Los ex trabajadores de la antigua Fábrica de Uranio no bajan los brazos, pese a todos los reveses judiciales e institucionales que están recibiendo. Ahora recurren a más organismos.

Este colectivo viene luchando desde hace una veintena de años, para que se demuestre su relación constante con el uranio en su actividad profesional ha influido de una manera evidente en su salud. Han sido objeto de promesas incumplidas, han estado a punto de cejar en su empeño, pero no van a ser inasequibles al desaliento. Su abogado, Manuel Vázquez, ha indicado a esta redacción que van a utilizar todas las vías para demostrar. «La gran injusticia que se está cometiendo con esta gente», remarca. El último sinsabor se ha producido en los tribunales, tras desestimar la justicia sus demandas.

La Fábrica de Uranio funcionó en la ciudad desde los años 1959 hasta 1981. Un total de 126 empleados desarrollaron su actividad laboral bajo sus muros contaminados por el uranio. Según los últimos datos de la Consejería de Salud, 35 de ellos ya han fallecido y añade que 51 han pasado por las revisiones médicas. Se refiere en su informe a un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Salud firmado el día 27 de febrero de 2006 para determinar si las enfermedades estaban relacionadas con el uranio, para que después cobraran sus pertinentes pensiones.

Aquel acuerdo fue infructuoso, pese a que un informe del subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, Juan de Dios Villar Donce, admite en un documento firmado el pasado día 2 de junio que un informe científico-técnico global remitido a la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social de Jaén y al director general de Financiación, Planificación e Infraestructuras concluye que: «Hay una evidencia razonable que permite asociar la determinada patología agrupada en esta cohorte de trabajadores a la prolongada exposición laboral al polvo del uranio», sostiene.

El abogado de los afectados ha afirmado que han recurrido a varios organismos e instituciones. El Gabinete de Planificación y Coordinación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos envió un escrito el pasado día 27 de octubre al presidente de la Asociación de Ex trabajadores de la FUA, José Soto, en el que se compromete trasladar este caso otra vez a la Consejería de Salud y al Ministerio de Trabajo e Inmigración (que ahora lo encabeza un jienense).

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, ha informado este semana al colectivo que va a llevar su reivindicación a la comisión parlamentaria competente, a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como a la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

También el adjunto del Defensor del Pueblo, Luis Pizarro Fernández, se puso en contacto el pasado día cinco de octubre a José Soto y se compromete a dar su resolución sobre el asunto. Está enterado de todos los informes aportados por la Junta de Andalucía. Y es que 22 de julio el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, le notificó al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, todas las actuaciones realizadas por la Junta sobre este asunto desde 2005 hasta 2007. Los ex trabajadores de la FUA se siguen aferrando a la esperanza.