La Agrupación de Periodistas de UGT expresa su rotundo rechazo a la elaboración, por parte de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, de un documento que clasifica a profesionales de la información según su supuesta ideología o su posición respecto al Gobierno. La existencia del listado ha sido reconocida por el propio Ministerio, que lo presenta como un documento interno de trabajo y niega que se dispense un trato diferente a los medios y periodistas.

Que un documento sea interno no convierte su contenido en aceptable. Una oficina de comunicación debe facilitar información, responder preguntas y garantizar un trato profesional e igualitario. Clasificar a quienes informan según su afinidad o sus críticas al Gobierno introduce un criterio ajeno a esas funciones y una sospecha sobre cómo se relaciona la Administración con la prensa.

Desde UGT lo hemos defendido en el manifiesto conjunto presentado por las organizaciones periodísticas y sindicales: la libertad de información no es una concesión de los gobiernos, de los partidos ni de quienes ocupan temporalmente posiciones de poder. Es un derecho de toda la ciudadanía. Ese principio obliga a todos, también al Ministerio del Interior.

La obligación de Interior es proteger a quienes informan.

Resulta especialmente grave que esta clasificación proceda del departamento al que reclamamos garantías para que periodistas, profesionales de la información gráfica, cámaras y equipos técnicos puedan trabajar con seguridad.

El Ministerio del Interior debe proteger el ejercicio profesional frente a las amenazas, las coacciones y las agresiones. Elaborar perfiles ideológicos de quienes fiscalizan su actuación contradice la confianza que debe presidir esa relación y puede generar un efecto intimidatorio sobre el trabajo periodístico.

Conocer las informaciones publicadas sobre un ministerio forma parte de la actividad habitual de un gabinete de prensa. Catalogar políticamente a sus autores supone una práctica distinta que exige explicaciones. Los y las periodistas deben poder preguntar, investigar y publicar sin temer que una etiqueta ideológica condicione la respuesta institucional.

Transparencia, garantías y depuración de responsabilidades.

La Agrupación de Periodistas de UGT exige al Ministerio del Interior una explicación completa sobre el origen, la finalidad y la utilización del documento. Es necesario conocer quién encargó su elaboración, qué criterios se emplearon, quién tuvo acceso a él, a quién se distribuyó y si continúa utilizándose o existen otros documentos similares.

Reclamamos el cese de cualquier práctica de clasificación ideológica de periodistas y garantías verificables de que las personas incluidas no han sufrido restricciones de acceso a la información, exclusiones de convocatorias, dificultades de acreditación ni ningún otro trato discriminatorio.

Estas garantías deben apoyarse en una investigación interna que preserve la documentación necesaria para esclarecer los hechos, determine los usos del listado y permita depurar las responsabilidades que correspondan. La transparencia debe ejercerse respetando los derechos de las personas afectadas y evitando amplificar su exposición.

No basta con asegurar que no existía una finalidad indebida: hay que explicar por qué se elaboró una clasificación que nunca debió formar parte de la relación de una Administración con los medios.

La defensa de la profesión no admite excepciones partidistas.

Nuestra posición es la misma ante cualquier gobierno, partido o institución. Rechazamos el señalamiento de periodistas con independencia de quién lo promueva y de la cabecera, empresa, sindicato, asociación o ideología de la persona afectada.

El periodismo no debe acreditar afinidad con ningún poder para recibir información pública ni soportar un trato desfavorable por ejercer la crítica. La obligación de las instituciones es rendir cuentas ante la ciudadanía, también a través de preguntas que resulten incómodas.

Mantener la unidad frente a todos los señalamientos.

Esta denuncia refuerza las exigencias del manifiesto conjunto presentado ayer: protección efectiva durante las coberturas, investigación diligente de las agresiones, fin de la estigmatización y respaldo a los equipos informativos. La controversia sobre el listado no debe relegar las amenazas y la violencia que sufren compañeros y compañeras mientras trabajan.

Como hemos defendido desde UGT, no hay libertad de prensa sin condiciones laborales dignas, seguridad y respaldo profesional. Tampoco puede haber una relación democrática con los medios cuando una institución clasifica a quienes informan por sus supuestas lealtades políticas.

Informar no es un delito. Preguntar no es una deslealtad. Fiscalizar al Gobierno forma parte del trabajo periodístico, y ningún ministerio debe convertirlo en motivo de sospecha.