Inicio Andalucía Más de 600 autónomos y pymes andaluzas reciben préstamos garantizados al 100%.

Más de 600 autónomos y pymes andaluzas reciben préstamos garantizados al 100%.

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Préstamos a autónomos
El consejero Juan Bravo, durante la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento. Foto: Junta de Andalucía.
Más de 600 autónomos y pequeñas empresas andaluzas se han acogido en sus primeros días de funcionamiento al programa de préstamos avalados al 100% que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha con el objetivo de ayudar a ambos colectivos a compensar los efectos que el estado de alarma ha provocado en su actividad, con dificultades de liquidez ocasionadas tanto por la disminución de la actividad y la caída de ingresos como por la dificultad de acceso al crédito.

En concreto, son ya 620 las operaciones tramitadas por las entidades financieras y tramitadas por la sociedad de garantía recíproca Garántia, a través de la cual el Gobierno andaluz ha articulado esta línea de créditos garantizados al 100% por la propia Garántia. Una línea de préstamos que contempla operaciones de hasta 50.000 euros, con hasta un año de carencia y un plazo de hasta cinco años para su devolución. Desde la firma del convenio, el pasado 31 de marzo, y hasta el pasado martes 14 de abril, el importe total de las 620 operaciones gestionadas se sitúa en 19 millones de euros.

Así lo ha explicado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, durante su comparecencia, a petición propia, en el Parlamento andaluz, donde ha destacado la gran acogida de esta medida, pese a llevar apenas dos semanas operativa (realmente 8 días hábiles debido a la Semana Santa), entre los autónomos y pymes, especialmente micropymes, de toda la región.

«Estamos muy satisfechos. La iniciativa está funcionando razonablemente bien. De hecho, sólo este pasado martes entraron más de 150 operaciones, por importe total de 4 millones de euros. Y todo ello pese a que, dadas las limitaciones de movilidad, algunas entidades financieras no han arrancado hasta esta semana. Nuestra previsión es que el ritmo debería ser creciente, en torno a 1.000 operaciones semanales por importe de 25 millones», ha avanzado Bravo.

En este sentido, el Gobierno andaluz considera imprescindible atender las posibles necesidades financieras de pymes y autónomos para amortiguar el impacto económico de la crisis sanitaria en Andalucía, y para ello acordó transferir 36 millones de euros al Fondo de Provisiones Técnicas de Garántia, de la que es socio mayoritario, para activar esta línea de financiación que está permitiendo avalar operaciones financieras y que generará un efecto multiplicador de hasta 500 millones de euros.

Además del buen ritmo que acumula esta medida, Bravo ha resaltado la rápida evolución, a nivel digital, de toda la Administración andaluza en las últimas semanas con el objetivo de adaptarse a las dificultades que el estado de alarma ha impuesto. «En cuestión de horas, en la Junta se produjo un salto tecnológico que, en otras circunstancias, hubiera costado años y que ha permitido no solo mantener, sino en algunos casos mejorar, la actividad de nuestra Administración», ha explicado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, quien ha recordado que, a día de hoy, hay 69.415 empleados públicos de la Junta teletrabajando con VPN (control remoto a su puesto de la oficina).

Por otro lado, el consejero ha recordado todas las medidas implementadas por el Gobierno andaluz a nivel financiero y tributario para combatir los efectos de la crisis económica, entre las que ha destacado el aplazamiento de tres meses en la presentación y pago de tributos propios y la resolución preferente de aquellos actos administrativos que sean favorables a los contribuyentes y que conlleven devoluciones a su favor.

Finalmente, Bravo ha vuelto a solicitar al Ministerio de Hacienda que convoque con urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera para coordinar las políticas presupuestarias, financieras y de endeudamiento entre la Administración estatal y las comunidades autónomas para abordar la aportación de recursos adicionales por parte del Gobierno central, así como la articulación de los mecanismos financieros necesarios para que todas las regiones puedan hacer frente a la doble crisis que enfrentan por el coronavirus: la sanitaria y la económica.

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