El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya ha ordenado transferir a Andalucía con carácter urgente 62,24 millones de euros correspondientes a la anualidad 2020 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a los que se suman otros 17,1 millones adicionales del RD 11/2020 para los afectados por la crisis de la COVID-19. Gracias al adelanto, la Junta de Andalucía dispondrá de un total de 79,34 millones de euros para atender estas líneas de ayudas, lo que envía un “mensaje de seguridad por parte del Gobierno en un contexto de incertidumbre en materia de vivienda”, ha señalado la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, quien ha destacado que desde el inicio de la pandemia el Ejecutivo español ha trabajado para la aprobación de un paquete de medidas que brindan especial protección del derecho a la vivienda y “que protegen tanto al inquilino que quede en situación de vulnerabilidad, como al propietario para que pueda, igualmente, superar el impacto de esta crisis”.

“El objetivo de los fondos para es preservar la renta disponible de los hogares, sean arrendatarios o arrendadores, dar seguridad a los ciudadanos y dar agilidad a la concesión de las ayudas”, añade. Además de flexibilizar la gestión del Plan de Vivienda el Gobierno ha agilizado los trámites, ha adelantado las transferencias a las Comunidades Autónomas ha creado un nuevo programa de ayudas a las víctimas de violencia de género; y ha articulado medidas para aumentar el parque público de viviendas.

Con el adelanto de estas cantidades, el Ministerio pretende dotar a Andalucía de los fondos necesarios para atender la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos y la modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento. Asimismo, permite activar una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica, como consecuencia de la expansión del COVID-19.

En el marco del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio tiene previsto transferir a las Comunidades Autónomas en el presente ejercicio 2020 un total de 346 millones de euros, importe recogido en los convenios de colaboración suscritos con cada una de ellas en el año 2018. De este importe, la Junta de Andalucía ha recibido 62,24 millones de euros, que podrá destinar a los programas de ayuda que estime oportuno en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y en virtud al Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo –por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19–, siempre teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con anterioridad a la crisis sanitaria.

También a través de este Real Decreto-Ley se regularon otros 100 millones de euros adicionales a repartir entre las Comunidades Autónomas para atender, entre otras cuestiones, la problemática de aquellos arrendatarios que, como consecuencia del impacto social y económico del COVID-19, tengan problemas para atender el pago del alquiler de su vivienda habitual. De estos 100 millones, Andalucía recibe otros 17,1 millones de euros.

Hay que recordar las medidas en materia de vivienda que se han puesto en marcha para ayudar a aquellas personas que van a incurrir, durante esta situación provocada por la pandemia, en situación de vulnerabilidad, como son:

• La suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos que afecten a arrendamientos.
• La moratoria de la deuda hipotecaria cuando se cumplen los requisitos necesarios, que opera automáticamente cuando la solicita el deudor.
• La prórroga de 6 meses en los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo.
• Una nueva línea de avales con garantía del Estado, de hasta 1.200 millones, que permitirá cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler.
• Cuando el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor, la reducción del 50% de la renta, o moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler.
• Un nuevo programa en el Plan Estatal de Vivienda para tener en cuenta a los afectados por esta crisis, que se incrementará en 100 millones.