La que fuera alcaldesa de Porcuna entre 2003 y 2007 Ana María Moreno de la Cova (PSOE), será juzgada en enero por tres delitos contra la ordenación del territorio del que le acusa el Fiscal, que pide contra ella una condena de multa de 2.520 euros e inhabilitación durante 24 años para ocupar cargo público. No estará sola en el banquillo. La acompañarán otras tres personas que fueron concejales en su mandato corporativo y que formaban parte de la comisión municipal de Gobierno, a los que se considera coautores de dos de los tres supuestos delitos urbanísticos. Es la segunda persona que presidió el consistorio de Porcuna en los últimos años que es llevada a juicio por delitos relacionados con el urbanismo en el pueblo.

La alcaldesa y sus tres concejales (la causa quedó sobreseída para un cuarto miembro del gobierno local por enfermedad) aprobaron supuestamente tres licencias ilegales. El 22 de octubre de 2004 un vecino les pidió licencia para la construcción de dos naves en el Camino de la Galga. La petición fue informada desfavorablemente por el arquitecto técnico municipal el 30 de noviembre al no cumplir las normas urbanísticas del municipio, según el Fiscal. Los cuatro acusados, sin embargo, acordaron por unanimidad darle licencia en junta de Gobierno celebrada el 13 de diciembre de 2004, «a pesar de conocer que las construcciones pretendidas por el solicitante no se adecuaban a las normas subsidiarias vigentes», con lo que «contravinieron la legalidad y el planeamiento urbanístico».

El 14 de junio de 2006 otro vecino pidió licencia para hacer un almacén para nave de aperos en el paraje Carrajaén. Catorce días después el arquitecto municipal firmó un informe desfavorable (siempre según el Fiscal). El 5 de julio de 2006 le dieron licencia por unanimidad.

Por su parte, continúa el Fiscal, la alcaldesa concedió el 21 de noviembre de 2006 «sin la tramitación de procedimiento alguno y sin dictamen jurídico previo» una licencia provisional de primera ocupación para una nave levantada sobre suelo no urbanizable y que no cumplía supuestamente las normas urbanísticas.

El Ministerio Público considera que la alcaldesa cometió tres delitos contra la ordenación del territorio, mientras que sus concejales deberán responder por dos de ellos.

Fuente: Diario Ideal.