Inicio Andalucía El PSOE logra un acuerdo para incorporar medidas contra la exclusión financiera de los mayores en la Ley de Consumidores Vulnerables.

El PSOE logra un acuerdo para incorporar medidas contra la exclusión financiera de los mayores en la Ley de Consumidores Vulnerables.

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El PSOE logra un acuerdo para incorporar medidas contra la exclusión financiera de los mayores en la Ley de Consumidores Vulnerables.
El Senado refuerza así la protección de las personas mayores. Foto: Pixabay.

El Senado ha aprobado la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica, que incluirá un plan de inclusión financiera para los colectivos más expuestos, pero especialmente, para las personas mayores. La propuesta socialista prevé que el Gobierno promueva, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, medidas legislativas que garanticen la atención personalizada a mayores y otras personas que puedan necesitarlo.

El acuerdo prevé que el Gobierno promueva, en coordinación con el Banco de España y con el sector financiero, un plan de medidas concretas como las que venían demandando las asociaciones y colectivos de personas mayores, y más recientemente, el médico jubilado Carlos San Juan.

Este plan prevé que el cierre de oficinas no suponga el cierre de cajeros automáticos en la calle, y que haya más personal de apoyo para ayudar a quienes no tienen habilidades digitales a la hora de operar en estos dispositivos o cualquier otro. La enmienda transaccional propuesta por los socialistas sobre enmiendas de otros grupos prevé además instalar señalización que priorice el acceso a los cajeros de personas vulnerables, y generar una reserva específica de cajeros para uso exclusivo.

Atención presencial y seguridad contra robos y estafas.

Se tomarán medidas de seguridad “para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas online”, y “cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad, y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera”.

El plan también incluirá “cuantas medidas se consideren oportunas para acercar los servicios financieros a todas las personas, especialmente en el medio rural, hacerlos más accesibles, teniendo en cuenta, sobre todo, las necesidades de las personas con discapacidad y las personas mayores”.

El acuerdo recoge también que el Gobierno “continuará impulsando entre las líneas de actuación estratégica de la sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A., iniciativas para evitar la exclusión financiera de los consumidores en situación de vulnerabilidad”. La enmienda socialista recoge específicamente varias medias para que las oficinas de correos instalen cajeros automáticos o permitan la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo, mediante acuerdos de colaboración suscritos con las entidades bancarias.

Etiquetado en braille.

La Ley de Consumidores Vulnerables deberá ahora volver al Congreso para su aprobación definitiva pues ha sido modificada mediante enmiendas en el Senado, entre ellas otra enmienda socialista que prevé la incorporación del braille en el etiquetado de productos de consumo, como pedían los representantes de personas con discapacidad agrupados en CERMI.

El objetivo es revertir el déficit de protección de las personas con discapacidad visual como consumidoras vulnerables, si bien la disposición objeto de enmienda prevé extender esta protección a cualquier otro colectivo que en el futuro precise de un etiquetado específico.

La enmienda socialista fija que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se desarrolle un etiquetado en alfabeto braille y en otros formatos “que garanticen la accesibilidad universal”, en aquellos bienes y productos de consumo que, por su “relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual” puedan suponer un riesgo.

Según ha explicado el senador Manuel Fernández Palomino, la enmienda del PSOE pone plazos y deja abierto el camino a incorporar nuevas situaciones que favorezcan la accesibilidad de otros colectivos vulnerables. Se recoge así una reivindicación expresada por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), cuyos responsables se reunieron con la portavoz socialista en la Cámara Alta, Eva Granados.

Un 39% de consumidores son vulnerables.

Según un estudio de la Comisión Europea, el 39% de la población española está considerada “consumidor vulnerable”, una de las tasas más altas de Europa. Esto sitúa a España en la tasa de los países del Este, mientras que Portugal, Italia o Malta tienen menores tasas de vulnerabilidad.

La normativa europea obliga a proteger no sólo a quien es vulnerable en razón de aspectos económicos. Consumidor vulnerable es quien, en sus relaciones de consumo, se encuentra en desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales.

Personas del ámbito rural, con dificultades para comprar online, con bajo nivel educativo para la firma de contratos complejos o sin acceso cercano a entidades financieras son, junto a menores de edad y personas con intolerancias o alergias alimentarias, consideradas consumidoras vulnerables. La ley considera que tienen menos recursos que otras personas frente a la venta de productos financieros o a las técnicas agresivas de publicidad, que pueden “distorsionar”, en palabras del senador socialista, “la voluntad de niños, adolescentes, mayores, personas con discapacidad y personas cuyos escasos recursos económicos les lleven a tomar decisiones viciadas por vendedores y empresarios”.

Obligación de ayudar a comprender contratos.

La ley incluye por primera vez de forma expresa la obligación de las empresas de prestar los apoyos necesarios a estos consumidores, a fin de que comprendan correctamente el contenido de los contratos que firman. Las campañas informativas y divulgativas de las administraciones deberán prestar especial atención a sectores que tengan una mayor proporción de consumidores vulnerables, como es el caso del sector financiero.

Además, las administraciones deberán tener en cuenta las especificidades de los consumidores vulnerables a la hora de establecer mecanismos de resolución de controversias.

La protección al consumidor vulnerable se enmarca en el marco del escudo social desplegado por el Gobierno de España, a fin de garantizar una recuperación justa tras la crisis del Covid-19, mediante la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas. Esta ley sienta también las bases para desarrollos reglamentarios posteriores con el fin de reducir las barreras y garantizar los derechos de las y los consumidores.

Terminado el debate y producida la votación -157 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones- con la inclusión de varias enmiendas, el proyecto de Ley deberá volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

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