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La Junta de Andalucía destinará 220 millones de euros para la contratación de parados por los ayuntamientos.

Escrito por Redacción Andújar el 24 julio 2018

ayudas para la contratación de parados

Una imagen del Ayuntamiento de Arjonilla. Foto: Antonio Marín.

La Junta de Andalucía destinará 220 millones de euros hasta finales de 2019 a los nuevos planes de contratación de desempleados por los ayuntamientos. El titular de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha informado al Consejo de Gobierno de la próxima publicación en el BOJA de la orden reguladora de estas ayudas, que en la presente edición pasan a denominarse Iniciativas de cooperación local e incorporan como principales novedades un plan específico destinado a mayores de 45 años y acciones de orientación laboral, con subvenciones a las entidades locales para la contratación de personal técnico.

Los incentivos respaldarán la contratación, por un periodo mínimo de seis meses, de desempleados menores de entre 18 y 29 años (101,76 millones de gasto público); de entre 30 y 44 años (61,1 millones), y de 45 o más años (47,8 millones), por parte de los ayuntamientos para desarrollar proyectos de obras y servicios que reviertan en beneficios para la ciudadanía. Para desarrollar estos proyectos, los ayuntamientos contarán con ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato bajo la modalidad de obras y servicios, y dependiendo del grupo de cotización.

En el caso de los jóvenes menores de 30 años, además de encontrarse en situación de desempleo, será requisito figurar en el registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mientras que a los mayores de 45 años se les exige ser desempleado de larga duración (estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante no ocupado durante 180 días en los últimos nueve meses).

Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el municipio donde se desarrolle el proyecto, y dentro de este grupo se primará a los beneficiarios de la renta Mínima de Inserción Social; posteriormente a los desempleados que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses; o los desempleados de larga duración (inscritos como demandantes de empleo en el SAE durante 360 días en los últimos 18 meses, o 180 días en los últimos nueve meses si es mayor de 45 años o están inscritos en el régimen agrario especial).

La Junta también subvencionará a los ayuntamientos la contratación de técnicos de inserción que permitan reforzar con orientación laboral y tutorización la mejora del nivel de empleabilidad de los participantes en los proyectos, una iniciativa que contará con una financiación de 9,45 millones de euros. En concreto, la subvención cubrirá un salario bruto de entre 1.600 y 1700 euros mensuales de estos técnicos, que deberán ser contratados diez días antes de las incorporaciones a los proyectos de los desempleados, y mantenerse hasta veinte días después de la finalización.

Como requisitos para la contratación, los técnicos de inserción deberán contar con una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales, y tener seis meses de experiencia como orientadores laborales o formación en cursos de un mínimo de 50 horas en materia de orientación profesional para la inserción impartida por organismos oficiales o centros homologados.

Los ayuntamientos contarán con subvenciones para contratar a jornada completa a un técnico de inserción con un mínimo de diez desempleados participantes en los proyectos, y no podrá superarse una ratio de un técnico por cada cuarenta desempleados. En el caso de que los ayuntamientos no alcancen el mínimo de diez contrataciones a desempleados, podrán contratar a un técnico o dedicar personal propio a media jornada. En el caso de menos de cinco desempleados, se podrá contratar o disponer de personal propio para las tareas de orientación en un cómputo de veinte horas mensuales.

La Junta adelantará a los ayuntamientos el 75% del coste del proyecto, y el 25% restante se abonará a los seis meses desde que se notifique la concesión de la ayuda, mientras que las entidades locales tendrán que justificar los pagos tres meses después desde que finalice el proyecto. La distribución de los fondos se realizará teniendo en cuenta el nivel de desempleo y el nivel de población de cada localidad, y se incorpora como novedad en esta edición que se añadirá un 10% más para aquellos municipios que tengan las tasas de paro más elevadas.

