El objetivo de la CPI es mejorar los servicios públicos y encontrar nuevas y mejores maneras de gestión que permitan dar respuestas más eficientes a las necesidades de la ciudadanía. Con este mecanismo se espera cubrir en torno al 75% de las necesidades de innovación que la Junta no puede atender por medios tradicionales de contratación, tal y como recogen los objetivos definidos en la Estrategia de Compra Pública de Innovación de la Junta de Andalucía, dotada con 50 millones de euros procedentes de Fondos FEDER.
Esta fórmula facilita el contacto directo con las empresas, a las que la Administración hace partícipe en la búsqueda de soluciones a las demandas que plantea mediante consultas preliminares. Asimismo, permite al sector privado utilizar el mercado público andaluz como cliente de lanzamiento de sus innovaciones y a la vez involucra a los agentes del sistema andaluz del conocimiento, de los que aprovecha su potencial en I+D+I y su capacidad de innovación.
Los proyectos elegidos proceden de las consejerías de Salud y Familias (2); Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (3); Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (2); Hacienda, Industria y Energía (1), Educación y Deporte (1), Presidencia, Administración Pública e Interior (1), Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (1) y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (1). Tras la aprobación y presentación de estas 12 propuestas de proyectos, las distintas consejerías procederán al lanzamiento de sus correspondientes consultas preliminares al mercado y posteriormente a la publicación de las licitaciones y ejecución de las iniciativas, que deberán estar terminadas y justificadas a 31 de diciembre de 2022.
Priorización de proyectos.
Estas doce iniciativas han sido aprobadas por el Comité Director de CPI, que las ha seleccionado teniendo en cuenta diversos criterios como el nivel de innovación, su contribución al desarrollo económico y tecnológico de Andalucía o su alineación y sinergias con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía–RIS3.
Previamente a la selección, se realizó una priorización de las propuestas a lo largo del mes de febrero por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), dependiente de la Consejería de Economía, con el apoyo externo de expertos de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y de evaluadores coordinados por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA). Todo ello con el fin de garantizar una valoración transparente, sistemática, rigurosa e independiente.
Los proyectos priorizados guardan relación con ámbitos como la inteligencia artificial (big data, ‘machine learning’, ‘deep learning’, etc.), la eficiencia energética y el consumo responsable de energía, la economía circular o el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) y drones. También ahondan en otros ámbitos como la optimización de recursos hídricos y la reducción de impacto ambiental o las TIC.
Resultados positivos.
La CPI es una de las fórmulas con más proyección para impulsar las economías basadas en el conocimiento, tal y como constatan algunas de las conclusiones de la Comisión Europea obtenidas de la aplicación de este tipo de proyectos. Entre ellas, destacan la apertura de mercado para nuevos participantes, donde las pymes ganan el 73,5% de los contratos de Compra Pública de Innovación y el 61,5% del valor del total de los mismos. También resalta la contribución de este instrumento de contratación a la transferencia de resultados de investigación, ya que el 30% de los proyectos tienen a universidades y centros de I+D como socios en los consorcios ganadores. En cuanto a su aportación al crecimiento empresarial, el 50% de las empresas ya generan ingresos al comercializar su solución de CPI, mientras que el 24% de las nuevas compañías participantes ya han asegurado inversiones de capital mediante este mecanismo.
La Compra Pública de Innovación forma parte del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo andaluz viene impulsando para el fomento de la inversión en I+D pública y privada en la comunidad, teniendo en cuenta que Andalucía viene acumulando un importante déficit en fondos de carácter privado destinados a esta finalidad. Desde el año 2011 las empresas han dejado de gastar de media en investigación y desarrollo casi un 1,4% anual.