El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha dirigido una solicitud de información al Ministerio de Justicia para que se entreguen los datos desglosados de los agresores sexuales que se hayan visto beneficiados en Andalucía por la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre, conocida como la ley del ‘sí es sí’.

En su escrito, el consejero argumenta la necesidad de disponer de estos datos para «poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía». «Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas», explica Gavira al titular de Justicia, Félix Bolaños.

En concreto, Gavira solicita al ministro de Justicia que especifique el número de personas condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual; y el número de delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía.

Además, el consejero ha preguntado a Bolaños los efectos de la aplicación de la ley del ‘sí es sí’: «¿Cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia contra la mujer, que se encuentran cumpliendo condena en centros penitenciarios ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han visto revisada y reducida su condena como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, desde su entrada en vigor hasta la fecha actual?».

En este sentido, el consejero ha requerido que «se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada».

El consejero concluye su escrito insistiendo en que se trata de una solicitud cuya finalidad es «exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos, y pretende proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las UVICG de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres».