La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha concedido un 38% más de prestaciones de la Renta Mínima de Inserción Social hasta el 31 de agosto de este año que las aprobadas en todo 2018. Así lo ha señalado la consejera Rocío Ruiz, quien ha informado que en los primeros ocho meses de 2019 se han concedido 24.843 solicitudes frente a las 17.929 de todo el año pasado. Además, el número de solicitudes resueltas en 2019 también se ha incrementado un 37% frente a todo 2018 (67.074 solicitudes frente a 49.042).

Unos resultados que en palabras de la consejera se deben «a la aplicación de medidas que nos han permitido mejorar la gestión respecto al ejercicio anterior». Medidas como la formación a los profesionales en todas las provincias para mejorar el asesoramiento y la información a la ciudadanía, o la transferencia de casi 7 millones de euros en el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en 422 profesionales, además del refuerzo que ya se está haciendo a través de la Estrategia regional de intervención en zonas desfavorecidas».

En este sentido, también ha destacado la puesta en marcha, a través de la web de la Consejería de Igualdad, de un simulador digital que permite conocer si la unidad familiar puede tener derecho a la prestación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Para ello, basta con introducir alguna información esencial y no es necesario recoger datos personales.

Modificación de la normativa.

«Aunque estas cifras nos resulten alentadoras no cabe autocomplacencia alguna ante un tema tan serio y de tanta trascendencia como es atender las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social de la ciudadanía andaluza», ha destacado la consejera, quien ha avanzado que «nuestro próximo objetivo para mejorar la gestión de esta prestación es modificar la normativa que la regula».

En este sentido, ha informado de que «lo vamos a hacer poniendo el acento en una cuestión que a este Gobierno le resulta clave como es primar con esta prestación, de una forma suficiente, a las familias con hijos menores de edad a su cargo, muchas de ellas monoparentales, más bien monomarentales, y, de esta forma, luchar contra la pobreza infantil».

Otras cuestiones que se van a llevar a cabo será «distinguir claramente entre el derecho a la inclusión social y el derecho a las prestaciones económicas necesarias para tener ingresos suficientes; así como la compatibilidad con el empleo, teniendo en cuenta que actualmente hay personas que trabajan pero que no dejan por ello de ser pobres, dada la precariedad laboral existente», ha subrayado.