La Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha recordado, con motivo del Día Mundial de la Reparación, que se celebra este 17 de octubre, los derechos de las personas consumidoras cuando un producto presenta defectos o no se ajusta a lo acordado durante el periodo de cobertura de la garantía legal. De hecho, asegura, cuando un producto no es conforme con el contrato, la persona consumidora puede elegir entre su reparación o su sustitución, salvo que alguna de estas opciones resulte imposible o desproporcionada.

La reparación debe ser gratuita cuando el defecto está cubierto por la garantía legal. Esto significa que la persona consumidora no tiene que asumir ningún gasto necesario para solucionar el problema, incluidos los de envío, transporte, mano de obra y materiales. Además, la reparación debe realizarse en un plazo razonable y sin ocasionar mayores inconvenientes.

Esta obligación también se aplica a los productos que se hayan instalado antes de que aparezca el defecto. Si es necesario retirarlos para repararlos, la empresa responsable deberá hacerse cargo tanto de la retirada como de su posterior instalación, cuando corresponda, sin coste para la persona consumidora.

Para ejercer estos derechos, conviene conservar el tique o la factura de compra y, cuando corresponda, el albarán de entrega. Estos documentos permiten acreditar cuándo se adquirió o recibió el producto y facilitan la tramitación de una reparación en garantía.

También es importante pedir un justificante al entregar el producto para su reparación. Este documento debe recoger la fecha de entrega a la empresa y describir la falta de conformidad o el defecto detectado.

Una vez reparado el producto, la empresa deberá facilitar un segundo justificante que indique la fecha en que se devuelve y la medida correctora que se ha llevado a cabo.

En cuanto a la duración de la garantía legal, los productos nuevos cuentan, con carácter general, con una cobertura de tres años. En los productos de segunda mano, la empresa y la persona consumidora pueden acordar un plazo distinto, aunque nunca inferior a un año. A esta garantía obligatoria puede sumarse la garantía comercial, que algunos fabricantes o vendedores ofrecen voluntariamente. Además, mientras el producto permanece en reparación, se suspende el cómputo de los plazos anteriores.

Si, después de la reparación, el mismo problema vuelve a aparecer durante el año siguiente a la entrega del producto, se presume que se trata del mismo defecto que ya presentaba antes de ser reparado. Por otro lado, los fabricantes deben garantizar la disponibilidad de un servicio técnico adecuado y de repuestos durante un plazo mínimo de diez años desde que el producto deja de fabricarse.

Reparar los productos permite alargar su vida útil, reducir los residuos y favorecer un consumo más sostenible. Por ello, conocer los derechos relacionados con las reparaciones en garantía ayuda a las personas consumidoras a tomar decisiones informadas y a hacer un uso adecuado de la protección que les ofrece la normativa.

Consumo Responde.

Para resolver dudas o realizar consultas sobre consumo, la ciudadanía puede recurrir a Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. El servicio dispone de varios canales de atención. Se puede contactar a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80 o del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es. Ambos canales están disponibles de lunes a viernes en horario de atención de 8.00 a 20.00 horas y de 8.00 a 15.00 horas los sábados, salvo festivos). También se puede obtener información a través de la página web http://www.consumoresponde.es, y de los perfiles de Consumo Responde en redes sociales: X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

La ciudadanía también puede recibir asesoramiento en los servicios provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo, presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.