La última transferencia realizada supone el abono de los pagos hasta el mes de septiembre “lo que deja patente el compromiso cumplido por parte de la Junta de Andalucía, que evidencia alto y claro que la prioridad para la Administración autonómica es la población más vulnerable”, ha destacado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
En este sentido, ha recordado el “esfuerzo que viene realizando el Gobierno andaluz por mantener el sistema de atención a la Dependencia a pesar de la progresiva retirada del Gobierno central de la financiación de estos servicios”. Así, ha señalado que “Andalucía continúa siendo la primera comunidad autónoma en desarrollo de la Ley de Dependencia con un 22 por ciento del total de beneficiarios de todo el país y un 24 por ciento de las prestaciones”.
La aportación económica del Gobierno central a la atención a la dependencia se va reduciendo de manera progresiva año tras año. Por ejemplo, en 2011 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinó a Andalucía 357 millones de euros, en 2012 bajó hasta los 334 millones, en 2013 sólo alcanzó los 273 millones y para este año 2014 destinará únicamente 252 millones de euros.
Se estima que a finales de 2014, la Junta de Andalucía habrá financiado el 80% y el Estado el 20%. Esto supone que desde 2007 la comunidad haya destinado 8.000 millones a la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor. Además, el Gobierno central mantiene los recortes para el Sistema de Atención a la Dependencia en 2015. Incluyendo lo presupuestado para el año próximo, serán 400 millones de euros menos que Andalucía ha dejado de recibir desde que gobierna el PP en España, provocando la asfixia económica del sistema.
Ante la derogación encubierta de la Ley de Dependencia que viene aplicando el Gobierno central, la Junta de Andalucía viene reclamando un acuerdo nacional para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de Dependencia, en el que participen todos los grupos del Congreso de los Diputados y los agentes sociales.