En su intervención parlamentaria, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado que «Andalucía da hoy un paso más y sigue avanzando en derechos» con normas como ésta, que facilitará el desarrollo de acciones de voluntariado tanto a las personas como a las, aproximadamente, 3.000 asociaciones vinculadas.
Sánchez Rubio ha agradecido a los grupos políticos y a las 238 entidades y asociaciones como a la Plataforma andaluza y las provinciales de voluntariado, Cruz Roja, Cáritas, a las coordinadoras y a la comisión técnica de voluntariado «sus aportaciones y el respaldo al texto desde sus inicios, cuando comenzó a elaborarse el anteproyecto de la ley». Igualmente ha destacado la «implicación y participación activa de los y las jóvenes» durante la tramitación parlamentaria.
En su intervención ante el Pleno, la consejera ha desgranado algunos de los principales aspectos de la nueva ley, como «la apertura a nuevos agentes sociales como centros educativos, empresas, universidades y otros». Así, Andalucía se adapta a «una nueva realidad social que se caracteriza por los nuevos escenarios de participación, cada vez más complejos y cambiantes», debido a la incorporación de las últimas tecnologías principalmente. Fruto de esta nueva realidad es el reconocimiento en la nueva ley del voluntariado digital, ha subrayado la consejera.
Ha recordado también que la norma aprobada por el Parlamento «abarca todo el abanico de la actividad solidaria, hasta reconocer un total de 12 modalidades de voluntariado» y ha hecho hincapié en la actividad relacionada con las personas menores. En este sentido, ha indicado que el objetivo es fomentar el contacto con iniciativas solidarias tanto en la escuela como en contextos de aprendizaje más informales, como los espacios de participación juvenil, dado que estas experiencias a edad temprana son fundamentales para mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida.
Por otra parte, ha recordado que la norma incorpora también disposiciones para favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia. Sánchez Rubio ha resaltado, como aspecto destacado de la ley, la regulación de derechos y deberes tanto de las personas voluntarias como de las destinatarias, de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre las acciones que desean recibir. Para concluir, la consejera ha asegurado que «con esta norma introducimos en el ordenamiento jurídico andaluz elementos de solidaridad».