Los agentes económicos y sociales, colectivos y ciudadanos tendrán de plazo hasta el próximo 16 de febrero para presentar propuestas y sugerencias a este texto, que posteriormente serán analizadas por la Consejería de Fomento y Vivienda para incorporar aquellas que se estimen oportunas a la versión definitiva. El borrador del Plan estará expuesto, según se recoge en el Boja, en la Secretaria General de Vivienda en la se de de la Consejería de Fomento y Vivienda, sita en la Avenida Diego Martínez Barrio, 10; y en las delegaciones territoriales de Fomento y Vivienda. Además se podrá consultar a través de la página web http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda.
El futuro Plan de Vivienda, que una vez cerrado el periodo de información pública, deberá someterse a los informes preceptivos de los diferentes departamentos de la Administración autonómica y con posterioridad ser remitido al Consejo Consultivo para su dictamen. La aprobación por parte del Consejo de Gobierno, último trámite del proceso, se prevé para primavera.
Este instrumento, que contará con una dotación presupuestaria de en torno a 750 millones de euros, financiados a través de la aportación autonómica, estatal y europea; apuesta por un nuevo modelo, que en el ámbito del fomento del alquiler incorpora programas dirigidos al parque público y al conjunto del patrimonio residencial existente. Para los inmuebles públicos se pondrá en marcha una línea de fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión del uso sobre suelos o edificios de titularidad pública y en lo que respecta a todo el parque residencial, se contemplan tres programas que se tramitarán a través de una orden única al objeto de agilizar y clarificar a los ciudadanos los procedimientos administrativos.
Estos programas se concretan en una convocatoria de ayudas a personas inquilinas que facilitará el pago de hasta el 40% de las rentas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, alcanzando el 100% en grupos de especial protección. Estas subvenciones priorizarán, además, a quienes han sido desahuciados de su vivienda habitual. Como novedad en este campo, se impulsará el programa del alquiler de edificios de inmuebles vacíos que tiene como finalidad la puesta en arrendamiento de edificios gestionados de forma conjunta por administraciones o entes públicos y entidades sin ánimo de lucro.
En materia de rehabilitación, se pondrán en marcha numerosas líneas de intervención, como el programa de Rehabilitación Autonómica Edificatoria y de Viviendas, la Adecuación Funcional Básica de Viviendas, orientada fundamentalmente a personas mayores o con discapacidad; o la Rehabilitación Energética del Parque Público Residencial. En este ámbito de actuación, tendrán una relevancia especial las denominadas Áreas de Rehabilitación Integral, que se desarrollarán en aquellos ámbitos sujetos a procesos de segregación y graves problemas habitacionales que afectan a población en riesgos de exclusión; la regeneración del espacio público, así como la rehabilitación de edificios públicos.
Por otro lado, las iniciativas encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda incluirán medidas tendentes a facilitar la transmisión de inmuebles protegidos sin devolución de ayudas en situaciones muy específicas, como por ejemplo cuando éste haya sido objeto de dación en pago o cuando todos los miembros de la unidad familiar residente estén en situación de desempleo. También el Plan contemplará la flexibilización de los regímenes de protección en aquellas promociones de VPO calificadas en anteriores planes y que presenten problemas en la adjudicación.
En este capítulo de vivienda protegida, la Consejería dará respuesta a los compromisos adquiridos previamente, dando prioridad al pago de las subvenciones al préstamo hipotecario de los adquirentes de vivienda protegida. Como novedad, se incorporará la figura de la vivienda protegida a precio tasado, que tiene como objetivo facilitar la promoción de esta tipología residencial para la venta o el alquiler con destino a familias con ingresos inferiores a los 4,5 veces el IPREM.
Observatorio de la Vivienda.
La Consejería de Fomento y Vivienda también ha iniciado el proceso de información pública, tal y como se recoge en el Boja, de la orden que regula la selección de representantes de colectivos sociales en el Observatorio Andaluz de la Vivienda, abriendo además la convocatoria para dicha selección. El texto también quedará expuesto hasta el 16 de febrero en la sede de la Secretaría General de Vivienda, en las delegaciones territoriales y en la página web.
El Observatorio, de carácter consultivo y de representación, facilita la participación social y se configura como un punto de encuentro, no sólo de los sectores institucionales y económicos, sino también y sobre todo de los colectivos sociales, con el fin de avanzar en la defensa del derecho a la vivienda y en la puesta en marcha de medidas públicas en esta materia.
Este órgano, en el que ya están integrados los agentes sociales, también está abierto a ampliar esa representación social con el nom-bramiento de hasta cinco miembros más de esta índole y la Junta de Andalucía ha publicado ahora la orden necesaria para que la selección de esos representantes adicionales procedentes de colectivos sociales y que deberán tener entidad jurídica. Para su selección se tendrá en cuenta su vinculación a esta problemática de la vivienda y su implantación territorial y número de miembros.