Las iniciativas de cooperación local forman parte del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción laboral en Andalucía. En la última edición de los planes de empleo bajo la denominación de Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, se han alcanzado los 17.600 contratos a jóvenes menores de 30 años, dentro del Plan Emple@joven, y los 15.360 a mayores de 30 años desempleados dentro del programa Emple@30+.

Junto a estos planes de empleo, la Junta de Andalucía prevé aprobar otra orden regulatoria para poner en marcha Iniciativas de Cooperación Local destinadas específicamente para mayores de 55 años, iniciativa que está previsto que cuente con un presupuesto de 15 millones de euros.

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La provincia de Jaén se beneficiará de una inversión cercana a los 77 millones de Endesa para mejorar el suministro eléctrico.

Escrito por Redacción Andújar el 24 julio 2018

Inversión de Endesa en Jaén

Francisco Reyes, Antonio Pascual, Ana Cobo, Francisco Arteaga y Francesc Alemany. Foto: Diputación de Jaén.

La Diputación Provincial de Jaén ha sido escenario de la presentación del plan de inversiones que Endesa tiene previsto realizar en los próximos tres años en el territorio jiennense, un plan dotado con cerca de 77 millones de euros sobre el que hoy ha informado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, el presidente de Endesa Generación, Antonio Pascual, y el director de Distribución en Andalucía Este de esta compañía, Francesc Alemany.

En este acto, Reyes ha puesto de relieve la relevancia de este plan “que responde a una parte importante de las expectativas y de las necesidades que tiene una provincia como la nuestra”, una “tierra de oportunidades, como se está demostrando con la implantación y la puesta en marcha de nuevas empresas y proyectos, iniciativas que requieren de infraestructuras que se presentan hoy y que abundan en la mejora del suministro eléctrico y de la calidad de los servicios que presta esta compañía”.

Asimismo, Reyes ha señalado el esfuerzo inversor que Endesa va a realizar en distintas zonas de la provincia jiennense y ha mostrado su satisfacción en este acto por “el avance que tras el cambio en el Gobierno central está experimentando un proyecto muy importante para las provincias de Jaén, Granada y Almería, como es la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina”, un proyecto “que es fundamental no sólo para el suministro eléctrico sino también para la evacuación de energía en planta solar, fotovoltaica y eólica”.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha señalado que el plan de inversiones de Endesa para la provincia de Jaén irá dirigido también en la creación de empleo –con en torno a 450 puestos de trabajo–, “y redundará en la mejora de un 20% de la calidad del suministro eléctrico”.

Las inversiones que realizará Endesa para los próximos 3 años en la provincia de Jaén se suman a los cerca de 20 millones de euros que destinará este 2018 al territorio jiennense y que supondrá la instalación de más de 130 telemandos en la red de distribución en media tensión. “Desde la compañía y desde las administraciones estamos en la misma idea de que hay que reforzar las redes para mejorar la calidad del servicio y la potencia disponible y facilitar la evacuación de nuevas producciones de energía eléctrica”, ha señalado Arteaga, que ha puesto de relieve la importancia de invertir en la mejora del suministro eléctrico.

En esta misma línea, Antonio Pascual ha señalado que “Endesa es una de las empresas más antiguas de Andalucía, la que más facturación realiza en nuestro territorio y una de las que más empleos sigue creando, unos 3.000 de manera directa, tenemos 5 millones de clientes y para seguir manteniendo ese número de clientes, tenemos que dar un servicio de calidad, que se da a través de las redes de distribución”, ha señalado Pascual, que ha subrayado el esfuerzo inversor de esta empresa en Jaén “que está por encima incluso de lo que le correspondería por ese número de clientes y que procura responder a las necesidades que nos plantean los mismos y las administraciones”.

Entre las actuaciones futuras que prevé Endesa en la provincia de Jaén, que han sido desgranadas por Francesc Company, destaca la construcción de una nueva subestación en la comarca del Condado, que se suma a la que se pondrá en marcha en breve en Pozo Alcón. Además, se instalarán más de 182 kilómetros de nuevo cableado y se transformarán los sistemas comerciales y técnicos de Endesa en Jaén y se modernizarán sistemas de control remoto de la red de alta tensión, entre otras intervenciones.

