El Gobierno ha comunicado a las Comunidades Autónomas (CCAA) y Ciudades de Ceuta y Melilla que recibirán del Estado en 2025 en concepto de entregas a cuenta 147.412 millones de euros, logrando de nuevo los mayores recursos de su historia. En concreto, contarán con un 9,5% más con respecto a 2024, un importante incremento de sus recursos que ha sido comunicado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha presidido y al que han asistido los consejeros de Hacienda de las respectivas comunidades autónomas.

Cita en la que también ha comunicado sus objetivos de déficit, que volverán a flexibilizarse para que cuenten con mayor margen fiscal. Tal y como ha señalado Montero, tanto las CCAA como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla dispondrán de 158.167 millones si a las entregas a cuenta se suma la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, y que alcanza los 11.692 millones de euros. En total, un 2,5% más de financiación que lo previsto para este 2024.

Continúa así la política de dotar a los territorios de la financiación suficiente para prestar los mejores servicios públicos a los ciudadanos. Algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva aplicando desde su llegada de al poder.

Apoyo constante a los territorios.

Como ha destacado la vicepresidenta primera en la rueda de prensa posterior a la reunión del CPFF, el Ejecutivo ha cumplido “con un compromiso que no es de ahora, sino desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa”. “No hay precedentes de un Gobierno central que haya prestado tanto apoyo a los entes territoriales”, ha resaltado la titular de Hacienda.

Montero ha recordado otras medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda en beneficio de las comunidades autónomas como la decisión de mantener inalterables las entregas a cuenta durante la pandemia, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación. O la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del COVID y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación.

Además, las CCAA han contado hasta 2023 con 26.595 millones de euros en fondos europeos. Un respaldo que es resultado de la política de cogobernanza que abandera el Ejecutivo central.

Reforma de la financiación.

María Jesús Montero ha vuelto a hacer hincapié en el CPFF en la predisposición del Gobierno para negociar una reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo actual, vigente desde 2009, ha permitido dar en estos siete años los mayores recursos de su historia a los territorios. Pero la vicepresidenta primera ha señalado que “eso no significa que no haya que mejorar el modelo porque sea perfecto”. Por lo que ha hecho un llamamiento a abandonar las “posiciones de máximos” y “sentarse y dialogar” para pactar un modelo que pueda satisfacer a todos.

A la espera de una postura más clara de los grupos políticos de la oposición, la titular de Hacienda ha mantenido el compromiso de asumir una parte de la deuda que las autonomías generaron durante la crisis financiera. “La medida mejorará las cuentas públicas de todas las comunidades autónomas de régimen común sin excepción”, ha apuntado Montero, que ha insistido en que el Gobierno tiene la mano tendida para seguir mejorando los recursos de los territorios.

Objetivos de déficit.

Además de comunicar en el encuentro con los consejeros de Hacienda que sus autonomías recibirán de nuevo los mayores recursos de la historia, Montero ha explicado la nueva senda de déficit 2025-2027 de las Administraciones Públicas, que volverá a permitir a las CCAA tener un mayor margen fiscal.

Para el conjunto de las Administraciones Públicas, el objetivo de déficit se sitúa en el 2,5% del PIB en 2025 frente al 2,7% que contempla la senda anterior y que es la que figura en el Programa de Estabilidad 2024-2026.

Para 2026, el límite estará en el 2,1% en lugar del 2,5% que contemplaba la senda anterior. Y para 2027, se situará en el 1,8%.

Unos límites más exigentes que están en línea con las nuevas reglas fiscales tras el fin de la cláusula de salvaguarda, instaurada por el gasto sobrevenido por la pandemia y el incremento de precios tras la invasión rusa en Ucrania. Pero que no implicará exigir un gran esfuerzo a los territorios, al asumir la Administración Central la mayor parte de la
responsabilidad del cumplimiento de estos nuevos objetivos.

De hecho, las CCAA contarán con un mayor margen fiscal. Montero comunicó a las comunidades autónomas que el objetivo de estabilidad para ellas en 2026 queda fijado en el -0,1% frente al superávit del 0,1% que contemplaba la senda anterior. Ello implica dos décimas más de margen fiscal. Para 2026 y 2027, el límite de déficit también será del -0,1%.

Los ayuntamientos y corporaciones locales también dispondrán con una senda de estabilidad más beneficiosa. Para el año 2025 y 2026, el objetivo de estabilidad municipal será de equilibrio presupuestario, cuando la senda vigente hasta ahora contemplaba un superávit del 0,1% y del 0,2%, respectivamente.

De esta manera, ni las CCAA ni las EELL tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario para alcanzar los objetivos recogidos en la senda de déficit que se remitirá a la Comisión Europea. El esfuerzo en este caso será para la Administración Central, que deberá situar su déficit a cierre de 2025 en el 2,2%.

Objetivos de deuda.

Dentro de la senda comunicada hoy, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha facilitado a los consejeros autonómicos los datos sobre la regla de gasto y la deuda pública previstas para los próximos tres ejercicios.

Los objetivos de deuda pública son coherentes con la reducción continua de la misma ejecutada por el Gobierno, que ha permitido rebajarla 17,6 puntos en solo tres años y tras una etapa de grandes dificultades a causa del coronavirus y la invasión rusa en Ucrania. Para el periodo 2025-2027, las CCAA deberán situarse en el 20,8% del PIB en 2025; el 20% en 2026; y el 19,4% en 2027.