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Archive for 17/04/17

Dos enfermeras del Hospital Alto Guadalquivir atenderán a pacientes en los campos de refugiados saharauis de Tinduf.

Posted by Redacción Andújar en 17 abril 2017

Expedicion 1

En la imagen aparece Rosario Merino a la izquierda y Mª de la Cruz Granados a la derecha.

Dos enfermeras del Hospital Alto Guadalquivir -Rosario Merino y María de la Cruz Granados-, junto a otros tres profesionales sanitarios, atenderán entre los días 18 y 25 de abril a pacientes de forma solidaria y altruista en su decimoséptima expedición humanitaria a los campos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).

El equipo lo completan el urólogo Juan Moreno y las enfermeras Ana Díaz-Meco y Verónica Pereira, del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. Su misión será evaluar a personas con enfermedades urológicas antes de decidir a quienes de ellos tienen que operar de problemas como la resección trasuretral prostáticas o la estenosis de uretra, entre otros.

Este equipo de profesionales sanitarios voluntarios de la ONG ‘Asociación de Amigos del Sahara Libre’ dispone en los campamentos de refugiados con la colaboración de un especialista en la zona para los cuidados posteriores a las intervenciones quirúrgicas y las altas de los pacientes, que es el urólogo saharaui Mulay Ahmed.

Según indican Rosario Merino y María de la Cruz Granados, “esta expedición es nuestra sexta y quinta experiencia, respectivamente. La principal motivación que nos mueve el volver año tras año es poder ayudar a la población de los campamentos de refugiados que dependen por completo de la cooperación y a la misma vez poder disfrutar nosotras mismas haciendo algo que nos encanta y a lo que te enganchas año tras año”.

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario de Jaén colabora también con esta expedición en el procesamiento y diagnóstico de las muestras tomadas a los pacientes, cuyos informes se envían al campamento de refugiados de Tindouf para que se adopten las medidas de seguimiento y control que sean necesarias.

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Emergencias 112 Andalucía gestiona en Jaén más de 1.110 incidencias durante la Semana Santa.

Posted by Redacción Andújar en 17 abril 2017

Una imagen de la ciudad de Andújar.

El Servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta, ha gestionado a lo largo de la Semana Santa (entre las 15.00 horas del 7 de abril y hasta las 00.00 horas del día 17 de abril) un total 1.119 incidencias en la provincia de Jaén, lo que supone un incremento del 5,77% con respecto al año pasado. En Andalucía, el sistema de emergencias ha coordinado un total de 15.674 incidentes, esto es un 12% más que en el mismo periodo de 2016.

Esta subida viene a confirmar al número único europeo como un referente entre la ciudadanía al que acudir en caso de urgencias y emergencias. A lo largo de este período vacacional, el domingo día 16 de abril ha sido el jornada de más actividad en las salas del 1-1-2 en la provincia de Jaén, con un total de 157 incidencias gestionadas.

La mayor parte de los avisos atendidos por los gestores de emergencia han sido asistencias sanitarias (553) y las relacionadas con la seguridad ciudadana (182); le han seguido las incidencias de tráfico (88), los incendios (84) y accidentes de circulación (70). El resto se reparte entre anomalías en servicios básicos y los rescates y salvamentos, entre otros.

La franja horaria en la que más incidencias se han gestionado en las salas del sistema de emergencias andaluz ha sido la comprendida entre las 20:00 y las 21:00 horas, intervalo en el que se han llegado a gestionar más de un centenar de casos.

Por provincias, Jaén se encuentra entre las que ha tenido una Semana Santa más tranquila, con esos 1.101 incidentes (de los que 228 se han producido en la capital). En el otro extremo, se encuentran Sevilla, que ha sido la que ha tenido un mayor número de incidentes, con un total de 4.432 (de las que 2.286 han sido en la capital); le sigue Málaga con 3.054 (1.056 en la capital), Granada donde han sido 2.030 los avisos (de los que 650 se han recibido desde la capital) y Cádiz, con un total de 1.908 (de ellos, 183 gestionados en la capital).

