La Guardia Civil, concretamente componentes del Puesto de Cazorla (Jaén), han realizado dos detenciones. La primera se produjo en la madrugada del día 01 de abril del actual, a las 02:00 horas, en un punto de verificación e identificación, se procedió a dar el alto a un vehículo, en el polígono industrial de Santo Tomé (J), dicho vehículo, ante la presencia de los agentes, y haciendo caso omiso a sus señales, emprendió la huida a gran velocidad, sufriendo a continuación, una salida de vía, debido a la gran velocidad a la que circulaba, procediendo los agentes a la detención del conductor y único ocupante del vehículo, resultando ser un varón de 42 años de edad, vecino de Santo Tomé.

Con posterioridad, componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, le realizaron la prueba de alcoholemia, dando positivo en la misma, pudiendo comprobar que el vehículo se encuentra de baja temporal, y carecía de seguro. Ha sido detenido, como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia grave a los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones y delito contra la seguridad vial, al conducir de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol.

En la misma fecha referenciada, componentes del Puesto de Cazorla, en un servicio de prevención de la seguridad ciudadana, en la referida localidad, observaron a dos personas que se encontraban juntas en la vía pública, comprobando «in fraganti» a una mujer, realizar un «pase» de droga a otra persona, realizando la “entrega” de forma rápida y discreta en un envoltorio. Tras interceptar al “comprador”, le fue intervenida una bolsita que contenía 5 gramos de marihuana, tras registro en el domicilio de la mujer que realizaba la entrega, se intervinieron siete recipientes, con 479 gr, de marihuana, 38,34 gr, de hachís, una báscula de precesión digital, y 45 euros procedentes de la venta de estupefacientes, por lo que fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, a ambas personas se le formularon denuncias administrativas por incumplimiento del RD que establece el Estado de Alarma.

En el marco de lo dispuesto en el RD de Estado de Alarma, en un punto de verificación de personas y vehículos, procedieron dar el alto, a un vehículo todo terreno, ocupado por un vecino de la referida localidad, de 44 años de edad, vecino de la localidad de Chilluévar, el cual al proceder a un registro del vehículo, se pudo comprobar que llevaba, en oculta en el maletero del vehículo, una escopeta del calibre 12, marca Benelli, 2 balas calibre 12-70, 11 cartuchos calibre 12-70, 100 balas calibre 22, así como un cuchillo de grandes dimensiones, de los cuales no poseía documentación que los amparara, por lo que se formuló denuncia administrativa al Reglamento de Armas y por incumplimiento del RD que establece el Estado de Alarma.

El Gobierno andaluz ha celebrado esta mañana una nueva reunión del Gabinete de Crisis por el coronavirus en el que ha analizado el Plan 15.000 diseñado por la Consejería de Salud y Familias ante un posible aumento de los contagios. Según ha informado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, la intención es trabajar ya en él desde el próximo miércoles, día en el que se reunirá el Consejo de Gobierno.

Bendodo ha destacado que, «desde la prudencia», la evolución de los contagios se está ralentizando. Andalucía suma 8.581 casos de contagio de los 135.000 que existen en España, es decir, un 6,35 por ciento del total y el incremento en las últimas 24 horas ha sido de 280 nuevos casos. El consejero de la Presidencia ha explicado que, a fecha del domingo, en Andalucía hay un total de 2.349 personas ingresadas en los hospitales andaluces, 1.923 de ellas en planta y 426 en UCI.

Sobre las peticiones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó ayer a las comunidades autónomas, el portavoz del Gobierno andaluz ha destacado que Andalucía ya ha puesto en marcha todas ellas. Ha señalado que Andalucía tiene ya una decena de hoteles listos para la medicalización con 2.719 plazas y cuenta también con 4.771 plazas en clínicas privadas y 534 plazas-UCI. En este sentido, ha informado que en siete días se ha levantado un «verdadero hospital» en el polideportivo de Carranque, en Málaga, con 400 camas, 10 plazas de UCI y servicios de enfermería.

