FACUA Andalucía lamenta que la Junta de Andalucía vuelva a dejar fuera a la banca de su Plan Anual de Inspección de Consumo 2025. Dicho plan incluye la realización de 19 campañas y alrededor de 9.000 controles en los sectores de alimentación, productos industriales y servicios.

Este 2025 será el tercer año consecutivo que la administración andaluza deje sin inspeccionar un sector que, cuando ha sido objeto de análisis, ha presentado un porcentaje muy elevado de irregularidades e incumplimientos. En 2022, último año en el que la Dirección General de Consumo incluyó a la banca en su Plan Anual de Inspección de Consumo, se formularon cinco procedimientos sancionadores con multas por valor de casi cuatro millones de euros. En 2020 y 2021 tampoco se llevaron a cabo inspecciones en este sector pese a que en 2019 se habían detectado numerosas irregularidades que supusieron multas de decenas de miles de euros a varios bancos.

Al igual que años anteriores, la federación remitió en octubre de 2024 a Milagros de Borbón y Cruz, Directora General de Consumo, sus propuestas para que fuesen incluidas en el Plan Anual de Inspección de Consumo 2025. En el documento se reincidía en la necesidad de incluir inspecciones a la banca, entre otros sectores, de acuerdo a los problemas que aglutinan un mayor número de quejas y reclamaciones de los usuarios.

FACUA Andalucía le planteó inspeccionar la posibilidad de retroceder los recibos cargados por la propia entidad (por ejemplo, las entidades no permiten a los clientes devolver recibos de préstamos hipotecarios cuando la hipoteca la tienen formalizada con ellos), el control de empresas o establecimientos financieros que ofrecen tarjetas en centros comerciales, la supervisión en los casos de cobro por reclamación de posiciones deudoras o realizar una labor de inspección en la publicidad y el clausurado de los créditos revolving y minicréditos, entre otras propuestas.

La Junta de Andalucía ha hecho caso omiso a estas peticiones, y ha dejado a la banca, una vez más, fuera de su Plan de Inspección de Consumo 2025. La asociación califica de grave error esta decisión, ya que año tras año es uno de los sectores contra el que más reclamaciones presentan los consumidores. Ante esta inacción de la autoridad de Consumo autonómico, las empresas del sector no se sentirán vigiladas y, por tanto, no harán nada para revertir o eliminar aquellas prácticas o conductas que suponen la vulneración de los derechos de los consumidores.

FACUA Andalucía ya expresó el año pasado a la Junta su indignación por dejar fuera del plan para 2024 a las entidades financieras. Pese a ello, y aunque los precedentes ponen de manifiesto un elevado grado de incumplimiento en el sector, la Dirección General de Consumo ha optado por ignorar la solicitud expresa de la organización y desentenderse, un año más, ante las posibles irregularidades y abusos que puedan sufrir los usuarios.

Mayor dotación presupuestaria y voluntad política.

La federación lleva años solicitando a la Junta de Andalucía que incremente la partida presupuestaria destinada a Consumo, pues es cada vez más necesario el fortalecimiento e incremento de las labores de inspección para que los consumidores y usuarios se vean menos inseguros en el mercado, garantizando por tanto un mercado seguro y transparente para los consumidores.

FACUA Andalucía entiende la limitación técnica y de personal que puede tener la Dirección General de Consumo a la hora de abarcar y controlar los diferentes sectores, aunque lamenta la decisión política de volver a dejar fuera de estas inspecciones a la banca.

El Defensor del Pueblo ya abordó en 2016 de forma expresa la precariedad de la Administración de consumo y alertó sobre la necesidad de dotar de medios económicos y humanos a los servicios de consumo, ya que se ven desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones. Los medios humanos destinados a día de hoy son inferiores que en el momento en que se pronunció el Defensor del Pueblo.

Por todo ello, FACUA Andalucía considera que, en un contexto de incremento de los abusos a los consumidores y de debilidad de las estructuras administrativas para hacerle frente, la acción de lo público debería verse reforzada presupuestariamente.