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ASAJA-Jaén critica que las ayudas para prevenir los incendios forestales no dan respuesta a las necesidades de los propietarios, los verdaderos encargados de cuidar el monte.

Escrito por Redacción Andújar el 24 julio 2018

Sierra de Andújar

Una imagen de la Sierra de Andújar. Foto: Antonio Marín.

El pasado 11 de julio se publicó la orden que establece las ayudas para la Prevención de Incendios Forestales en Andalucía. Tras seis años sin licitarse estas subvenciones, los interesados tienen apenas dos meses (incluido agosto) para pedirlas. ASAJA-Jaén critica que las ayudas son incompletas y atentan contra los intereses de los gestores de montes, desincentivándolos para su solicitud. La orden elimina la posibilidad de que sean los propietarios los que realicen las tareas de prevención de incendios, obligándolos a contratar a empresas externas En una de las provincias con mayor superficie de monte, la organización agraria insiste en que la Orden de Incendios perjudica a los propietarios, que son al fin y al cabo los que se están encargando con su esfuerzo de mantener el monte limpio a pesar de no contar desde 2012 con las Ayudas Forestales, repetidamente anunciadas pero no publicadas.

Una vez analizada la Orden del 11 de julio para la concesión de subvenciones para la prevención de los incendios forestales en Andalucía y valorando las consecuencias que a futuro va a tener dicha orden de Incendios en los agricultores, Asaja-Jaén critica que, después de seis años sin ser convocada, se trata de una orden incompleta que atenta contra los intereses de los gestores de monte y que los desincentiva para su solicitud.

En un momento del año especialmente complicado como es el verano para la aparición de incendios forestales y en una de las provincias con mayor superficie de monte, Asaja-Jaén no entiende cómo la Consejería de Medio Ambiente publica una Orden de Incendios que perjudica a los propietarios que son al fin y al cabo los que se están encargando con su esfuerzo de mantener el monte limpio a pesar de no contar desde 2012 con las Ayudas Forestales, repetidamente anunciadas pero no publicadas.

Los puntos más lesivos de la Orden detectados por los técnicos aunque existen más, son los que a continuación expone la asociación:

1. Se ha eliminado la posibilidad, que existía anteriormente, de utilizar medios propios para hacer las labores de prevención. En convocatorias anteriores se daban dos opciones, contratar a empresas externas o hacerlo con medios propios. Dentro de la segunda opción había dos variables; que el mismo propietario las ejecute (computando las horas de trabajo) y, otra variable, que es desarrollar el trabajo a través de la empresa de la propia explotación, punto que servía para emplear a los trabajadores de la finca en estas cuestiones. La segunda opción, la concerniente a los medios propios con sus dos variables, se ha eliminado de la Orden por completo.

Asaja-Jaén denuncia que la eliminación de este punto se ha hecho de repente y sin posibilidad de consulta o alegación, porque aparecía específicamente en el borrador y a la hora de sacar la Orden se ha eliminado por completo. El texto eliminado y que aparecía en el borrador es el siguiente:
“Se consideran gastos subvencionables los costes directamente imputables a los conceptos subvencionables recogidos en el apartado 2 de este Cuadro Resumen, abarcando los costes derivados de la contratación de empresas y de la contratación de personal, todos ellos en los términos previstos en el apartado 26f)1º del Cuadro Resumen”.

La eliminación de este punto obliga al propietario a externalizar sí o sí las labores, lo que supone un incremento de coste y redundará en la pérdida de empleo en las explotaciones y una merma en la generación de empleo nuevo. Asimismo, Asaja-Jaén siempre ha defendido que los años avalan la buena gestión de los propietarios y que ellos son profesionales y los que mejor conocen sus fincas y, por tanto, los que han de ejecutar las labores.