El titular de la Presidencia ha reclamado al Gobierno central que agilice el último permiso que hace falta por parte de la Agencia Nacional del Medicamento para fabricar desde «hoy mismo» el respirador ‘Andalucía Respira’ desarrollado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), profesores de ingeniería de la Universidad de Málaga, médicos de los hospitales universitarios Regional de Málaga y Virgen de la Victoria y perfeccionado por una empresa de alta tecnología con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Igualmente, ha lamentado que de los 100 millones de euros que el Gobierno de España se comprometió a transferir a Andalucía para hacer frente a los gastos hacer frente a esta epidemia en materia sanitaria, de emergencia social y de lucha contra la pobreza infantil, «no nos ha llegado ni un céntimo».

Detalles del Plan 15.000.

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado que la Junta de Andalucía ya perfila los últimos detalles del Plan 15.000 ante un previsible escenario mayor de contagios en la región. En este sentido, el titular de Salud y Familias ha asegurado que «desde el Gobierno de la Junta de Andalucía trabajamos con previsión para que esta situación nos llegue preparados de cara a asegurar una óptima asistencia a la población».

En este sentido, Aguirre ha especificado que, en un escenario de 15.000 contagios, los estudios realizados señalan que se contabilizarían en Andalucía 3.459 hospitalizaciones y 715 pacientes en UCI. «Con estas condiciones, todas las provincias andaluzas estarían preparadas para asumir dicha carga asistencial con distintos planes de contingencia elaborados en base a los recursos de cada zona», según el consejero de Salud y Familias, que cree que «solo en algunas de ellas se llegaría a utilizar recursos externos».

De manera más pormenorizada el consejero ha aseverado que en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla se activarían los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica, contando para ello con la red de recursos habituales de la provincia. En Córdoba, junto a esos planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales se activaría también la transformación de diversos porcentajes de camas de reanimación (UPAR) en camas de UCI.

Misma situación que en Granada y Málaga aunque en estos casos los planes de contingencia serían a nivel toda la provincia. Por último, en Jaén se activarían planes de contingencia específicos de los centros asistenciales y la transformación de camas de UPAR en UCI, tanto de centros públicos como privados con la intención de trabajar ya en él desde el próximo miércoles con motivo de la reunión del Consejo de Gobierno.

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha vuelto a dirigirse por carta a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta vez para sugerir nuevas medidas que aclaren y agilicen la tramitación de los ERTE, como la emisión de nóminas semanales en vez de mensuales para que puedan cobrar el mayor número de afectados, dado el aluvión de solicitudes recibidas desde que se aprobara el decreto de alarma el 14 de marzo.

En Andalucía, ya se han recibido 88.650 de solicitudes que afectan a 427.000 trabajadores. Gracias a un dispositivo de 527 funcionarios y una plataforma telemática simplificada para la presentación de ERTE, ya ha sido posible la resolución de más del 41% de estos expedientes.

Competencia del SEPE.

Dada la excepcional situación, la consejera Rocío Blanco resalta que la competencia exclusiva para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se integra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sin que las comunidades autónomas puedan realizar dicha gestión.

Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ha diseñado, a través de su regulación normativa, un sistema excepcional para tramitar el reconocimiento de las prestaciones por desempleo de forma que sean las empresas las que se dirijan al SEPE con la relación de trabajadores afectados por los ERTE, adjuntando la cuenta bancaria y la autorización de los mismos.

En ningún momento la Consejería de Empleo ha recibido ninguna comunicación de cambio de normativa, ni ninguna instrucción que suprima la obligatoriedad de la inscripción en los Servicios de Empleo autonómicos por parte de los demandantes de empleo, requisito que recogen las normas en vigor para poder acceder al cobro de prestaciones por desempleo (LGSS 8/2015 art 266 y 299 y RD 625/195 art 28).

En este sentido, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, pese a haber manifestado en anteriores comunicaciones a la ministra de Trabajo la existencia de mecanismos más ágiles y eficaces para la hacer frente a la dramática situación que se está viviendo, ha colaborado de manera absolutamente leal con el Ministerio, cumpliendo de forma escrupulosa la normativa publicada durante el estado de alarma que regula los ERTE, con el objetivo esencial de que los trabajadores andaluces nunca se vean perjudicados.

Petición de aclaraciones.

No obstante, a raíz de distintas declaraciones que se han producido en los medios y que han creado confusión entre los trabajadores, la consejera solicita en su carta enviada este lunes al Ministerio de Trabajo que, como único órgano competente en la materia, aclare si los trabajadores han de solicitar o no la inscripción como demandantes de empleo para poder acceder a la prestación por desempleo, de forma que ellos sepan con seguridad si tienen que realizar o no dicho trámite.

