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La Junta convocará 8.045 plazas de empleo público para educación, sanidad y Administración General en 2017.

Posted by Redacción Andújar en 4 marzo 2017


La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Foto: Junta de Andalucía.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Foto: Junta de Andalucía.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció en el Parlamento que la Junta convocará un total de 8.045 plazas de empleo público en los sectores de educación, sanidad y Administración General. La oferta más importante corresponderá a sanidad, con 3.553 plazas, seguida de las 2.468 plazas de educación y 2.024 para la Administración General.

Durante su comparecencia en el pleno, Montero quiso despejar “cualquier atisbo de duda” sobre la oferta de empleo público, al considerar que está justificada “jurídica y presupuestariamente” y que redundará en una mayor calidad del empleo de los profesionales públicos de la Junta, así como en el reforzamiento de los servicios públicos. Asimismo, trasladó un mensaje de “certidumbre y tranquilidad” a los opositores que aspiran a un empleo público en la comunidad autónoma.

Montero explicó que el Presupuesto de Andalucía para 2017 regula la oferta de empleo público y la tasa de reposición tomando como referencia las limitaciones establecidas por la legislación de carácter básico del Estado en el año 2016. “Nadie puede cuestionar que hayamos ejercido nuestras competencias de forma responsable y teniendo en cuenta en todo caso el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, defendió.

“Todos los escenarios posibles nos llevan al normal desarrollo de la oferta de empleo público prevista por Andalucía”, enfatizó la consejera, en referencia a que si hay Presupuestos Generales del Estado (PGE), la tasa de reposición se mantendrá como mínimo en el cien por cien, y si se mantiene la prórroga de los PGE 2016, también quedaría prorrogada dicha tasa de reposición fijada.

La consejera recordó que la Junta siempre ha mantenido su apuesta por el empleo público “estable y de calidad”, agotando los límites de la tasa de reposición impuestas y, concretamente, se refirió a los dos últimos años (2015 y 2016) en los que se convocaron en la comunidad 11.554 plazas (5.266 de Sanidad, 3.558 de Educación y 2.730 de Administración general).

No obstante, Montero consideró que aún es necesario dar un paso más y apeló a un pacto de Estado por el empleo público que elimine las limitaciones y permita a todas las comunidades autónomas aprobar ofertas de empleo “suficientes y adecuadas a las necesidades de un Estado de bienestar reforzado”, asegurando que las tasas de reposición no sigan menoscabando la calidad de los servicios públicos.

Estabilidad de plantillas.

En este sentido, Montero lamentó los efectos de las tasas de reposición impuestas por el Gobierno central durante los años de la crisis, que han supuesto un incremento de la temporalidad en el empleo público, si bien destacó que la Junta de Andalucía ha minizado su impacto con medidas alternativas que han evitado “despidos masivos” como se han producido en otras regiones, lo que ha permitido “mantener la prestación pública de los servicios esenciales sin merma de su nivel de calidad”.

Montero defendió la necesidad de reforzar la estabilidad de las plantillas de personal, principalmente en los ámbitos sanitario y educativo, lo que se podría lograr levantando la congelación de las convocatorias de consolidación de empleo temporal. A su juicio, no supondría la incorporación de más personal ni el incremento de gasto, pues las plazas se cubrirían por personal funcionario de carrera o laboral fijo, de ahí que haya reclamado al Gobierno central que estos procedimientos no computen a efectos de la tasa de reposición.

Del mismo modo, Montero aludió al papel de coordinación que debe cumplir el Estado haciendo posible la “simultánea convocatoria” de procesos selectivos en el ámbito docente y sanitario en todo el territorio nacional, sin entrar en competición entre comunidades autónomas o en “indeseables efectos llamada” de opositores de una región a otra.

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