2. Los topes máximos subvencionables no se ajustan a la realidad del campo ni se basan en tarifas estándar o usuales, como las de Tragsa o Tarifas de la propia Agencia de Medio Ambiente y Aguas.
Asaja-Jaén desconoce el baremo o tablas que se han utilizado en esta Orden para valorar los trabajos y considera que están muy por debajo del coste habitual. A la organización le parece llamativo que en la ocasiones en las que es la Administración la que licita utilice las tarifas altas, y en esta ocasión que es la que paga, las tarifas sean bajas y fuera de mercado.

3. Tras seis años esperando la publicación de las ayudas, sólo hay dos meses para la solicitud de las mismas y, uno es agosto. Se podrán solicitar hasta el 11 de septiembre.

4. En la Orden se produce un solapamiento con la PAC, es decir, se descuenta de la superficie declarable para las ayudas de la Política Agraria Común toda la superficie que se dedique a cortafuegos.

5. La Orden exige la elaboración de una memoria técnica suscrita por técnico competente, sin tener en cuenta la dimensión de las explotaciones y, por tanto, añade un coste innecesario a las más pequeñas, cuando, por poner un ejemplo, el Plan de Incendios, carece de este requisito para explotaciones de menos de 400 hectáreas, es decir, no tiene que estar suscrito por técnico competente (el mismo propietario puede tramitar el Plan). Asimismo, la elaboración de una memoria técnica no se reflejaba en ninguno de los borradores presentados por la Junta y no ha podido ser objeto de alegaciones. Esta memoria técnica, que supone un coste más que añadir a la inversión a realizar para optar a las ayudas, no tiene razón de ser, ya que los solicitantes ya contarían con un proyecto debidamente aprobado por la administración como son los Planes de Prevención de Incendios Forestales (PPIF) o Plan Técnico de Ordenación, en los que se recogen las medidas preventivas, la vegetación y la infraestructura con la que cuenta cada finca.

6. La Orden contempla actuaciones para ejecutarlas en 2019-2020. Después de seis años esperando, sólo podrán solicitar la ayuda aquellos propietarios cuyo año de ejecución del Plan de Incendios coincida con el 2019. Antiguamente se podían adelantar los trabajos para poder ir llevándolos a cabo.

7. En general, la impresión es que está orientada a favorecer al monte público en detrimento del privado en detalles como:
-El tope máximo de 60.000 €, para una finca privada es complicado llegar, en cambio en el monte público sí.
-El aumento del coste burocrático y los tiempos de espera, por tanto de financiación, es fácil de asumir por una entidad pública y complicado para un particular.

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Diputaciones andaluzas trasladarán al Gobierno su reivindicación sobre regla de gasto e inversión de superávit.

Escrito por Redacción Andújar el 24 julio 2018

Diputaciones

Francisco Reyes junto Ana Carrillo (Córdoba), José Entrena (Granada), Francisco Ruiz Giráldez (alcalde de Tarifa), Irene García (Cádiz), Ignacio Caraballo (Huelva) y Fernando Rodríguez Villalobos (Sevilla). Foto: Diputación de Jaén.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en un encuentro de trabajo con sus homólogos en las diputaciones de Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Granada. En esta reunión, celebrada en Tarifa, se ha acordado solicitar al nuevo Gobierno de España la flexibilización de la regla del gasto y eliminar las restricciones actuales a la hora de aplicar los superávits presupuestarios, petición con la que se suman a las reivindicaciones ya manifestadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En el encuentro se ha incidido en la importancia que tendría el uso de estos recursos, resultado del cumplimiento de las leyes presupuestarias, en el trabajo contra el desempleo en los municipios andaluces.

A su vez, desde este foro de diputaciones se trasladará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la necesidad de realizar un cambio en el reparto de los fondos europeos, ya que el criterio actual no permite el acceso a estos fondos a pequeños municipios y diputaciones.

