En esta línea, el consejero ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que establezca su propia hoja de ruta para el debate que ahora se inicia en Europa sobre la futura PAC. Por ello, le ha instado a que “fije los órganos en los que se pueda trabajar y esclarecer los diversos temas, en paralelo al debate europeo”, además de habilitar una vía de comunicación para las Comunidades Autónomas para que, de manera previa a la celebración de los Comités Especiales de Agricultura, se puedan trasladar dudas e inquietudes.
Estas peticiones al Gobierno central se han hecho en el marco de las respuestas que la Consejería de Agricultura ha dado al cuestionario que la Presidencia de turno de la UE (que desempeña Bulgaria durante el primer semestre de 2018) ha planteado a los Estados miembro sobre la PAC. En dicho documento se plantea el debate acerca del valor añadido de la PAC, cuestión en la que desde Andalucía se insiste en la defensa de los actuales pagos directos como “parte esencial” de la PAC, por lo que se considera que cualquier intento de cofinanciación de los mismos “no tendría sentido” y es algo que “debe ser rechazado desde el principio”.
Sánchez Haro ha recordado que la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre ‘El futuro de los alimentos y de la agricultura’ “no rechaza de forma expresa la cofinanciación de los pagos directos”, por lo que considera que “queda abierta” dicha posibilidad en función del acuerdo al que se llegue sobre el próximo Marco Financiero Plurianual. “Es una cuestión que nos preocupa mucho”, ha reiterado.
Para el consejero, la importancia de los pagos directos radica en que cubren la brecha entre los ingresos agrarios y las rentas de otros sectores de la economía europea. Asimismo, “constituyen una importante red de seguridad para la renta, garantizando que haya actividad agraria”.
Posible renacionalización.
Desde su punto de vista, la cofinanciación de los pagos directos “afectaría al mercado interior” y supondría, de partida, “una renacionalización” de la Política Agrícola Común, cuando “se puede afirmar con rotundidad que la PAC es una política de valor añadido común que debe ser financiada en su integridad con presupuesto de la Unión Europea”. Otros aspectos negativos que acarrearía es que se impone una cofinanciación obligatoria a los Estados, cuestión que no es “adecuado” dejar a su criterio y que además se establecería “bajo parámetros que no se conocen”.
Consecuentemente, esto “incrementaría las obligaciones presupuestarias de los Estados miembro”, lo que a su vez abriría la puerta a la posibilidad de trasladar a las Comunidades Autónomas parte de dicha cofinanciación. De ocurrir así, “esta decisión podría tener consecuencias financieras muy importantes”.
El consejero de Agricultura ha defendido también que el valor añadido continuo y mejorado de la PAC debe asegurarse mediante medidas encaminadas a la consecución de bienes públicos medioambientales y climáticos y a la mejora del mercado único de la UE. Asimismo, para Andalucía es fundamental “garantizar la seguridad alimentaria”.
Esta ha sido la respuesta de la Consejería de Agricultura en relación al debate acerca del valor añadido de la PAC, aunque el cuestionario de la Presidencia búlgara que han tenido que responder las Comunidades Autónomas plantea también cuestiones en torno a los objetivos y la subsidiariedad de la Política Agrícola Común.
En relación con los objetivos, Sánchez Haro ha lamentado que la comunicación de la Comisión Europea “pasa de puntillas por los objetivos fundacionales de la Política Agrícola Común” y pone un excesivo acento en los aspectos medioambientales o climáticos, al tiempo que “no se tiene la misma ‘generosidad’ a la hora de asignar recursos financieros” para cuestiones fundamentales como la salud, la nutrición, los residuos alimentarios o el comercio internacional. “Se incluyen elementos cada vez más novedosos pero más ajenos” a la PAC, que se “desdibuja” y se plantea como “una política difusa sin respuesta financiera explícita a tantos objetivos”. Por ello, desde Andalucía se alerta de que “la nueva orientación de la PAC se aleja aún más de la simplificación”, al tiempo que se considera “indispensable disponer de recursos financieros suficientes”.
En cuanto a la tercera cuestión planteada por la Presidencia búlgara, la subsidiariedad, se da por sentado que el debate gira sobre la subsidiariedad de ejecución, “rechazando que lleve aparejado cualquier subsidiariedad financiera”. Dando esto por sentado, el consejero de Agricultura ha apuntado que “supondrá mayor complejidad en la gestión de los Estados descentralizados”, como es el caso de España.