El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a esta asistencia jurídica de la que se benefician las personas con menos recursos económicos, aporta una mayor transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste y los plazos hasta en unos cuarenta días, señala el X Informe del Observatorio.
La comunidad andaluza tramitó el pasado año 18.790 expedientes digitales más que Madrid, la segunda comunidad con mayor número de resoluciones por vía telemática, 24.637 más que la tercera -Comunidad Valenciana- y 38.554 más que la cuarta -Cataluña-.
La Consejería de Justicia e Interior cuenta con un sistema de gestión de la justicia gratuita, denominado ‘Temisa’, que agiliza los trámites y aporta más transparencia a sus procedimientos, además de reducir el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio.
El sistema de gestión ‘Temisa’ permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración andaluza las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel. La aplicación tecnológica tiene como objetivo homogeneizar toda la información aportada por los abogados y procuradores encargados en Andalucía de la prestación de un servicio fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza la defensa legal ante los tribunales para aquellas personas que no disponen de recursos suficientes para ello.
En toda España, el uso del Expediente Eléctrónico de Justicia Gratuita se ha duplicado en los últimos cinco años, al pasar de los 316.922 de 2011 a los 621.658 registrados en 2015, según destaca el X Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita.
Inversión en justicia gratuita.
En el cómputo general de la inversión realizada por las comunidades autónomas en justicia gratuita, Andalucía figura en el segundo lugar, con más de 38 millones de euros destinados a esta prestación en 2015, por detrás de Cataluña -51,8- y por delante de Madrid -29,9 millones-. Estas tres comunidades aglutinaron el 53% del gasto total hecho en España para financiar esta asistencia jurídica.
En cuanto a los asuntos tramitados por los letrados del turno de oficio, la asistencia letrada a detenidos y el turno de violencia de género, Andalucía es la comunidad autónoma que registra el mayor número, 395.837, que representan el 22% del total estatal, seguida de Cataluña, con 298.548, y Madrid, con 238.344.
En toda España, se atendieron durante 2015 más de 1,74 millones de asuntos de asistencia jurídica gratuita, lo que supuso un descenso del 1% con respecto al año anterior.
La Junta de Andalucía financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores. Andalucía es la única que realiza los pagos cumpliendo con el calendario acordado. Actualmente, la Consejería está al día en los pagos y en fase de negociación de los nuevos módulos con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y con el de Procuradores.