Por otro lado, las diputaciones participantes en este encuentro han acordado poner en marcha un calendario conjunto de actos con los que celebrar los 40 años de los ayuntamientos y diputaciones democráticos, efeméride que tendrá lugar en abril de 2019. Así como solicitar a las autoridades europeas medidas ante la llegada masiva de inmigrantes a las costas andaluzas.

Junto al presidente de la Diputación jiennense, en el encuentro han participado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García; los presidentes de las diputaciones de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; Huelva, Ignacio Caraballo; y Granada, José Entrena; así como la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Ana María Carrillo.

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La Guardia Civil desmantela una organización dedicada a la producción y venta de vinos falsificados.

Escrito por Redacción Andújar el 24 julio 2018

venta de vinos falsificados

Armas utilizadas en esta operación. Foto: Guardia Civil.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Tag”, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la falsificación, distribución y venta de vinos falsificados de prestigiosas marcas, procediendo a la detención de 4 personas y a la investigación de otras 4 por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la propiedad industrial, contra la salud pública, estafa y blanqueo de capitales.

En la operación se han realizado seis registros de manera simultánea en las provincias de Madrid, A Coruña y Málaga siendo tres de ellos en domicilios de los principales responsables de la red y los otros tres en sedes mercantiles al tratarse de un restaurante y una nave.

En estos registros los agentes han hallado numerosos efectos y documentos relacionados con la investigación, entre los que destacaban más de 1.600 etiquetas falsificadas de diferentes marcas, 28 botellas de vino falsificadas, sellos, tampones, multiherramientas, troqueladoras, moldes y planchas metálicas, etiquetas y contraetiquetas, cajas de embalaje de madera a nombre de una de las empresas perjudicadas, así como diverso material informático e impresoras.

Asimismo, se ha intervenido documentación comercial que acredita las actividades ilícitamente desarrolladas y que permitió comprobar la venta de más de 1.500 botellas de vino de diferentes marcas desde el año 2014, estimando que el grupo ha podido obtener un beneficio de más de un millón y medio de euros.

La investigación se inició el pasado mes de octubre a raíz de una denuncia presentada en la localidad de Navalcarnero (Madrid), por el responsable de una prestigiosa empresa de vino donde manifestaba sus sospechas sobre la venta de botellas de su marca a través de una página web que podían ser falsas.

Venta al público de botellas falsificadas por más de 1.900 euros

Por tal motivo, los agentes pudieron constatar a través del análisis del portal web de venta, como efectivamente se estaba comercializando esta marca y por la que en algunas ocasiones el precio de venta al público de la botella falsificada ascendía a más de 1.900 euros.

Continuando con la investigación, se pudo conocer que había más marcas perjudicadas.

Para la falsificación y venta, la organización adquiría vino con propiedades similares y de la misma denominación de origen pero a un precio mucho más económico. Posteriormente, lo envasaban para en botellas con características similares.

También, adquirían corchos y tapones parecidos a los de las marcas, para serigrafiarlos con una máquina de fabricación casera que habían diseñado para estampar los logos y anagramas. En cuanto a las etiquetas y las contraetiquetas las adquirían en una imprenta de A Coruña, aunque la organización disponía de un taller donde con sistemas informáticos avanzados las conseguían escanear, procesar e imprimir.

Una vez finalizado el proceso de falsificación procedían a la venta y distribución del vino a través de tres vías. La más habitual era mediante un portal web especializado en vinos en el cual algunas de sus botellas se vendían por más 1.900 euros. También utilizaban como establecimiento de venta un restaurante situado en A Coruña, o una página web dedicada a las subastas a nivel internacional.

Cabe destacar, que en los registros practicados se ha encontrado cajas de madera, ceras de lacre, cápsulas de botellas de diferentes colores así como collarines y bases metálicos con los que los encartados adornaban y terminaban las botellas para darles un aire más convincente y exclusivo.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil con destino en el Grupo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que han contado con el apoyo de las Unidades Territoriales de Policía Judicial de Málaga y A Coruña.

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