A la espera de su respuesta, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mantendrá abierta la posibilidad de inscripción telefónica y telemática, para dar estricta cobertura a todas las personas trabajadoras de Andalucía, garantizando sus derechos y el cumplimiento de la norma vigente, y sin que ello suponga un obstáculo o un retraso en la gestión de la prestación, gestión que compete en su totalidad al Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, dada la excepcional situación, la consejera de Empleo aconseja en su carta que se reduzca en lo posible la carga administrativa y que las personas trabajadoras andaluzas accedan a la prestación lo antes posible.

Nóminas semanales.

Además, propone que se arbitre la emisión de nóminas semanales, en lugar de una mensual, para que se posibilite el cobro de la prestación de desempleo del mayor número de trabajadores afectados por los ERTE. Las propuestas se dirigen a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ser de su exclusiva competencia el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Otros colectivos.

La misiva dirigida a la ministra también pone de relieve que «Andalucía cuenta con un tejido productivo más débil que el resto de España, con un menor peso de la industria y un mayor volumen de actividades de temporada como el turismo, que imprimen un carácter más estacional y de menos solidez al empleo en nuestra comunidad autónoma, incidiendo en la alta tasa de contratación temporal que supera el 34%».

Y en ese sentido, la Consejería de Empleo propone una serie de medidas para que las adopte el Ministerio de Trabajo «que ayudarían a la mejora de la actual situación provocada por el estado de alarma», tales como «arbitrar un mecanismo para proteger a todos los trabajadores fijos discontinuos» o «eliminar la necesidad de mantener el empleo durante seis meses a contar desde la vuelta a la actividad, o se opte por otra fórmula que salvaguarde el empleo».

Se suman estas propuestas a otras remitidas en anteriores cartas al Ministerio de Trabajo en las últimas semanas, y que inciden en la necesidad de apoyar a los trabajadores autónomos, así como a las personas trabajadoras incluidas en el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General, no incluidas en ningún expediente de ERTE.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado hoy en rueda de prensa que el objetivo de esta semana es consolidar el proceso de ralentización en el que ha entrado la evolución del COVID-19. Así, ha recordado que desde el primer día en el que se decretó el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, se ha pasado de un incremento de casos del 22% a tener un 3% en el día de hoy. «Las medidas que ha tomado el Gobierno han funcionado y han beneficiado al conjunto de los españoles», ha afirmado.

En esta línea, Illa ha recordado que «nos enfrentamos a la mayor emergencia sanitaria en cien años y hemos sido el primer país de Europa en decretar el Estado de Alarma». Además, ha hecho balance subrayando que se han llevado a cabo compras de material por un importe de 845 millones de euros y que se han dictado 34 órdenes e instrucciones en cuatro ámbitos.

El ministro de Sanidad se ha referido a un primer bloque de medidas destinado al refuerzo del Sistema Nacional en el que ha mencionado la puesta a disposición de los consejeros de Sanidad de las CCAA de la sanidad privada de forma complementaria a los centros públicos, así como de 70.000 profesionales sanitarios de distintos ámbitos e instalaciones hoteleras para ampliar la capacidad asistencial o servir de apoyo logístico.

En el suministro de materiales, el ministro de Sanidad ha afirmado que se han llevado a cabo compras por un importe de 845 millones de euros y ha subrayado: «Se ha trabajado en la activación de la producción nacional y hemos conseguido a fecha de hoy un suministro regular y permanente de tres tipos de productos: equipos de protección individual, equipos de ventilación mecánica y test».

Respecto a los primeros, Salvador Illa ha informado de que se ha llegado a un acuerdo con una empresa nacional para que se fabriquen 60 millones de mascarillas a lo largo de seis meses. Y en equipos de ventilación mecánica se ha conseguido pasar de la fabricación de 10-15 respiradores/diario a 100 unidades/diarias con la empresa Hersill.

En cuanto a los test, Illa ha hecho hincapié en que el principal objetivo en el que se está trabajando actualmente es en la fabricación nacional de kits de extracción. Además, ha explicado que las PCR son las pruebas más fiables y los test rápidos son complementarios. «Se están distribuyendo un millón de estos últimos a todas las CCAA entre ayer y hoy. Con ello se incrementará entre un 30 y un 40% las PCR que se podrán realizar ya que los test rápidos que den resultado positivo ya no tendrán que hacerse PCR», ha indicado.

