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Junta y Federación de Personas Mayores reclaman al Gobierno que agilice las pensiones no contributivas.

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Junta y Federación de Personas Mayores reclaman al Gobierno que agilice las pensiones no contributivas.
Reunión del secretario de Políticas Sociales, Daniel Salvatierra, y el director de Personas Mayores, Pedro Mancha, con Martín Durán, presidente de la FOAM. Foto: Junta de Andalucía.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía (FOAM) han solicitado a la Dirección General del Imserso una modificación normativa de la Ley de Seguridad Social con el objetivo de implantar un sistema informático común que permita automatizar la gestión de las pensiones no contributivas y, de esta manera, agilizar los pagos de estas pensiones al colectivo. La Junta y la Federación ya han solicitado una reunión conjunta con el organismo del Gobierno central para trasladarle su petición de adaptar el marco legal y abordar las diferentes alternativas que agilicen la tramitación de estas ayudas.

Andalucía agrupa en estos momentos al 21% del total de pensionistas del Estado, 95.372 personas. 2021 se cerró con 16.378 nuevas solicitudes, de las que se han podido resolver más del 75%. Sin embargo, desde la Dirección General de Políticas Sociales de la Junta subrayan la necesidad de alcanzar al total de las solicitudes al tratarse de prestaciones consideradas de subsistencia -al ser las de menor cuantía de las ayudas del sistema de Seguridad Social-, que suelen beneficiar a personas de bajo nivel de renta y, por tanto, en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Por este motivo, desde la Consejería se complementa la cuantía de esta prestación con una ayuda extraordinaria de carácter anual, que para 2022 se ha incrementado en un 5,6% hasta alcanzar los 148,81 euros, y los 1.439,12 euros en el caso de las personas beneficiarias del fondo de asistencia social y del subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Aunque Andalucía tiene asumidas las competencias de gestión de las pensiones no contributivas, la regulación de los criterios de gestión sigue siendo competencia del Estado. En este sentido, el secretario general de Políticas Sociales, Daniel Salvatierra, y el director general de Personas Mayores, Pedro Mancha, se han reunido con el presidente de la FOAM, Martín Durán, para analizar posibles acciones que permitan acortar los tiempos de respuesta.

«Desde el inicio de la legislatura, la FOAM ha mostrado un enorme interés de diálogo y colaboración para aportar propuestas y mejorar tanto la cuantía de estas prestaciones como la agilidad de su tramitación», ha resaltado Salvatierra, «y hemos coincidido en trabajar juntos para corregir todos los obstáculos que están impidiendo la mejor gestión de estas prestaciones y proteger así a un colectivo muy vulnerable».

Sistema informático único.

Desde la Dirección General explican que la tramitación de las solicitudes iniciales de pensiones no contributivas encuentra una serie de obstáculos comunes a todas las regiones del país. Entre ellas, la imposibilidad de acceso a los datos del INE (el padrón histórico o colectivo) o del Ministerio del Interior referentes a autorizaciones de residencia; la dificultad de consultar las bases de cotización o la información de las rentas de la Agencia Tributaria o los retrasos al incorporar los reconocimientos de discapacidad.

Por este motivo, se ha solicitado al Imserso una reunión conjunta para abordar la posibilidad de una nueva regulación normativa, con el objetivo de adaptar la Ley de Seguridad Social al nuevo contexto digital y permitir la interconexión de esas bases de datos mediante la creación de un sistema informático único para la gestión de las pensiones no contributivas. Una iniciativa que permitiría, apuntan desde Andalucía, acortar los tiempos de espera en la concesión y la automatización en la gestión de los procedimientos.

Robots en el control anual.

En ese sentido, desde la Consejería de Igualdad recuerdan que ya se han empezado a automatizar parte de los procedimientos mediante tecnología RPA (Robotic Process Automation) para acortar esos plazos. Así, el proyecto «Integración de la robotización en el control anual de las pensiones no contributivas (CONAN)», puesto en marcha entre enero y noviembre de 2020 en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha permitido robotizar en un tiempo record el control anual de 53.000 prestaciones no contributivas, un resultado que le ha hecho merecedor del accésit del jurado en los pasados Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública que convoca cada año la Dirección General de Gobernanza Pública.

Los 40 robots permitieron realizar 23.000 consultas diarias, y permitieron mejorar de forma notable la eficiencia en la tramitación, ya que tardaban de media 28 minutos en realizar las consultas, validaciones y grabaciones de datos en un contexto de emergencia social debido al confinamiento y la dificultad de incorporar y formar a nuevo personal en plazo. «Esta digitalización tiene impacto en el control del dinero únlico, pero nuestro objetivo es que se extienda además a la fase de tramitación de las prestaciones», ha añadido Salvatierra.

La innovación tecnológica ha sido uno de los elementos del plan de choque implantado por la Consejería para agilizar la tramitación de estas pensiones, que ha incluido además la contratación de 31 personas en las delegaciones territoriales para reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía más vulnerable.

Asimismo, el primer Plan Estratégico de Personas Mayores de Andalucía incluye una línea de actuación enfocada a agilizar la tramitación de las pensiones no contributivas; mejorar la coordinación entre los agentes implicados o la firma de acuerdos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para acceder a información y permitir el cruce masivo de datos.

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