La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, no se preocupa ni por asomo por los problemas del olivar. Ésta es la única conclusión que extrae COAG-Jaén tras haberle dirigido hace casi un mes una carta a la titular de Agricultura firmada por COAG, Asaja y Faeca en la que le pedía que mediara para que desde el Gobierno central se lleven a cabo las gestiones pertinentes en Bruselas con el fin de activar el sistema del almacenamiento privado. COAG asiste incrédula al pasotismo que está mostrando Aguilera ante una de las mayores crisis que está atravesando el olivar en décadas, mientras que “debería estar insistiendo día sí y día también al Ministerio de Agricultura para que se active el almacenamiento privado”, apunta el secretario de COAG-Jaén, Rafael Civantos. Sin embargo, lejos de estar trabajando por el olivar y por el campo, deja pasar tranquilamente los días mientras que muchos olivareros se están viendo obligados a dejar de cuidar sus olivares e incluso a tener que dejar su actividad.

Desde la Consejería de Agricultura se podría presionar para que se pusieran en marcha medidas como el almacenamiento privado o negociar con las cajas de ahorros para que existiera un sistema mediante la pignoración del producto con el fin de que los olivareros pudieran obtener préstamos a bajo interés y de esta forma obtener liquidez para poder seguir con su explotación. “Pero, ¿qué está haciendo la consejera? Nada, absolutamente nada. La consejera muestra una actitud totalmente ‘pasota’ con el olivar y con los problemas de los olivareros. ¿Para qué se encuentra entonces al frente de la Consejería?”, se pregunta Civantos.

COAG-Jaén estima que en esta campaña los olivareros jienenses podrían sufrir pérdidas de 323 millones de euros (el 50% de Andalucía), si se mantienen los precios que actualmente están percibiendo. Desde que empezó la campaña, el 1 de octubre de 2009 y hasta el momento actual, se han comercializado en Andalucía alrededor de 400.000 toneladas de aceite, a unos precios que han provocado pérdidas de más de 80 millones de euros en Andalucía. Esto se debe a que las almazaras se ven obligadas a vender, aunque sea a precios muy bajos, por la necesidad de liquidez que tienen los agricultores para hacer frente a los gastos de campaña.

Por eso, esta organización reclama que se ponga en marcha el mecanismo de almacenamiento privado. Una herramienta que ya se activó el año pasado, aunque muy tarde (en el mes de agosto, cuando la mayor parte de las operaciones comerciales ya se habían realizado). Con todo, sólo el anuncio de que se iba a aplicar el almacenamiento privado (la noticia se conoció a principios de mayo) sirvió para que el precio del aceite subiera, como se puede observar en la siguiente tabla, que recoge la evolución del precio del aceite de oliva durante el año pasado.

El almacenamiento privado es un mecanismo que aparece recogido en la OCM. El Reglamento 1234/2007 en su artículo 33 establece la posibilidad de articular ayudas para la realización de contratos de almacenamiento privado cuando el precio del aceite se sitúe por debajo de un nivel establecido (1.779 €/tn. para el virgen extra; 1.710 €/tn para el aceite virgen, y 1.524 €/tn. para el aceite lampante) o bien cuando existan graves perturbaciones del mercado, posibilitando así una contención de la oferta y la estabilización de dicho mercado. Esas “perturbaciones” se están produciendo en la actualidad, ya que los precios que reciben los productores se han desplomado, mientras el consumo y las exportaciones crecen, con una producción similar a la del año pasado y con un descenso de las importaciones.