También se han elaborado iniciativas en el ámbito de los sistemas de información, esenciales para la toma de decisiones y proporcionar información a la ciudadanía aunque ha subrayado que «estamos en una mejora permanente».

El ministro de Sanidad se ha referido de forma especial a las residencias de mayores, un sector frágil de la población en el que se han llevado a cabo iniciativas desde el primer momento. Así, el pasado 5 marzo se estableció un protocolo con todas las CCAA al que siguieron tres instrucciones que han puesto al servicio de la autoridad pública estas empresas privadas. Respecto a la etapa de desescalado Salvador Illa ha explicado que el Gobierno está trabajando desde cuatro áreas: la prudencia, la evidencia científica disponible, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y anticipando futuros escenarios.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha comenzado el reparto de 150.000 mascarillas quirúrgicas procedentes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta entre taxistas, vehículos de turismo con conductor (VTC), los tres metros andaluces (Sevilla, Málaga y Granada) y transporte de mercancías, regular y discrecional por carretera para que los trabajadores de estos colectivos puedan seguir desarrollando su actividad con una adecuada protección frente al riesgo de contagio por el coronavirus (Covid-19).

El dispositivo puesto en marcha para la distribución de estas 150.000 mascarillas arranca hoy con el reparto en las delegaciones territoriales de las primeras 64.200, además de otras 41.895 unidades que la Federación de Transportistas Fatrans (de transporte de mercancías y con asociaciones en todas las provincias) ha recogido en la nave del operador logístico en Sevilla en una sola entrega. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asistido a la entrega de estas mascarillas en la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Granada y ha resaltado el esfuerzo que está realizando el Gobierno andaluz para garantizar que los trabajadores de estos sectores del transporte puedan desarrollar su actividad con seguridad. Además, ha recordado más del 86 por ciento de las mascarillas que ha distribuido la sanidad pública andaluza son de la Junta; el 4,7 por ciento han sido compradas por el Ministerio de Sanidad y otro 8,8 por ciento, compradas y donadas por Inditex.

El operador logístico que ha realizado el reparto es GS Operador Logístico Grupajes Sevilla, entidad de Distribución de Productos Sanitarios de Medicamentos inscrita en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Esta empresa pertenece a Fatrans y ha realizado la recepción, despaletizado, empaquetado y el transporte a las delegaciones de forma gratuita.

Por provincias, de las primeras 106.095 mascarillas distribuidas, se han repartido 28.939 a través de la delegación territorial de Málaga; 25.152 unidades en la de Sevilla; en Almería han sido 8.200; en Granada, 10.343 unidades; en Jaén se han distribuido 8.685; en Cádiz han sido asignadas 9.843; en Córdoba, 10.601 y en Huelva se han repartido 4.332 mascarillas .

Por sectores, 60.395 mascarillas se destinan al transporte de mercancías, un sector esencial para el abastecimiento de la población, mientras que el sector del taxi dispondrá en este primer envío de 34.450 unidades y los VTC, 850. Los tres metros andaluces repartirán entre sus trabajadores 1.200 mascarillas, , las empresas de autobús discrecional contarán con 2.350 mascarillas y las líneas de autobús interurbano repartirán 6.850 unidades. Estos últimos sectores del transporte son esenciales para los desplazamientos obligados durante la declaración de Estado de Alarma por la crisis del coronavirus.

El criterio seguido para la distribución ha sido el de dos mascarillas por trabajador, de forma que cada uno de los metros andaluces repartirá 400 mascarillas; Fedintra Bus discrecional dispondrá de 2.350 unidades; Fandabús Bus interurbano repartirá entre sus trabajadores 6.850; mientras que la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) distribuirá 28.200; la Confederación de Taxis de la Costa Sol, 2.550; Élite Sevilla, Taxi Radio Aljarafe y APC Aljarafe repartirán 1.650; Élite Granada dispondrá de cien y Élite Málaga y Amat, 1.200. Además, la Asociación Chipiona repartirá 50 unidades; Etaxi Córdoba asignará otras cien; Taxi Rural Córdoba, 450; la Asociación Autónomos Taxi Huelva UATA tendrá 150; Unauto VTC Sevilla, 250; Unauto VTC Málaga repartirá 600 y Fenadismer Mercancías distribuirá entre sus empleados 18.500 mascarillas.

