Inicio Andújar El Consejo de Gobierno da luz verde a dos anteproyectos de ley que amplían y refuerzan las medidas contra los desahucios.

El Consejo de Gobierno da luz verde a dos anteproyectos de ley que amplían y refuerzan las medidas contra los desahucios.

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Manuel Jiménez Barrios, durante su intervención.
Manuel Jiménez Barrios, durante su intervención.
El Gobierno andaluz ha dado luz verde a dos anteproyectos de ley que amplían y refuerzan las medidas contra los desahucios en la comunidad autónoma. Estas normas incorporan como principales novedades el ejercicio del derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por parte de la Junta; la creación de un tribunal específico de arbitraje para facilitar soluciones extrajudiciales, y el diseño de un sistema integral de información y asesoramiento a las personas perjudicadas.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha saludado que la «actividad política» del nuevo Gobierno andaluz comience con estas iniciativas que «están ancladas en la realidad social, desde la legalidad, pero también desde la vanguardia política». En este sentido, ha destacado que, con ellas, el Gobierno demuestra «su sensibilidad» al dar respuesta «a uno de los temas que más preocupan a muchas familias de Andalucía».

La primera de estas medidas se regula en el anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, cuya tramitación ha autorizado el Consejo de Gobierno. Las otras dos se incorporan al texto de la futura Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes de enero pero no llegó a tramitarse. En este caso, el Consejo ha aprobado el anteproyecto con el mismo contenido y las modificaciones citadas, así como su remisión al Consejo Consultivo de Andalucía como paso previo a su aprobación definitiva por el Ejecutivo y su posterior tramitación parlamentaria.

Las futuras leyes tendrán como objetivos principales acabar con los abusos en las operaciones financieras relacionadas con las hipotecas; garantizar la protección de las personas afectadas; facilitar la permanencia de las familias en sus viviendas, y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.

Ambos textos completarán el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andalucía, que se inició con la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por la Cámara autonómica y en vigor desde octubre de 2013. La norma se encuentra ahora parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso presentado por el Gobierno de España.

Esta producción legislativa, la más avanzada del conjunto de comunidades autónomas sobre la materia, permitirá hacer frente a un problema que sigue teniendo una gran incidencia en Andalucía. De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios de inmuebles en la comunidad aumentaron durante 2014 un 11,6% respecto al ejercicio anterior y alcanzaron la cifra total de 10.344. El 51,1% de los mismos derivó de ejecuciones hipotecarias. Los practicados en el primer trimestre de este año sumaron 2.857, lo que supone un repunte del 8,5% respecto al mismo periodo de 2014.

Medidas serias y abiertas al diálogo.

Jiménez Barrios ha querido dejar claro que la Junta es «muy consciente del drama que día a día viven muchas personas en la comunidad» y ha recordado que el Gobierno andaluz ya venía trabajando en este tema desde la pasada Legislatura. Así, ha destacado que el Ejecutivo andaluz «ya se distinguió por la aprobación de la Ley de la Función de la Vivienda, una norma de vanguardia que había despertado una enorme ilusión en Andalucía y que en el contexto nacional también era bien contemplada».

Por este motivo, ha compartido la opinión de mucha gente que «no entendió por qué Gobierno Central recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) unas normas tan ancladas en el deseo de la ciudadanía y que intentaban resolver sus problemas». En este sentido, ha anunciado que se va «a continuar perfeccionando esa ley para intentar solventar las actuaciones que se han planteado desde el punto de vista jurisdiccional», pero que el Ejecutivo autonómico «no queremos permanecer impasibles y dar respuesta inmediata» a los ciudadanos, por lo que ha dado «pasos importantes» con estas dos iniciativas.

Finalmente, el vicepresidente ha señalado que se trata de «medidas muy serias que están abiertas a la mejora, porque inician ahora la tramitación parlamentaria, ya que surgen de un Gobierno dialogante que atiende al mandato que los ciudadanos han dado con claridad y es que se inicia un tiempo de participación, de diálogo y de encuentro».

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