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La Junta destina 520.000 euros a la reforma de 11 centros de salud en el marco de renovación de la Atención Primaria.

Escrito por Redacción Andújar el 20 diciembre 2017

Centro de Salud «Virgen de la Cabeza», en Andújar.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, realiza obras de reforma y actuaciones para mejorar la accesibilidad en un total de 11 centros de atención primaria ubicados en ocho municipios de la provincia de Jaén mediante fondos Feder. En total, son 23 actuaciones, en las que se ha priorizado las ubicadas en Zonas con Necesidades de Transformación Social, que se desarrollan en el marco de la Estrategia de Renovación de Atención Primaria que impulsa la Consejería de Salud y que suponen una inversión de 520.000 euros.

“Con la ejecución de este nuevo programa de obras se da respuesta a un importante número de actuaciones de mejora identificadas por los propios profesionales sanitarios que trabajan en estos centros y por los colectivos ciudadanos y de pacientes representados en los órganos de participación”, ha destacado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega.

En concreto, según ha detallado la delegada territorial los proyectos de reforma y modernización se van a realizar en los centros de salud ‘Virgen de la Cabeza’ y ‘Puerta de Madrid’ de Andújar, los centros de salud ‘Virgen de Linarejos’, ‘San José de Linares’ y ‘Arrayanes’ de Linares, y los centro de salud de Cazorla, Jódar, Orcera, Pozo Alcón y Santiago de la Espada. “La mejora de las infraestructuras de la red de Atención Primaria en Andalucía, la más extensa del país con más de 1.500 centros de salud, 198 en la provincia de Jaén, es un objetivo contemplado en la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria que persigue convertir este nivel asistencial en el verdadero eje vertebrador del sistema sanitario público”, ha subrayado.

Las actuaciones conllevan medidas de accesibilidad como reformas en accesos y puertas interiores y exteriores, adaptación de aseos, construcción o sustitución de rampas de acceso, entre otros. Asimismo, también se acometen reparaciones de fachadas o cubiertas, pintura, climatización, sustitución de puertas manuales por automáticas, reposición de grupos electrógenos, actualización de medidas contraincendios, luminarias o reordenación de espacios, además de renovación o incorporación de mobiliario clínico.

Instalaciones sanitarias más accesibles.

La Consejería de Salud ha programado un total de 23 actuaciones en 11 centros de salud de la provincia jiennense en las que destacan ocho proyectos dirigidos a la mejora de la accesibilidad de estas instalaciones sanitarias. En concreto, el Gobierno andaluz va a desarrollar actuaciones de mejora de la accesibilidad en el centro de salud de Pozo Alcón a través de una inversión de 13.000 euros, en Cazorla con un presupuesto de 4.000 euros, en Orcera donde se destinan 3.500 euros y en Peal de Becerro donde la inversión se sitúa en los 5.700 euros. Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha programado actuaciones para la mejora de la accesibilidad en los centros de salud ‘Virgen de Linarejos’ y ‘San José de Linares, y en los centros de salud ‘Virgen de la Cabeza’ y ‘Puerta de Madrid’ de Andújar.

El programa de mejora de los centros de salud se completa con la reforma del centro de salud de Santiago de la Espada en el que se sustituirán los sistemas eléctrico y de climatización con un presupuesto de 110.000 euros, la modernización del centro de salud de Jódar con una inversión de 129.000 euros, y diversas mejoras en los centros de salud de Andújar a los que se destinan 144.000 euros, y en los centros de salud de Linares que cuentan con un presupuesto de 111.000 euros.

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El PSOE impulsará iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno una “solución definitiva” a las inundaciones de Andújar.

Escrito por Redacción Andújar el 20 diciembre 2017

Francisco Reyes y Paco Huertas se reúnen con la Plataforma en Defensa del Guadalquivir de Andújar. Foto: PSOE.

El PSOE de Jaén mostró hoy su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Guadalquivir de Andújar y exigió al Gobierno de España que ejecute las obras necesarias para lograr la “solución definitiva” al problema de las inundaciones. El secretario general, Francisco Reyes, ha mantenido una reunión con miembros de la plataforma y con el secretario general y alcalde de Andújar, Francisco Huertas.

Reyes afirmó que “no basta con la limpieza del cauce ni con actuaciones mínimas”, sino que “hace falta una solución definitiva que permita la tranquilidad de los ciudadanos de Andújar y de estos núcleos de población”, de manera que puedan ver preservadas sus tierras, sus viviendas y sus enseres.

Así las cosas, avanzó que el PSOE utilizará a su Grupo Parlamentario en España y en Andalucía, así como al Grupo Socialista de Diputación, para impulsar iniciativas políticas que obliguen al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, a cumplir con su responsabilidad. “El Gobierno sabe lo que tiene que hacer. No puede ser que una parte de la población de Andújar esté mirando con inquietud al cielo cuando hay alguna nube porque no sabe cuánta agua va a soltar”, manifestó.

Reyes recordó que el Gobierno andaluz ejecutó inversiones por 8 millones de euros cuando las competencias estaban en poder de la comunidad autónoma.

Por su parte, el portavoz de la plataforma, Juan Conde, criticó a la subdelegada del Gobierno por haberles tratado con “desprecio” y sin presentar “ninguna propuesta”. Denunció que “no hay dinero” en los Presupuestos Generales del Estado ni en el Plan Hidrológico para empezar las obras y que el río está “lleno de lodo”, por lo que “como haya lluvia, vamos a tener graves inundaciones”.