Las 43.905 mascarillas que quedan por distribuir se destinarán a empresas y autónomos que no estén asociados o incluidos en las organizaciones antes citadas.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidiéndole más “agilidad y diligencia” a la hora de repartir el dinero que el Gobierno de España ha concedido a la comunidad autónoma andaluza para la prestación de los servicios sociales que se realizan desde las corporaciones locales. En su misiva, Reyes explica que el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, “hace referencia a un Fondo Social Extraordinario y determina que los recursos que se dediquen a reforzar los servicios sociales prestados por las diputaciones o las corporaciones locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios existentes y otros nuevos”.

En este contexto, el presidente de la Diputación recuerda que “el Consejo de Gobierno acordó que de los 51.718.498 euros dotados por el Gobierno de España para Andalucía, se destinaran a las corporaciones locales 32.053.998,60 euros”, un dinero que “20 días después de la publicación del real decreto aún no tenemos conocimiento de cómo se repartirá y cuánto le corresponderá a la provincia de Jaén, así como su desglose por conceptos y por entidades locales”.

De igual forma, Francisco Reyes manifiesta que “tampoco sabemos qué actuaciones se concretarán y financiarán con estos fondos que gestionará directamente la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias de Andalucía, aunque entendemos que deben llegar a los municipios de nuestra provincia”. Se trata, según argumenta Reyes, “de medidas urgentes y extraordinarias y recursos económicos que ha puesto el Gobierno de España en manos de la Junta de Andalucía para que los distribuya entre unas entidades locales que hemos hecho ya muchos esfuerzos económicos para atender necesidades perentorias y de contención de situaciones dramáticas que requieren urgentemente de este Fondo Social”. Unos esfuerzos que se han dirigido, entre otras actuaciones, a la compra de EPIs, el refuerzo de las plantillas de los centros residenciales, la concesión de ayudas por emergencia social, “necesidades a las que hemos de seguir anticipándonos para dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas”, remarca Francisco Reyes.

Por eso, y “desde la más absoluta lealtad institucional”, el presidente de la Diputación le ha pedido a Moreno Bonilla “diligencia para hacer frente al impacto económico y social que el Covid-19 está provocando en la provincia de Jaén y en sus 97 ayuntamientos”.

Esta misma misiva la ha enviado Francisco Reyes junto a otra carta que ha remitido al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la que le solicita que “actúe e interceda por las entidades locales ante la falta de diligencia de la Junta de Andalucía” en el reparto de estos fondos, ya que “habiendo transcurrido 20 días desde la publicación del real decreto gubernamental, aún no tenemos conocimiento de la cantidad que se va a asignar a la provincia de Jaén de estos recursos económicos extraordinarios del Gobierno de España”.

El presidente de la Diputación lamenta que de esta forma “los fondos destinados a cubrir las consecuencias sociales que ha acarreado la pandemia del Covid-19 en nuestros municipios van a llegar tarde y, por tanto, perderán parte de su eficacia dado que nuestros ayuntamientos y la propia Diputación están al límite por las nuevas necesidades sanitarias que ha provocado este coronavirus”.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha abonado 698.226 euros a los colegios de abogados y procuradores por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al cuarto trimestre de 2019 en Jaén. En toda Andalucía, la cuantía por este servicio en el último trimestre del año ha sido de 12,6 millones de euros.

De esta forma, la Consejería cumple con los plazos anunciados por el vicepresidente de la Junta y responsable de Justicia en Andalucía, Juan Marín, quien la semana pasada anunció que el pago de las certificaciones correspondientes al último trimestre del año pasado se harían en plazo y ponía como fecha tope el 15 de abril, lo que supone que se va a ejecutar diez días antes de lo previsto.

En 2019 la Junta ha abonado más de 49 millones de euros por este servicio en Andalucía, que prestan en toda la comunidad autónoma más de 10.000 profesionales, entre abogados y procuradores, y del que se benefician anualmente más de 300.000 personas. En Jaén, la cuantía supera los 2,5 millones de euros.

Del total pagado por los servicios del cuarto trimestre de este año en la provincia jiennense, al igual que sucede en el resto de la comunidad, la mayor parte -628.634 euros- se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores reciben 69.591 euros.

En concreto, los profesionales de la abogacía recibirán 434.647 euros por el turno de oficio, 147.490 euros por el turno de guardia y 46.497 euros por los gastos de funcionamiento del colegio. Por su parte, a los procuradores les corresponde 64.947 euros por el turno de oficio y 4.644 euros por los gastos del colegio.

