Así lo ha puesto de manifiesto el consejero en su participación en las ‘Jornadas sobre retos económicos y sociales de la población española’ organizadas por Unicaja, donde ha reclamado un análisis profundo y detallado de los futuros escenarios y de las posibles soluciones a implementar porque constituye una herramienta básica para una toma de decisiones acertada por parte de los gobiernos.
Según sus palabras, «una población más envejecida comporta un mayor gasto en tres ámbitos: las pensiones, la salud y la dependencia. Por el contrario, puede suponer un menor gasto educativo, que se concentra en los primeros años de vida de los individuos. A priori, este aumento del gasto se intuye significativo». Así, ha añadido que estimar en qué medida influye el envejecimiento en el gasto «no es una tarea fácil, pues distintos factores confluyen de manera simultánea y pueden tanto aumentarlo como disminuirlo, enmascarando el verdadero efecto de la vejez».
Sánchez Maldonado ha mencionado un estudio elaborado en 2015 por la Comisión Europea acerca de los efectos del envejecimiento en el gasto público, que apunta a un impacto limitado a largo plazo. Los resultados indican, para el promedio de la Unión Europea, un incremento del gasto por envejecimiento de solo 1,6 puntos del PIB en 2040 y de 1,8 puntos del PIB en 2060 (respecto al 24,6% del PIB de 2013).
En este sentido, el consejero ha insistido es la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, agregando que «las características de muchos de los programas de gasto público en los países de nuestro entorno nos llevan a pensar que el envejecimiento de la población conllevará un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro».
En ausencia de medidas de política económica correctoras, ha sostenido el consejero, los cambios en la estructura poblacional determinarán aumentos del gasto público en pensiones, en sanidad y en ayuda social a los mayores que difícilmente se podrán ver compensados por el recorte de otras partidas sociales -como la educación-, o por cambios en el patrón recaudatorio.
A su juicio, «estas proyecciones reclaman el desarrollo de políticas que amortigüen esta situación, con reformas que incidan especialmente en dos aspectos: la mejora del sistema de pensiones y la actuación sobre el mercado laboral».
En primer lugar, ha apuntado a mejorar un sistema de pensiones para que sea más justo, para ganar poder adquisitivo y cuya sostenibilidad futura esté garantizada. Los sistemas de reparto, como el vigente en España, muestran una mayor vulnerabilidad a los desarrollos demográficos y, en particular, a fenómenos de envejecimiento de la población. «Los gobiernos deben ser la garantía de un sistema de pensiones público, viable, con pensiones dignas y garantizadas», ha apostillado.
Por otro lado, ha abogado por actuar también sobre el mercado laboral, con el fin de incrementar la participación en el mercado de trabajo y reducir la tasa de desempleo, dado que, de este modo, se podrán atenuar las situaciones de dependencia que se pueden generar por el envejecimiento de la población.
Nuevas recetas económicas.
Igualmente, el consejero ha asegurado que un sistema económico más justo y eficiente «requiere nuevas recetas, un nuevo proyecto que ponga en el centro de las políticas a las personas, y cuyas medidas prioritarias estén encaminadas a restablecer la estabilidad económica y a encauzar la economía por la senda del crecimiento, pero sobre todo, a asegurar un Estado del bienestar sostenible». «Un Estado del bienestar para atender los grandes riesgos de pobreza a través de derechos sociales: pensiones, protección por desempleo, sanidad y dependencia», ha señalado.
Para finalizar, ha considerado necesario definir la lista de prioridades del gasto social, «poniendo por delante la dignidad humana, la salud y la educación pública. Es necesario introducir reformas, tanto organizativas como de financiación, que garanticen la supervivencia y modernización del Estado del bienestar y, en especial, del sistema de pensiones y la sanidad pública». «No se puede hacer negocio con los servicios básicos y con los derechos de los españoles», ha concluido.