“Como el Gobierno de España no nos hace caso, venimos a pedir el apoyo del PSOE”, indicó Conde, quien también abogó por alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita a las 250 familias afectadas cobrar las indemnizaciones por los daños de las riadas de 2010.

El alcalde de Andújar advirtió que “mientras no se hagan estas actuaciones, Andújar está en riesgo de inundación” y subrayó que “no podemos esperar más”. Recordó que las competencias son del Gobierno de España, que dice ahora que va a hacer unas intervenciones previas que darán paso a una intervención definitiva, pero a día de hoy todavía no se dispone de dotación presupuestaria necesaria para hacer esas intervenciones”.

“Y mientras no se realicen, estamos en riesgo cuando se produzcan lluvias abundantes y crezca el río. El momento en que hay que solucionar este problema es ahora. No podemos esperar más. No creo que sea necesario que llegue otra vez el agua a metro y medio en las casas de nuestras pedanías o en los polígonos industriales para actuar”, apostilló.

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La Renta Mínima de Inserción Social entrará en vigor en enero con 819 millones para los próximos 4 años.

Escrito por Redacción Andújar el 20 diciembre 2017

Una calle comercial en Andújar.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. De acuerdo con las previsiones de la Junta, esta prestación beneficiará cada año a más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Su implantación a partir del próximo 1 de enero contará con una dotación de 198 millones de euros, del total de 819 previstos para 2018-2021.

La Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se incorporará como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consistirá en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias, frente a los seis del actual IMS. Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.

El nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Podrán beneficiarse también las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo, y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

El requisito de tiempo mínimo de residencia no se exigirá a las víctimas de violencia de género y de trata de personas ni a los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco se exigirá a las personas apátridas o refugiadas, las sin hogar, las ex tuteladas por la Junta en el año anterior; las que residan temporalmente en alojamientos alternativos, o las que se encuentren en situación de fuerza mayor acreditada por los servicios sociales.

Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). El importe equivale al 78% de este indicador en la fecha de la solicitud. El porcentaje se incrementará un 10% por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la solicitante, hasta un máximo del 125% del IPREM. Este límite podrá sobrepasarse hasta el 145% en los supuestos de unidades familiares integradas por seis o más miembros con tres o más menores a su cargo, las familias monomarentales o monoparentales o cuando haya personas con discapacidad igual o superior al 33%, sin derecho a otro tipo de prestación.

No se tendrán en cuenta para el importe la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo tanto contributivas como no contributivas, las pensiones de orfandad, la remuneración por acogimiento, las pensiones de alimentos y las prestaciones económicas para personas en situación de dependencia. Tampoco computarán las becas para la educación o formación y transporte, los ingresos procedentes de asistencia a cursos y los contratos de formación para jóvenes, así como las ayudas del sistema de protección destinadas a los mismos, los inmuebles declarados en ruinas y las subvenciones públicas para vivienda habitual.

De acuerdo con el Decreto ley, el Servicio Andaluz de Empleo, junto con los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar. Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

El Decreto ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.

Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario.

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Tráfico realiza pruebas de alcoholemia a 1.561 conductores, de los que solo 10 han dado positivo.

Escrito por Redacción Andújar el 20 diciembre 2017

Un vehículo circula por una calle de Andújar.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han realizado pruebas de alcoholemia a 1.561 conductores en las carreteras de la provincia, durante la campaña especial de intensificación de controles que ha desarrollado la Dirección General de Tráfico durante la pasada semana. Del total de conductores sometidos a los controles de alcohol, solo 10 de ellos han dado resultados positivos, lo que supone un porcentaje del 0,64 por ciento.

Los porcentajes, sin embargo, son más preocupantes en cuanto a los resultados de las pruebas de droga. Así, de los 66 conductores a los que se les ha hecho el test salival para comprobar la presencia de estupefacientes en el organismo, 16 han dado positivo, es decir más del 24 por ciento.

Los controles se han realizado tanto en horario nocturno como en horas del mediodía para que resultaran disuasorios en la ingestión de bebidas alcohólicas en las comidas. La DGT recuerda que el consumo de alcohol y drogas produce numerosas alteraciones orgánicas y psicológicas que pueden entrañar un grave riesgo durante la conducción de vehículos.

Máxima colaboración de la Policía Local.

Como viene siendo habitual en las campañas que lleva a cabo la DGT, la colaboración de la Policía Local ha sido muy importante, ya que los controles de alcohol y drogas se han realizado tanto en vías interurbanas como urbanas.
Pese a que la campaña ha finalizado, los agentes de Tráfico continuarán efectuando controles de alcohol y drogas a los conductores a cualquier hora del día y en cualquier carretera con el objetivo de disuadirlos a conducir si han consumido estas sustancias.

Tolerancia cero reflejada en la nueva Ley de Seguridad Vial.

La apuesta de la DGT por impedir que los conductores se pongan al volante tras haber ingerido algún tipo de sustancia psicoactiva es lo que ha llevado a este organismo a incrementar las sanciones y poner en el punto de mira a los reincidentes en la última reforma de la Ley de Seguridad Vial.

El castigo por conducir con presencia de drogas en el organismo alcanza los 1.000 euros de multa y la retirada de 6 puntos.

En el caso del alcohol se mantiene la multa en 500 euros, excepto si la tasa supera el doble de la permitida o si el conductor es reincidente, es decir, aquel que hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por dar positivo en alcohol. En estos dos casos la sanción también es de 1.000 euros.

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