FACUA Andalucía critica el plan del Gobierno andaluz de destinar dinero público a la banca para llevar sucursales móviles a 110.000 personas en 85 municipios que ya no disponen de una oficina bancaria debido al progresivo cierre de bancos y retirada de cajeros en las zonas de menor densidad de población que se está dando en el conjunto de España en perjuicio de los consumidores.

El plan Cajeros para los pueblos anunciado por el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se aplicará junto a las ocho diputaciones provinciales y las entidades financieras interesadas en participar de la línea de subvenciones orientada a la provisión de servicios financieros físicos con la instalación de cajeros automáticos en 25 municipios de la provincia de Almería, dos de Cádiz, tres de Córdoba, 17 de Granada, cinco de Huelva, uno de Jaén, 27 de Málaga y cinco de la provincia de Sevilla que no disponen de cajeros ni de sucursal bancaria.

La federación reprueba que la administración tenga que salir al rescate con fondos públicos de las prestaciones y servicios que la banca, para maximizar sus beneficios, está dejando de ofrecer. Así, mientras se reparten ingentes cantidades de dinero en beneficios, el proceso de reestructuración y reformulación del negocio bancario se basa en dejar en suspenso la atención personalizada, desmantelando oficinas y retirando cajeros de los municipios, entre otras medidas.

Con esta propuesta, que arrancará en 2024 según la previsión del Gobierno andaluz, se premia a la banca en la política de exclusión financiera que han llevado a cabo. Desde 2008 han desaparecido 3 de cada 4 sucursales en España. Sin embargo, la administración andaluza dejará en manos de las propias entidades bancarias la gestión de estos servicios que se abonarán con dinero público, pues ha previsto alcanzar acuerdos con bancos y con las diputaciones provinciales para costear el sostenimiento de cajeros automáticos.

Barreras de acceso a servicios financieros.

FACUA Andalucía subraya que en los últimos años se han generado importantes barreras de acceso a dichos servicios y un ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos, entre ellos el colectivo de personas mayores y el de aquellas otras que presentan algún tipo de discapacidad o impedimento que les limita el uso de herramientas digitales.

La medida tampoco garantizaría el acceso a la banca, dado que el objetivo que se proponen es subvencionar la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en localidades sin sucursal bancaria, una cuestión que no salvaría la brecha digital para diversos colectivos con condicionantes sociales, que quedarían de igual modo excluidos de los servicios financieros al no disponer de una atención personal y accesible.

Al cierre de sucursales se unen otras políticas que ensanchan la brecha, como las restricciones para la atención personal, incremento del cobro de comisiones por operaciones en ventanilla, derivación a cajeros automáticos o banca en línea, o los sistemas de citas previas. Cuestiones que obstaculizan operaciones tan básicas y comunes como la disposición de efectivo, cobro de pensiones, pagos de recibos, transferencias o gestiones vinculadas a préstamos y créditos hipotecarios y personales.

Abusos de los mercados.

Con estas actuaciones, la banca abusa de su posición en el mercado y está excluyendo de la prestación de servicios a personas de más de 65 años, con determinadas discapacidades, bajos niveles de formación, limitadas habilidades digitales, menor nivel de renta (especialmente mujeres), dificultad de acceso a internet, con residencia en núcleos rurales y poco poblados, que no cuentan con el apoyo de familiares o conocidos, al carecer de ayuda y orientación personal para usar las herramientas digitales.