 años, iniciativa que está previsto que cuente con un presupuesto de 15 millones de euros.

La Comisión Provincial de Seguimiento del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) ha aprobado hoy los 161 proyectos presentados por los municipios de la provincia. Con esta medida, los ayuntamientos podrán comenzar en agosto las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), una vez que realicen su tramitación ante el Servicio Público de Empleo Estatal.Todos los proyectos aprobados hoy por la comisión provincial habían recibido previamente el visto bueno de los respectivos consejos comarcales en las reuniones celebradas durante los pasados días.

La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, presidenta de la comisión de seguimiento, ha defendido el sistema del AEPSA y ha valorado el alcance que las inversiones del PFEA tienen para los pueblos de la provincia, especialmente para aquellos de zonas más deprimidas. “Es un programa extremadamente necesario para la provincia”, ha dicho, ya que hace posible la puesta en marcha de proyectos “que modifican y transforman a los municipios” y, además, porque favorecen “el mantenimiento de la población y evitan la emigración y el despoblamiento”.

También la subdelegada ha anunciado que la comisión estudiará la posibilidad de crear un premio o reconocimiento especial para aquellos proyectos que sean de una singular importancia para el municipio y tenga mayor trascendencia para el vecindario o sean fuente de empleo en el futuro.

Como en años anteriores, la totalidad de los fondos del programa correspondientes a Jaén (19.822.885 euros, un 1,67% más que el año anterior) se destinará al capítulo de Garantía de Rentas, por tener una tramitación menos compleja para las corporaciones municipales.

A partir de hoy se inicia un proceso administrativo de cara al comienzo de las obras. Mañana mismo, el Servicio Público de Empleo estatal (SEPE) publicará una resolución dando cuenta del acuerdo e informará a cada ayuntamiento sobre los proyectos que le han sido aprobados esta misma mañana por la comisión provincial. Desde ese momento, los ayuntamientos podrán remitir a su vez la certificación del inicio de la obra y el SEPE pondrá a disposición del municipio el 50% del importe del proyecto, previa aprobación por los servicios de Intervención Territorial del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con ese calendario, los ayuntamientos estarían en disposición de contratar el personal y comenzar sus obras dentro del próximo mes de agosto. No obstante, buen número de municipios de la provincia aún continúan con algunos proyectos de 2017 en marcha, teniendo de plazo hasta el 30 de septiembre para llevarlos a término, plazo que habitualmente es cumplido.

Por lo general, la mayoría de los municipios suelen reunir todo el presupuesto que les corresponde a la realización de uno o dos únicos proyectos, siguiendo la recomendación de la comisión provincial de que los proyectos se presenten de forma global, siempre que las obras formen un conjunto de realización o mejora de infraestructura de competencia municipal. De esta forma, 70 ayuntamientos han presentado un único proyecto, aunque otros dedican los fondos a varias obras, como es el caso de Jódar que ejecutará11 proyectos, o Úbeda, a la que le han sido aprobadas 7 obras. Por su parte Villacarrillo tiene seis proyectos para llevar a cabo y Alcaudete y Jamilena 5 cada uno de ellos, igual número que la Diputación Provincial.

En cuanto al importe de las subvenciones del SEPE que recibe cada municipio, hay diferencias entre unos y otros. Así, mientras Hinojares contará con 29.343 euros y Aldeaquemada con 30.921, la subvención de Jódar asciende a 1.273.282 euros y a 822.710 euros la de Alcalá la Real.

A las cantidades que entrega el SEPE a cada localidad, correspondientes a la financiación de la mano de obra y las cotizaciones empresariales, hay que sumar las aportaciones de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial (hasta el 45% del importe subvencionado por el SEPE) para la adquisición de los materiales necesarios en la realización de las obras, que este año ascenderá a cerca de 9,7 millones de euros. El total, por tanto, que destinan las tres administraciones a las obras del PFEA en la provincia asciende a más de 30,1 millones de euros.

A la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento han asistido, junto a la subdelegada del Gobierno, representantes de la Junta de Andalucía, encabezados por la delegada del Gobierno, Ana Cobo; de la Administración del Estado, Diputación Provincial, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y organizaciones sindicales y empresariales.