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, ha destacado que la Consejería “ha cumplido una vez más con los profesionales de la abogacía y la procura abonando las cuantías por el cuarto trimestre de 2019 “incluso antes de la fecha anunciada”. “En momentos tan complicados como los que vivimos necesariamente teníamos que estar a la altura de las circunstancias, y ante el hecho de que la actividad de estos profesionales se ha visto mermada desde la Consejería se han desplegado todos los medios a su alcance”, ha asegurado. Por último, Ontiveros ha agradecido “el esfuerzo y la dedicación” de estos profesionales al servicio de la Justicia.

Desde que comenzara la crisis sanitaria y en prevención para evitar la saturación del servicio, las salas de Emergencias 112, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se han reforzado con un incremento de la plantilla de hasta un 100 por ciento en los centros regionales y de hasta un 125 por ciento en algunos provinciales, durante los días de más actividad del servicio.

Además los centros, tanto regionales como provinciales, cuentan con el apoyo en sala del personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), así como de personal sanitario voluntario de Cruz Roja, con el objetivo de prestar una mejor atención a la ciudadanía.

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha agradecido el «gran esfuerzo» realizado por el personal del servicio de Emergencias 112, del que ha destacado «su entrega y profesionalidad» en una situación tan complicada como la que está atravesando el país.

Las llamadas relativas a coronavirus recibidas en el Teléfono de Emergencias se derivan desde las salas del 112 a las líneas habilitadas para ello: el teléfono 900 400 061 (si presenta síntomas, ha estado en relación con algún paciente con coronavirus o viene de alguna zona de riesgo) y al teléfono 955 545 060 de ‘Salud Responde’ (para cualquier otro tipo de información). Desde la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se insiste en la necesidad de realizar un uso responsable de los teléfonos para que las líneas sólo de emergencias, como es el 112, puedan responder de forma rápida y eficaz en estos casos.

Más de 24.000 llamadas relacionadas con el coronavirus.

El Teléfono Único de Emergencias 112 ha registrado en marzo un total de 24.150 llamadas de ciudadanos relacionadas con el coronavirus, lo que supone el 7,78 por ciento del total de avisos atendidos en las salas durante este periodo de tiempo, en el que se han contabilizado 310.395 llamadas. Desde el 112 se han gestionado en este periodo un total de 72.673 emergencias, de las que el 9,5 por ciento (6.939) estaban relacionadas con el coronavirus.

La jornada con más actividad en las salas del 112 fue el día 13 de marzo, cuando se llegaron a contabilizar hasta 13.601 llamadas, de las cuales, el 27,8 por ciento (3.779 avisos) hacía referencia a aspectos referentes sobre el coronavirus.

En el reparto territorial, Málaga se sitúa a la cabeza con 7.658 llamadas sobre coronavirus recibidas en este periodo de tiempo, lo que supone casi el 32 por ciento del total; seguida de Sevilla con 5.919 avisos, que representa el 24,5 por ciento del total. Le siguen las provincias de Granada con 2.686 (el 11 por ciento); Cádiz con 2.576 (10,6 por ciento); Almería con 1.393 (el 5,7 por ciento); Córdoba con 1.283 (el 5,3 por ciento); Jaén con 1.170 y Huelva con 1.167 (el 4,7 por ciento en ambos casos).

El 112 es un servicio público que, a través de un teléfono único y gratuito, atiende de forma permanente en toda Andalucía cualquier situación de urgencia y emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. El Teléfono Único de Emergencias está disponible los 365 días del año las 24 horas del día.

Emergencias 112 ofrece un servicio de atención multilingüe en inglés, francés, alemán y árabe, además de en castellano para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz.

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad perteneciente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, financió el año pasado 94 proyectos empresariales de jóvenes andaluces por valor de más de 450.000 euros (450.339,32 euros) gracias al programa ‘Innovactiva 6.000’.

Por provincias, Almería recibió 51.603,38 euros para la puesta en marcha de 11 proyectos; Cádiz un total de 60.666,05 euros para 15 proyectos; en Córdoba se financiaron 13 proyectos por valor de 51.523,76 euros; Granada recibió 54.074,47 euros para la gestión de 12 proyectos. Por su parte, Huelva ha puesto en marcha 10 proyectos por valor de 53.554,07 euros; la provincia de Jaén recibió 61.406,34 euros para 12 proyectos; en Málaga se financiaron 10 proyectos en un total de 10 proyectos, mientras que Sevilla ha recibido 61.755 euros para 11 proyectos.

