Inicio Andalucía Los teléfonos de atención a la infancia y adolescencia reciben 2.660 llamadas en el primer semestre.

Los teléfonos de atención a la infancia y adolescencia reciben 2.660 llamadas en el primer semestre.

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Los teléfonos de atención a la infancia y adolescencia reciben 2.660 llamadas en el primer semestre.
Imagen de una menor. Foto: Junta de Andalucía.

Los teléfonos de atención a la infancia y la adolescencia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación han recibido un total de 2.660 llamadas durante el primer semestre de 2020. En concreto, el teléfono de notificación de posibles situaciones de maltrato infantil (900 851 818) atendió 2.138 llamadas; el de información general en materia de infancia y adolescencia (900 921 111) recibió 441 comunicaciones y, finalmente, la línea de ayuda a la infancia (116111) atendió 39 llamadas. Asimismo, otras 42 comunicaciones que fueron realizadas no tenían relación con la atención a la infancia y la adolescencia.

Del total de llamadas contabilizadas a este servicio gratuito de la Junta de Andalucía, 1.377 correspondieron a comunicaciones de posibles situaciones de maltrato relativas a 2.097 niños, niñas y adolescentes.

Así, teniendo en cuenta que un mismo niño, niña o adolescente puede sufrir varios tipos de maltrato, la distribución por tipología arroja un total de 922 casos de maltrato psicológico o emocional, que se corresponden con el 39,47% del total; 598 de negligencia o abandono (25,60%) y 580 casos de maltrato físico (24,83%). El resto de llamadas ha contabilizado casos en menor medida de abuso sexual (4,11%), corrupción (2,78%), expulsiones del hogar (1,63%), explotación laboral (0,73%), prenatal (0,30%), prostitución o pornografía (0,30%), retraso no orgánico en el crecimiento (0,21%) y síndrome de Munchausen por poderes (0,04%).

De la información que se derivó de estas llamadas, en 636 casos se estableció un nivel de intervención grave; en 608, leve-moderado y en 133 casos, el nivel de intervención no procedía.

Asimismo, según la procedencia de la alerta del maltrato, se determinó que en 909 situaciones alertó una persona informante; en 393 el servicio de emergencias de la Junta de Andalucía 112; 68 ocasiones fue la persona afectada; en una ocasión el Servicio Andaluz de Teleasistencia, y 6 de otros casos.

Por otra parte, además de estas 1.377 llamadas relativas a situaciones de maltrato, los teléfonos de atención a la infancia y la adolescencia han atendido otras 1.283 comunicaciones relacionadas con la orientación, apoyo y asesoramiento sobre maltrato infantil en el ámbito familiar y otras situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, comunicaciones de pornografía infantil, abandono de centros de menores, solicitudes de información sobre recursos de atención y protección, aspectos relacionados con procesos de separación o divorcio, dificultades de relación y situaciones conflictivas.

Del total de llamadas, por provincias, Sevilla fue la que registró un mayor número con 627 (576 menores afectados). Le siguen Málaga con 427 (410 menores), Cádiz con 358 (230 menores) y Granada con 311 (315 menores). Ya con números inferiores a los 300, figura la provincia de Córdoba con 274 (122 menores), Almería con 233 (203 menores) y Jaén y Huelva con 127 (109 y 123 menores afectados respectivamente). Además, desde otras provincias se realizaron 94 comunicaciones y 27 tenían origen desconocido.

Conexión con SIMIA.

Las líneas de atención a la infancia y la adolescencia están conectadas con la aplicación SIMIA (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía), lo que permite la notificación de manera electrónica e inmediata de las posibles situaciones de maltrato comunicadas a través de las llamadas a los servicios de Protección de Menores de las delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad, así como a los servicios sociales de las entidades locales en función de la valoración inicial del nivel de gravedad.

El procedimiento SIMIA recoge pautas de actuación unificadas para la detección, notificación, valoración y registro de casos en los que se tenga constancia o se sospeche la existencia de situaciones de riesgo o desamparo vinculadas al ejercicio de los deberes de protección de los y las menores por parte de sus padres, madres, personas tutoras o guardadoras.

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