
Las organizaciones convocantes también han exigido precios justos para las producciones agrarias, ligados a los costes de producción, y una mayor participación del sector primario en la cadena de valor agroalimentaria, para luchar contra los abusos de poder que cometen las grandes cadenas de distribución alimentaria, aprovechando su posición de dominio del mercado.
Igualmente, los agricultores y ganaderos han exigido una apuesta decisiva por la preferencia comunitaria, un férreo control de las importaciones, establecimiento de medidas de regulación de mercado, rediseño de los mecanismos de intervención y que los productos de terceros países se vean obligados a cumplir las mismas condiciones de producción y garantías sanitarias que los comunitarios, para evitar la competencia desleal.