La secretaria general de Vivienda ha resaltado los principales objetivos del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que tendrá como objetivos principales la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler y la rehabilitación. “La nueva planificación, que prevé el desarrollo de casi 200.000 actuaciones, movilizará una inversión pública cercana a los 730 millones de euros”, ha subrayado para añadir que “con un enfoque marcadamente social, la estrategia se adapta a las condiciones económicas y sociales actuales y centra su esfuerzo en los colectivos de población que se hallan en situación vulnerable y tienen mayores dificultades para el acceso o mantenimiento de una vivienda”.
Madueño también se ha centrado en los pilares fundamentales que sustentan el Proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, que refuerza las medidas para luchar contra los desahucios y amplía la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la comunidad autónoma.
Como principal novedad, la norma permite a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por este tipo de procesos, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas. Además, se modifica el régimen sancionador para prevenir abusos y reforzar los derechos de las personas consumidoras en las operaciones de adquisición de viviendas protegidas.
Planes Municipales de Vivienda.
Madueño ha explicado que los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, cuya orden se ha publicado esta semana con una dotación de 1,9 millones de euros, “son un instrumento obligatorio, tal y como queda recogido en la Ley 1/2010 del Derecho a la Vivienda en Andalucía, del que deben dotarse los consistorios y que tienen como finalidad recoger las necesidades de vivienda del municipio, conocidas gracias a los registros municipales de demandantes de VPO; y detallar la oferta que se debe impulsar en la localidad con el fin de responder a las necesidades detectadas”. “Estos planes son una herramienta muy eficaz ya que aportarán una radiografía actualizada de lo que realmente demandan los ciudadanos de cada municipio, permitiendo actuar en consecuencia”, ha añadido.
La cuantía de las ayudas prevista en la convocatoria oscila entre los 1.000 euros para los municipios de hasta 10.000 habitantes, los 5.000 euros para las localidades con una población que oscila entre los 10.000 y 20.000 habitantes, y los 12.000 euros para municipios superiores a los 20.000 habitantes. La Consejería ha establecido esta gradación de los importes en función de los habitantes al considerar que la complejidad de los documentos que debe contener el Plan Municipal será mayor en los municipios de superior tamaño.