Plantaciones pequeñas de olivar. Foto: Antonio Marín.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible aplica desde este martes, 15 de octubre, un período voluntario de seis meses para la exigencia obligatoria del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de productos agrarios y forestales en Andalucía. De esta forma, se facilita a los profesionales del sector su adaptación a la digitalización y el cumplimiento de la norma dirigida a reforzar la seguridad de los productos de la comunidad autónoma al incidir en el sistema de trazabilidad que ofrece información de los alimentos a lo largo de la cadena.

Con este régimen transitorio que ofrece el Gobierno regional, los andaluces dispondrán de un plazo mayor para adaptarse a un sistema de operación diferente al establecido hasta ahora y que contará con nuevas aplicaciones informáticas, que también deben poner en marcha a pleno rendimiento antes de la obligatoriedad real de la nueva medida comunitaria en la comunidad autónoma (15 de abril de 2020). En concreto, su aplicación responde a la exigencia legal impuesta por la Unión Europea a través de un reglamento comunitario y traspuesto a la legislación nacional y autonómica, siendo en este caso el Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) y el Documento de Acompañamiento al Transporte.

Las acciones formativas que está organizando la consejería desde mayo para informar a los productores andaluces sobre las novedades que conlleva la entrada en vigor de esta reglamentación continuarán durante los meses de implantación voluntaria en Andalucía. Hasta la fecha se han desarrollado un centenar de cursos en los que han participado más de 7.000 agricultores.

Finalidad e información del DAT.

El Documento de Acompañamiento al Transporte permite realizar un seguimiento completo a los alimentos al conocer su estado a lo largo de las diferentes fases de producción, transformación y distribución, fundamentales para localizar el origen de partidas concretas de productos y facilitar, de esta forma, una rápida reacción en caso de producirse alguna alerta. Además, proporciona al consumidor información sobre el proceso que atañe a los alimentos desde su producción hasta el mercado, y la opción del DAT digital ayuda a agilizar los trámites administrativos.

Por otro lado, el DAT permite a la administración mejorar los controles que realiza de forma continuada para garantizar la seguridad de los productos agroalimentos y la legítima procedencia de las mercancías. Por tanto, el documento contribuye a la lucha contra los robos en el campo y su posterior venta ilegal.

A partir del 15 de abril de 2020, este documento deberá acompañar a los productos sin transformar obtenidos de las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales en su traslado desde el origen hasta el lugar de almacenamiento o primer destino de comercialización. Entre la información que incluirá, se encuentra la identificación del suministrador y las principales características del producto. En concreto, ofrecerá datos sobre la calidad, la naturaleza, el origen, la composición, la finalidad, la denominación, la fecha de producción o caducidad e información del fabricante.

Destrozos causados por la DANA en un invernadero de Almería durante el temporal del pasado mes de septiembre. Foto: Junta de Andalucía.

Este incremento del presupuesto dirigido inicialmente para la línea de ayudas en 2019 permite aumentar la intensidad de las subvenciones para las líneas de frutas y hortalizas, cítricos y productores inscritos en el Registro de Titularidad Compartida. En concreto, los incentivos relativos al sector hortofrutícola ascienden al 80%, mientras que para los seguros de los cítricos se establece un 100% y para quien forma parte del citado registro, un incremento de la ayuda del 10%.

El Gobierno de Andalucía apoya la contratación del seguro agrario combinado con una ayuda suplementaria a la concedida por el Estado a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), puesto que lo considera un instrumento eficaz que permite salvaguardar las rentas de las explotaciones frente a las adversidades meteorológicas, enfermedades o accidentes. Estas circunstancias pueden llegar a producir daños con pérdidas económicas de grandes dimensiones para los productores, aumentar su endeudamiento e incluso el abandono de la actividad agrícola o ganadera, por lo que el Gobierno autonómico facilita su acceso a los andaluces en la medida de sus posibilidades.

Por provincias, los pagos se reparten entre 1.850 productores de Córdoba, que rozan los 1,9 millones de euros (29%); seguidos de 1.564 beneficiarios de Sevilla, con 1,5 millones de euros (23%); 1.385 agricultores y ganaderos de Almería, con 930.350 euros (14,3%); y 823 de Huelva cuyas ayudas ascienden a 915.280 euros (14%). Cádiz, por su parte, reúne 580 beneficiarios (485.200 euros); Granada, 658 productores (324.000 euros); Jaén, 459 agricultores y ganaderos (228.800 euros); y Málaga, 475 expedientes (226.800 euros).

