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La Junta atiende a 778 familias de Jaén a través del sistema de información y asesoramiento en desahucios.

Posted by Redacción Andújar en 1 marzo 2017


El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, en rueda de prensa.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, en rueda de prensa.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha atendido desde octubre de 2012, fecha de su puesta en marcha, hasta finales de 2016 a un total de 778 familias de la provincia de Jaén mediante el sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios. De ese conjunto, el año pasado este servicio abrió 35 expedientes, lo que supone una bajada con respecto a 2015 de un 62%.

El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, ha asegurado durante su comparecencia que “los datos demuestran que se están consiguiendo unos resultados más que óptimos ya que desde que la oficina funciona ningún expediente ha tenido como resultado el lanzamiento de una familia de su casa”. De hecho, desde la oficina se ha negociado en muchos casos la prórroga del pago de la hipoteca entre dos y cuatro años y, en el 80% de los casos, se ha conseguido la reformulación de la deuda con la aplicación, por parte de las entidades financieras del código de buenas prácticas.

“Estamos detectando con anterioridad el problema del desahucio por lo que las posibilidades de resolución son más amplias que si nos llega una vez que se ha iniciado el proceso de lanzamiento”, ha añadido el delegado. Para Valdivielso, “las entidades financieras se han concienciado y han visto que es mejor tener una vivienda habitada que una vacía con la posibilidad de que se produzca una patada en la puerta o el consiguiente deterioro de la vivienda”.

A través del sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, la Junta presta apoyo a las familias en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, ofrece información y orientación profesional de forma prioritaria y singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses. Igualmente, incluye intermediación con las entidades financieras y protección en caso de que se produzca la pérdida del inmueble. Asimismo se está informando sobre las cláusulas suelo a los que tienen expedientes con la oficina o están incluidos en medidas de especial protección.

Valdivielso ha destacado que “este sistema desarrolla una valiosa labor de apoyo y asesoramiento desde una perspectiva integral y personalizada” con el que “la Junta ha hecho un gran esfuerzo por convertir este servicio en una ventanilla única de la Administración autonómica para el ciudadano que ha sido despojado de su vivienda o está en riesgo de ello por el endeudamiento sobrevenido”. Este sistema, enmarcado en el Plan de Vivienda y Rehabilitación, cuenta con la colaboración y con el soporte de las consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales, salud, consumo y justicia”, ha apuntado.

De los 778 expedientes atendidos desde octubre de 2012, un total de 115 casos acudieron a este servicio en la fase de prevención, 569 en la fase de intermediación y 97 en la etapa de protección. Durante el ejercicio pasado, de los 35 casos registrados, 18 en intermediación y 17 en protección.

En la fase de prevención, el personal adscrito al sistema ha informado a los usuarios sobre temáticas muy diversas relacionadas con la forma de acceso a viviendas protegidas y el funcionamiento de los registros municipales de demandantes de VPO, la existencia de ayudas públicas, sobre todo de alquiler, o sobre los pasos a seguir en caso de encontrarse en situación de impago de hipotecas.

En el servicio de intermediación, los técnicos han asesorado desde octubre de 2012 a familias con deudas con las entidades financieras y, por tanto, en riesgo de perder su vivienda. En este ámbito, se dio información sobre las posibles vías de actuación y se medió, tanto con entidades financieras para lograr una reestructuración de la deuda, una quita de las cuotas de la hipoteca o daciones en pago, como con los juzgados, cuando ya existen demandas judiciales con el fin de al-canzar una solución a sus problemas hipotecarios.

Asimismo, en el ámbito de la protección, las familias se han dirigido a ese servicio con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso. En estos casos, los técnicos han puesto en marcha varias líneas de actuación, informando a los afectados sobre la necesidad de inscribirse en los registros de demandantes para acceder a una vivienda social pública o brindando apoyo en la tramitación de las ayudas existentes en materia de alquiler para obtener una alternativa habitacional. Actualmente 62 familias han encontrado una alternativa habitacional gracias a la utilización de los inmuebles pertenecientes al parque público de vivienda de la Junta, 10 de ellas en el último año.

Una batería de medidas.

Además de este servicio, el Gobierno andaluz ha impulsado otras medidas en la lucha contra los desahucios, como la elaboración de una nueva Ley de Tanteo y Retracto, que permitirá a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de viviendas incursas al final del proceso de ejecución hipotecaria para permitir a las familias afectadas permanecer en sus hogares mediante un alquiler social. Esta norma ya cuenta con el informe del Consejo Económico y Social y próximamente será remitida al Consejo Consultivo para su dictamen, paso previo a su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento para este periodo de sesiones.

A esta medida se suma el convenio suscrito por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar de manera coordinada el problema de los desahucios y anticipar la intervención social de apoyo a las familias en aquellos procedimientos que se encuentran en vía judicial.

Además, se añade el convenio firmado con la Sareb para la cesión temporal a la Administración autonómica de 400 viviendas en Andalucía para destinarlas a alquiler social y la concesión de ayudas económicas a las personas afectadas por estos desahucios para afrontar el sostenimiento de una vivienda, cuya cuantía inicial fue ampliada en 1,5 millones para poder atender todas las demandas en esta materia hasta llegar a los 3,8 millones.

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