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Igualdad impulsa un grupo de trabajo con entidades bancarias para mejorar la atención a los mayores.

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Igualdad impulsa un grupo de trabajo con entidades bancarias para mejorar la atención a los mayores.
La consejera Rocío Ruiz asistió en Cádiz a los actos oficiales de conmemoración del 50 aniversario del CPA La Caleta. Foto: Junta de Andalucía.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado el compromiso de las entidades bancarias con presencia en Andalucía para avanzar de forma conjunta en la mejora de la atención a las personas mayores, a fin de paliar la brecha digital y agilizar las gestiones cotidianas que tiene que realizar este grupo de población.

La Consejería lidera desde el pasado año una mesa de trabajo con las entidades del sector que, entre otras acciones, ha acordado impartir talleres de formación financiera y digital en los 168 centros de participación activa (CPA) repartidos por la comunidad, con especial atención a las zonas rurales.

Ruiz ha participado en Cádiz en los actos oficiales de conmemoración del 50 aniversario del CPA La Caleta, donde ha descubierto una placa de honor. Durante su visita al centro, ha celebrado que las entidades bancarias radicadas en la comunidad se hayan reunido -por vez primera en doce años- con el foco puesto en brindar una atención preferente a un grupo tan vulnerable. Las personas mayores representan el 17,7% de la población en Andalucía en estos momentos, y en 2040 crecerán hasta suponer el 28,6% del total.

«Hemos comprobado que es posible encontrar iniciativas de atención a estas personas que se alineen además con los criterios y valores de responsabilidad social corporativa y la sensibilidad social que impregna la actividad del sector bancario», ha señalado la consejera. En las reuniones han participado hasta ahora, gracias a la intermediación del Banco de España, entidades como Caixabank, Banco Santander, Cajasur-Kutxbank, Ibercaja, Caja Rural del Sur, BBVA, Fundación Cajasol y Unicaja Banco.

En este sentido, Ruiz ha explicado que el grupo de trabajo creado el pasado otoño responde a la escucha activa de las solicitudes del Consejo Andaluz de Personas Mayores y de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores en Andalucía, que se han pronunciado en diversas ocasiones sobre la brecha digital y la dificultad de acceso a algunos trámites bancarios. «Por eso quisimos adelantarnos y dialogar con las entidades en busca de soluciones», ha dicho la consejera, quien ha valorado el «compromiso de estas entidades para ofrecer una atención individualizada y de calidad a este grupo de población».

Fruto de ese compromiso son los talleres de formación bancaria y nuevas tecnologías que se llevarán a cabo en la red de CPA de la comunidad, que cuentan con más de 460.000 personas asociadas. Serán ofrecidos por personas voluntarias y utilizando como punto de partida material didáctico elaborado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, desde la Consejería de Igualdad se realizará una prospección entre esas personas usuarias de los centros de participación para concretar los puntos más interesantes a abordar en esas acciones formativas.

Detectar casos de aislamiento.

Además de colaborar con los cursos, las entidades bancarias se han involucrado también en la puesta en marcha del Protocolo de Detección de Soledad No Deseada de las Personas Mayores, una iniciativa implantada para combatir el aislamiento forzoso de parte de este grupo de población. Un estudio de la Consejería de Igualdad señala que el 47% de los y las andaluzas mayores de 55 años sufren soledad no deseada, y que ese sentimiento aumenta con la edad, siendo especialmente preocupante a partir de los 80 años. Asimismo, un 15% se encuentra en riesgo de aislamiento social, cifras que aumentan entre los grupos de mayor edad como consecuencia de la rotura o pérdida de la red de amistades y una menor frecuencia de los contactos.

«Se trata de aprovechar la proximidad en el trato y la cercanía de la plantilla de estos organismos para que ayuden a dar la voz de alarma», ha señalado la consejera. De esta forma, la Consejería formará al personal de las entidades bancarias para detectar estos posibles casos de aislamiento.

El Protocolo de Soledad No Deseada busca incorporar al entorno social de las personas mayores para detectar esos posibles casos de aislamiento. «Queremos incorporar el sentido de comunidad para romper esa situación de soledad no deseada que viven muchas de nuestras personas mayores, favorecer la promoción del envejecimiento activo y mejorar de la calidad de vida y bienestar mental», ha señalado.

Así, el proyecto persigue la creación de redes comunitarias en las que, además de las entidades bancarias, participen los agentes sociales, vecinales, familiares, los CPA, los comercios e incluso los médicos, a fin de «para detectar esos casos y crear un mapa de personas que se encuentran en esa situación para darles una respuesta». «Es un reto ambicioso, pero necesario, porque una sociedad digna no puede permitir que sus personas mayores estén en situación de soledad», ha señalado Ruiz, quien ha valorado la importante labor que realizan los CPA como elemento socializador.

Plan Integral de Personas Mayores.

La consejera ha recordado que la atención a las personas mayores ha sido una de las prioridades del Ejecutivo andaluz en esta legislatura, como demuestra la puesta en marcha del I Plan Estratégico Integral 2020-2023. Una iniciativa que llega «20 años después de que lo mandatara la ley» y dotada con 164 millones de euros «para hacer políticas transversales que permitan que nuestros mayores sigan siendo un activo social, sigan participando plenamente en la vida y tengan unos recursos públicos de calidad».

El Protocolo de Soledad No Deseada es una de las acciones incluidas precisamente en este plan estratégico, que pone además el acento en la prevención de la dependencia y el mantenimiento de la máxima autonomía posible para las personas mayores al apostar por un modelo desinstitucionalizado, de forma que estas personas puedan escoger cómo y dónde quieren pasar esta etapa de su vida y tengan a su disposición los recursos pertinentes. Incluye también medidas para prevención de los malos tratos, la atención a la vulnerabilidad o la defensa de los derechos de los mayores LGTBI.

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