Se trata de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para personas jóvenes andaluzas o residentes en la región, con vistas a la puesta en marcha de iniciativas empresariales a través de la creación de empresas con forma jurídica societaria -cuyo domicilio social radique en Andalucía-, o bien, para constituirse como autónomos.

Con ‘Innovactiva 6.000’ son subvencionables las actuaciones encaminadas a la constitución de las empresas y también aquellas actuaciones encaminadas a la puesta en funcionamiento de la nueva empresa tales como la adquisición de equipos informáticos, mobiliario e inmovilizado material e inmaterial, entre las que se encuentran licencias de software, software, dominios web, maquinaria, leasing, propiedad industrial, obras de adaptación y mejora de infraestructura propia o elementos de transporte.

Autónomos afectados por la pandemia.

Por otra parte, el IAJ va a flexibilizar la interpretación de la obligación de acreditar la permanencia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante dos años ininterrumpidos. En concreto, esta flexibilización se aplica a determinados jóvenes beneficiarios de las ayudas del programa ‘Innovactiva 6.000’ que hayan tenido que darse de baja como autónomos como consecuencia de la crisis ocasionada por el Covid-19, según la resolución de 31 de marzo dictada por su director general, David Morales.

Para ello, los jóvenes beneficiarios de la subvención ‘Innovactiva’ deberán entregar un Informe de Vida Laboral o certificación emitida por la mutualidad correspondiente. También una memoria donde se justifique que la interrupción de la situación de alta como trabajador autónomo se deriva de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia del coronavirus.

Esta medida de flexibilización para los jóvenes autónomos se adopta teniendo en cuenta el marco normativo del ‘Innovactiva 6.000’ (BOJA número 96, de 21/05/2018), que establece para la modalidad de constitución como empresario individual autónomo que los beneficiarios de las ayudas acrediten su permanencia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante 24 meses ininterrumpidos desde la fecha de alta.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantendrá el pago como festivo y compensará con días libres el trabajo en los días de Semana Santa para el personal que realiza su labor en este periodo. Así se recoge en las instrucciones que la Dirección General de Personal ha enviado a los centros sanitarios para que puedan planificar la actividad en estos días.

Las direcciones de los distintos centros asistenciales organizarán a sus plantillas, en función de la presión asistencial y circunstancias derivadas de la pandemia. En cualquier caso, se mantienen los derechos laborales de los trabajadores que continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a los días festivos y además se les compensará con días libres estas jornadas.

Estos días libres podrán solicitarse cuando el trabajador lo desee una vez finalizado el Estado de Alarma y la situación excepcional actual de pandemia. Estas instrucciones han sido comunicadas a las organizaciones sindicales y, desde la Dirección General de Personal, se agradece la colaboración de estas entidades para la adecuada difusión de esta información.

La Mesa Sectorial de Educación, reunida hoy mediante videoconferencia, ha acordado trasladar las oposiciones previstas para el próximo mes de junio, correspondiente a los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, a 2021, como consecuencia de la crisis por el Coronavirus. Igualmente, las oposiciones al Cuerpo de Maestros, previstas para el verano de 2021, han sido pospuestas a 2022.

La decisión se enmarca dentro del trabajo de coordinación que se está desarrollando con el resto de comunidades autónomas para establecer criterios de consenso. No obstante, se mantienen para este año los procesos correspondientes al Acceso a Cátedra de Conservatorios Superiores y para el Cuerpo de Inspectores, con la intención de activarlos en el momento en que sea posible en función de la evolución de la crisis por la pandemia.

A la Mesa Sectorial han asistido por parte de la Consejería de Educación y Deporte la viceconsejera, María del Carmen Castillo, y el director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Juan Carlos Aunión. En la misma, la Consejería se ha comprometido a que la oferta de plazas para las oposiciones de Secundaria, FP y Régimen Especial se mantenga en los términos ya anunciados, y en esa línea estudiará la posibilidad de publicar la convocatoria a lo largo de este año, a la espera de las decisiones que pueda tomar el Ministerio de Educación y Formación Profesional.