El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha subrayado en la comisión parlamentaria que un total de 310.931 personas se beneficiaron de la justicia gratuita en Andalucía durante 2015. De ellas, 158.185 corresponden al turno de oficio y 152.746, al de guardia. De Llera ha explicado que la justicia gratuita «es un derecho constitucionalmente reconocido que pretende asegurar el acceso de todos las personas a la tutela judicial efectiva y que garantiza el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley».

En 2015, último ejercicio cerrado, Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor inversión en justicia gratuita después de Cataluña, destinando 37,3 millones de euros a garantizar este derecho, ha apuntado el consejero. Esta cantidad representa más del 15% de la inversión total del Estado en justicia gratuita.

El pasado mes de abril, la Consejería de Justicia e Interior abonó un total de 10,1 millones de euros a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al cuarto trimestre de 2015 en esta comunidad, cumpliendo así con el acuerdo que se alcanzó con los consejos de colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía.

Respecto a los planes previstos para mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita durante la presente legislatura, De Llera ha señalado la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la aprobación de la nueva orden por la que se determinan los módulos y bases de compensación económica por las actuaciones profesionales de abogados y procuradores en el turno de oficio y otras medidas para mejorar la calidad de los servicios de justicia gratuita.

Con el objetivo de mejorar la asistencia jurídica gratuita, la Junta ha puesto en marcha y sigue mejorando el sistema de gestión ‘Temisa’, que permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel.

Las retribuciones no han bajado.

El consejero ha calificado de «falsas» las informaciones sobre la bajada de las retribuciones de los abogados y procuradores y se ha remitido a la nota emitida por el propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en la que se afirma que «la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados constituirán una nueva mesa de trabajo en la que se seguirá negociando la revisión de los módulos de compensación económica de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, a fin de alcanzar el mayor consenso posible y en términos adecuados a la labor que llevan a cabo los letrados andaluces por la prestación de los servicios de turno de oficio».

En una reunión mantenida el 13 de mayo entre representantes de ambas instituciones, ha apuntado De Llera, se ha acordado también actualizar los módulos incluidos en el baremo para introducir los conceptos necesarios impuestos por las nuevas reformas procesales en términos que resulten aceptables para la abogacía andaluza.

De Llera ha recordado que la asistencia jurídica gratuita, cubierta en los créditos consignados al efecto en la Ley de Presupuesto 2016, está garantizada en Andalucía. El consejero ha agradecido «el gran trabajo y dedicación de los más de 10.000 abogados y procuradores andaluces en la prestación de la asistencia jurídica gratuita», labor «imprescindible» para garantizar un derecho que el Gobierno andaluz considera prioritario para asegurar el principio de igualdad en el acceso a la Justicia.

«El Gobierno de Andalucía cumple y va a seguir cumpliendo los compromisos adquiridos en materia de asistencia jurídica gratuita. Durante los últimos años hemos realizado un gran esfuerzo para el sostenimiento de este servicio pese a la asfixia y a la falta de compromiso del Gobierno del Estado», ha concluido el consejero.