La subdelegación, ha matizado Lillo, “no prohíbe concentración alguna”, sino que cumple lo que marca la ley y garantiza que las concentraciones que se convoquen sean comunicadas a la Subdelegación con diez días de antelación y que las condiciones de su desarrollo no interfieran en los derechos de otros ciudadanos. Este subdelegado, ha asegurado, “ni niega ni prohíbe concentraciones”, el funcionario correspondiente tramita que la petición está fuera de plazo y la deniega, “como no puede ser de otra forma”.
Así ha tachado de “falsa” la afirmación del alcalde sobre que comunicó la convocatoria de concentración en el último día de plazo, pero que le dio error el fax de Subdelegación. Se le ha pedido ese documento y no se ha entregado. La petición a la Subdelegación, que a la postre se presentó sin firma de su alcalde, está fechada el 16 de noviembre a las 14.06 horas, por tanto, fuera de plazo.
Tras comunicar al Ayuntamiento de Arjona que la petición estaba fuera de plazo, se recibe del Consistorio, ahora sí firmado por su alcalde, un escrito de “difícil comprensión” solicitando concentración para el día 25 de noviembre, pero que comenzará el día 30. “Esta es la atención que este alcalde pone a las cuestiones de su municipio”, ha lamentado Lillo.
“Un alcalde precavido y de sobrada inteligencia como la de este alcalde” debe conocer los plazos legales y ajustarse a ellos. Más aún, ha agregado, en una celebración como la del Día Internacional Contra la Violencia de Género que, de forma invariable, se sucede cada 25 de noviembre.
Los vecinos de Arjona tienen todo su derecho a manifestarse el próximo día 25 de noviembre, asegura, de hecho hay notificadas en tiempo y forma a la Subdelegación un total de 22 manifestaciones en distintas poblaciones, una de ellas en Arjona solicitada por un colectivo particular. Lo que Latorre debería explicar a sus vecinos es que “este alcalde no ha sabido cumplir con su obligación y no ha estado atento a los plazos establecidos por ley para convocar una concentración”. “Si hubiera cumplido con su obligación, podría haber convocado sin problema alguno esta concentración”, le ha reclamado.
Lillo ha negado, frente a las acusaciones del alcalde, que se haya otorgado “en ningún caso” permisos con menos de diez días desde su petición. Gracias a que la Subdelegación cumple la Ley, ha subrayado, “la paz social impera y esta es una provincia tranquila”. Y le ha recordado que las puertas de la Subdelegación “llevan cuatro años abiertas a todos los regidores, sin esperas de ningún tipo”, y ha cifrado en un total de 312 las visitas mantenidas con alcaldes de la provincia “de todos los colores políticos”.