Junto a Jaén, se encuentran Córdoba donde el 1-1-2 ha coordinado 1.153 incidencias (557 en la capital), Almería, también con 1.119 (de las que 243 se han realizado desde la capital) y Huelva donde se han coordinado 858 incidencias (250 en la capital). Además, se ha gestionado una emergencia en zonas limítrofes con otras comunidades autónomas.

El sistema de emergencias andaluz es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año que ofrece atención a la ciudadanía en inglés, francés, alemán y árabe, además de en castellano para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz. El 1-1-2 trabajar para atender las demandas que puedan tener los ciudadanos en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

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Visita de ITV de ciclomotores a Arjonilla y Marmolejo.

Posted by Redacción Andújar en 17 abril 2017

Una imagen de una ITV móvil de ciclomotores.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación por parte de los ciclomotores de pasar la inspección técnica periódica, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A. (VEIASA), además de poner a la disposición de los usuarios y usuarias su red de 69 estaciones fijas, cuenta con un servicio de Unidades Móviles de ciclomotores de dos ruedas, en las que tanto calidad como precio de la inspección son idénticos a las estaciones fijas.

La ITV de ciclomotores visitará Arjonilla el próximo 19 de abril, de 9.30h a 13.30h, en el Recinto Ferial, y también estará en Marmolejo el próximo 20 de abril, de 9.30h a 13.30h, en el Polígono Industrial. Teléfono cita previa: 95 999 99 99.

Estas unidades móviles están habilitadas para la realización de la ITV únicamente a ciclomotores de dos ruedas, por tener limitada su circulación por determinados tipos de carretera. Las inspecciones que pueden realizar son: inspecciones periódicas; inspecciones para la expedición de duplicado de la tarjeta ITV; inspecciones a requerimiento de las autoridades encargadas de la vigilancia del tráfico e inspecciones voluntarias solicitadas por los titulares de los vehículos.

Para pasar la ITV, el propietario o propietaria del vehículo debe presentar el Permiso de Circulación y la Tarjeta de Inspección Técnica. Los principales puntos que se revisan durante la inspección son:

– Identificación del vehículo
– Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis.
– Alumbrado y señalización.
– Frenos.
– Dirección.
– Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión.
– Motor y transmisión.
– Velocidad.
– Emisiones contaminantes: ruido

La periodicidad con la que deben pasar inspección los ciclomotores, es:

– Hasta los 3 años: Exentos
– De más de 3 años: Bienal

VEIASA, más cerca.

En la actualidad, VEIASA gestiona 8 Unidades Móviles de ITV para Ciclomotores. Gracias a estas unidades, las personas usuarias no tienen que desplazarse más de 15 Km. para pasar la ITV de su ciclomotor, lo que además de acercar el servicio a la ciudadanía, resulta muy positivo para el medio ambiente, ya que dejan de emitirse toneladas de CO2 a la atmósfera en desplazamientos.

El grado de cumplimiento de la ITV por parte de los ciclomotores es muy bajo. Apenas el 20% de los ciclomotores de tres años cumplen con su obligación de pasar la ITV y solo el 40% de los que la tienen cumplida, vuelven a pasar inspección. De ahí la importancia de recordar que la ITV de ciclomotores, al igual que las del resto de vehículos, tienen como principal objetivo velar por la seguridad de los conductores y la del resto de usuarios y usuarias de la vía pública, así como, por la protección del medio ambiente.

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El Gobierno andaluz aprueba el proyecto de ley que amplía y refuerza las medidas contra los desahucios.

Posted by Redacción Andújar en 17 abril 2017

El Consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López. Foto: Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, que refuerza las medidas para luchar contra los desahucios y amplía la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la comunidad autónoma.

Como principal novedad, la norma permite a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por este tipo de procesos, garantizando así la permanencia de las familias en las mismas. Además, se modifica el régimen sancionador para prevenir abusos y reforzar los derechos de las personas consumidoras en las operaciones de adquisición de viviendas protegidas.

El proyecto de ley será remitido al Parlamento andaluz para su debate y aprobación definitiva, si bien el Ejecutivo ya ha reservado en los presupuestos de este año una partida de 4 millones de euros para su aplicación.