Intensa actividad en un mercadillo ambulante. Foto: Junta de Andalucía.

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha publicado en el BOJA una nueva convocatoria de ayudas por importe de 2,56 millones de euros destinada a la consolidación, mejora y modernización del comercio ambulante en Andalucía.

La convocatoria, que estará abierta desde el día 7 al 18 de octubre de 2019, pretende fomentar la calidad del sector del comercio ambulante, mejorando los espacios e infraestructuras municipales e incidiendo en la profesionalización y especialización de esta actividad, que en toda Andalucía alcanza más de 40.000 puestos de venta repartidos en unos 900 mercadillos. Las subvenciones están dirigidas a los ayuntamientos andaluces, cuyas ordenanzas reguladoras del comercio ambulante cuentan con el informe favorable del Consejo Andaluz de Comercio y estén publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente.

Las solicitudes pueden realizarse a través de la web de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, adjuntando a la misma una o varias solicitudes relacionadas todas ellas con las actuaciones subvencionables, que hacen referencia a la adecuación de espacios e infraestructuras, así como a la dotación y mejora de instalaciones y servicios que tengan repercusión directa en la actividad y oferta comercial. El importe máximo de la subvención por intervención puede oscilar entre los 1.000 y los 30.000 euros, pudiendo optar cada ayuntamiento a una subvención total de hasta 53.500 euros.

De este modo, los consistorios podrán presentar solicitud de subvención para asfaltado, remodelación de acceso y obras de acondicionamiento de los espacios públicos donde se celebra el mercadillo, que incluye, entre otras, la ejecución de aseos fijos o desmontables, fuentes de agua, tomas de agua que faciliten la limpieza del recinto, balanzas de repeso, probadores, servicios de primeros auxilios o adaptación de accesos a las personas con discapacidad. El importe máximo subvencionable para estas actuaciones puede alcanzar los 30.000 euros.

Con un máximo de 12.000 euros subvencionables, los ayuntamientos pueden proponer la adquisición e instalación de marquesinas y pérgolas. Si se trata de habilitación o rehabilitación, en su caso, de zonas de aprovisionamiento, carga y descarga en zonas habilitadas para mercadillos, el importe máximo puede alcanzar los 9.000 euros.

También se contemplan en esta orden ayudas a campañas de difusión y promoción del comercio ambulante, con un tope subvencionable de 1.500 euros. Y con 1.000 euros como máximo de incentivo, se puede financiar la puesta en marcha de herramientas de resolución de conflictos gestionadas por el propio ayuntamiento, así como puntos de encuentro con la participación de las entidades representantes de las personas consumidoras.

Una vez resuelta la convocatoria de subvenciones, los consistorios tendrán un plazo de seis meses para el desarrollo de las actuaciones previstas, para lo que recibirán un anticipo del 75%. El 25% restante se otorgará tras la justificación económica de la subvención.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, con el grupo de expertos. Foto: Junta de Andalucía.

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública, junto a representantes de 22 sociedades científicas y de los consejos generales de médicos, farmacéuticos y enfermeros trabaja ya en la preparación de la Campaña de Vacunación de la Gripe 2019-2020 que dará comienzo el próximo 28 de octubre.

De cara a mejorar la cobertura (porcentaje de personas vacunadas) de los principales grupos de riesgo, como son mayores de 65 años, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y profesionales sanitarios, este grupo de expertos trabajará en la puesta en común de posibles acciones a realizar durante el transcurso de dicha campaña. «Estas acciones van encaminadas fundamentalmente a mejorar la imagen de esta vacunación y con ello las coberturas de la población», ha puntualizado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Las conclusiones obtenidas en este encuentro se trabajarán durante el periodo de un mes aproximadamente para unificar criterios y elaborar un Consenso sobre la vacunación antigripal y un Decálogo con las diez mejores acciones a poner en marcha. Este documento se dará a conocer el próximo 25 de octubre.