FACUA-Consumidores en Acción considera escandalosa la medida adoptada por el Gobierno de retirar del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva con el objetivo de evitar que los precios sigan cayendo ante el exceso de cosecha. Esta medida vuelve a poner de manifiesto que las políticas del ministerio de Agricultura priorizan la protección de los intereses económicos de productores y empresarios en detrimento de la defensa de los consumidores.

La asociación recuerda que el ministerio que lidera Luis Planas permaneció impasible cuando el precio de algunas marcas de virgen extra alcanzó los 15 euros por litro en los puntos de venta durante 2023, en plena escalada de los precios de los alimentos, pese a sus constantes peticiones para topar precios.

Dicha medida estaría amparada por el artículo 13 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista: «el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa«. Esta capacidad que está prevista en varios supuestos, entre ellos «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas» y «excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva«.

FACUA lleva años reclamando una regulación de los precios.

FACUA lleva años reclamando al Gobierno que adopte medidas de regulación y control de los precios de los productos básicos para evitar que las prácticas especulativas y los desequilibrios de la cadena alimentaria sigan deteriorando las economías domésticas.

Además de la petición de topar precios, la asociación ha denunciado durante la presente legislatura subidas de márgenes paralelas en el aceite de oliva, pactos de no agresión entre las distintas cadenas de distribución en determinados alimentos básicos o el maquillaje fiscal aplicado en el sector de la alimentación aprobando únicamente bajadas en el IVA de estos productos. El ministerio de Agricultura ha hecho caso omiso a todas estas denuncias y reivindicaciones presentadas por FACUA desde 2022 hasta la actualidad.

«El Gobierno no hizo absolutamente nada para frenar las subidas de precios en el aceite de oliva cuando se produjeron de manera especulatoria. No hizo nada para evitar que las grandes cadenas de distribución y las grandes empresas del sector disparasen sus márgenes de beneficio a lo bestia», señala Rubén Sánchez.

Intervención para proteger a los empresarios.

Ahora, el Gobierno ha decretado la retirada temporal de 188.000 toneladas de aceite de oliva, el 12% de la producción, para evitar que los precios sigan bajando. El aceite permanecerá retirado del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.

FACUA considera que esta medida que solo sirve para beneficiar y proteger a los empresarios puede traer consigo un aumento del precio del aceite de oliva en los puntos de venta, perjudicando a los consumidores y dificultando que las bajadas de las cotizaciones en origen se trasladen de forma efectiva a los productos expuestos en los lineales de los supermercados.

La asociación recuerda que los consumidores no deben convertirse en los principales perjudicados de las políticas destinadas a garantizar la rentabilidad de los distintos eslabones de la cadena alimentaria.

«Solo se ha intervenido de manera manera contundente para evitar que los precios bajen. Así no actúa un Gobierno progresista que debería de estar preocupado por defender los intereses de la ciudadanía frente a los abusos del mercado», explica Sánchez.

FACUA vuelve a reclamar al Gobierno medidas efectivas para garantizar el acceso de los consumidores a los alimentos básicos a precios justos y razonables. Por ello, le pide a Luis Planas que deje de mirar hacia otro lado cuando los precios se disparan e impulse iniciativas que garanticen una cesta de la compra asequible para el conjunto de la población.