En relación con el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria y dación en pago, esta figura permitirá facilitar, mediante un alquiler social, la permanencia en sus hogares de las familias afectadas por desahucios. Además, la medida supondrá un incremento del parque público residencial de la Junta, que se destinará fundamentalmente a atender a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

El proyecto establece que la Administración ejercerá el tanteo y retracto en función de la situación socioeconómica de las familias, aplicándose a los colectivos de especial protección y atendiendo a una tipología de inmuebles que deberá responder a las características exigidas para las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Una vez ejercido el derecho de compra preferente, los afectados tendrán prioridad de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual.

El tanteo y el retracto se realizarán en los procesos de dación en pago, mientras que para los procedimientos de ejecución hipotecaria se reserva solo el retracto, lo que implica intervenir al final del proceso una vez comunicado el desalojo y concluida la subasta judicial de la vivienda y su adjudicación. La medida se llevará a cabo en un periodo de 60 días naturales contados a partir de la notificación de la transmisión del inmueble al nuevo adjudicatario. En el caso de que se haya producido la subasta pero la familia todavía permanezca en el domicilio, dicho plazo se aplicará a partir del día en que el juez determine la fecha de salida de los moradores del inmueble. Si la Administración no tiene conocimiento de la orden de desahucio, podrá realizar la compra en el momento en el que tenga constancia de la misma.

El proyecto de ley fija como precio de la vivienda el valor del crédito a extinguir, en el caso de las daciones en pago, y la cantidad estipulada como valor de transmisión por el instructor judicial mediante resolución. Además de este importe, la Junta abonará los costes asociados a la operación.

El nuevo marco normativo prevé obligaciones de información y notificación a la Junta para los estamentos y profesionales que intervienen en los procesos de desahucio. Así, los órganos judiciales deberán trasladar, previo convenio con la Administración autonómica, los documentos relativos a la transmisión de la vivienda en subasta judicial y las órdenes de lanzamiento, mientras que los registradores de la propiedad tendrán que informar del cambio de titularidad del inmueble y los notarios, de las operaciones de transmisión. Por su parte, el adquiriente de la vivienda otorgada por dación en pago estará obligado a avisar de su adquisición para que se pueda ejercer el derecho de compra preferente. El proyecto reconoce también este derecho a los ayuntamientos, previo acuerdo con la Junta.

Sanciones.

Finalmente, la futura norma modificará la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo para reforzar la protección de los adjudicatarios mediante la ampliación de los supuestos sancionadores. El proyecto introduce como sanción muy grave, con multas de entre 30.001 a 120.000 euros, la no devolución por parte de los promotores de las cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios en caso de resolución del contrato de compraventa. Hasta ahora este supuesto no estaba tipificado como infracción. También se castigará con la máxima sanción a los promotores o personas jurídicas que mantengan vacía una VPO sin causa justificada por un periodo superior a tres meses.

Como faltas graves, sancionables con cuantías de entre 3.001 hasta 30.000 euros, se consideran el incumplimiento del adjudicatario de ocupar el inmueble como domicilio habitual y permanente en el plazo previsto, así como la no presentación de la documentación requerida sobre esa ocupación.

El texto aprobado hoy completará el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andalucía, que se inició con la Ley de la Función Social de la Vivienda, en vigor desde octubre de 2013 pero suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso presentado por el Gobierno de España.

Normas y planes.

Entre otras medidas impulsadas por la Junta durante esta legislatura, destacan la aprobación de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda y el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Asimismo, se ha reforzado el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, con el que se presta apoyo personalizado a través de la prevención, la intermediación y la protección, además de abrirse varias líneas de ayudas públicas al alquiler para personas afectadas y en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados.

La Administración autonómica también ha firmado convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Otro acuerdo, con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), permitirá incorporar al parque público residencial unas 400 viviendas que permanecían vacías y que se pondrán a disposición de las familias más necesitadas a través de un alquiler social.

Esta producción legislativa y de medidas de acción, la más avanzada del conjunto de comunidades autónomas sobre la materia, hace frente a un problema que sigue teniendo una gran incidencia en Andalucía, aunque ya comienza a remitir. Según los datos del CGPJ, durante el año pasado se produjeron 9.998 lanzamientos (de cualquier tipo de inmuebles, no sólo de vivienda principal), lo que supuso un descenso del 6,5% respecto al año anterior.

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