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El Consejo Provincial del Consumo cumple 30 años en Jaén defendiendo los derechos de las personas consumidoras.

Escrito por Redacción Andújar el 15 marzo 2016

La delegada del Gobierno, Ana Cobo, presidió el Consejo Provincial de Consumo.

La delegada del Gobierno, Ana Cobo, presidió el Consejo Provincial de Consumo.

El Consejo Provincial de Consumo cumple 30 años en la provincia jiennense defendiendo los derechos de las personas consumidoras. La delegada del Gobierno en Jaén, Ana Cobo, junto a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, ha querido felicitar hoy “la excelente labor realizada por instituciones, asociaciones y colectivos durante estas tres décadas, en un esfuerzo constante que ha primado vigilar y garantizar que quienes producen, distribuyen, o comercializan bienes o servicios, cumplan sus deberes, prohibiciones y limitaciones establecidos por la Ley”.

La convocatoria de este Consejo tiene lugar en la víspera del ‘Día Mundial de los Derechos del Consumidor’. Así la delegada del Gobierno ha destacado que los inspectores de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales llevaron a cabo durante el año pasado un total de 19 campañas de inspección, donde y se levantaron 1.419 actas, en los que se detectaron irregularidades en 284 casos, un 20% del total visitado.

Los consumidores jiennenses presentaron 1.711 reclamaciones durante 2015 ante la Junta de Andalucía, atendiendo a 4.167 personas. El mayor número de estas denuncias correspondieron al sector de los servicios de luz, agua y gas (331), además de comunicaciones (328), minoristas (138), servicios técnicos (132), financieras e inversión (95), seguros (71), hostelería y turismo (65) o vehículos (56). A ello se suma la gestión de consultas telefónicas recibidas sobre consultas de información general, que alcanzaron el pasado año las 4.692 llamadas. Durante el pasado año, se han incoado un total de 399 ex-pedientes sancionadores en materia de consumo, y resuelto 441 expedientes.

Junto a ello, la Junta, dentro del proceso de Red de Alerta establecido, ha realizado la búsqueda de 1.060 productos, con un total de 2.104 establecimientos visitados, y 482 unidades retiradas para su destrucción o devolución. En cuanto a denuncias de grupos empresariales y particulares, la delegación territorial ha recibido 18 hechos que podrían ser constitutivos de infracción, de los que, tras su valoración, seis han sido considerados infracciones y a las que se les ha abierto expediente sancionador.

Cobo ha destacado “la importancia para todos los ciudadanos de tener en cuenta un consumo responsable, que es aquél que se ejerce cuando nuestros hábitos se ajustan a las necesidades reales y se opta en el mercado por productos que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social”.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, informa de todas sus actuaciones e iniciativas al Consejo Provincial de Consumo, que está formado por representantes de las asociaciones de consumidores, usuarios y empresariales jiennenses, junto a miembros de todas las instituciones públicas, tanto ayuntamientos como la Diputación y la Junta de Andalucía.

El servicio de Consumo también concedió durante 2015 un total de 78.200 euros en subvenciones a entidades locales y asociaciones de usuarios de la provincia de Jaén para apoyar su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades, donde también se han incluidos distintos cursos de formación. Además, ha asesorado a las 18 oficinas mu-nicipales de información al consumidor (OMIC) que existen en Jaén.

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud, ha formado a cerca de 1.300 personas de la provincia jiennense durante este año, al objeto de que la compra y la contratación de bienes y servicios se realicen de una forma racional, responsable y con criterio.

La consejería de Salud trabaja en un nuevo Plan Estratégico de Consumo, que potenciará la participación de la ciudadanía desde la información y la transparencia. El objetivo es continuar promoviendo una ciudadanía activa, con capacidad para defender sus derechos y exigir las mejores opciones posibles, mientras contribuyen a su consecución. Este nuevo plan, planteado en el horizonte 2020, aprovechará la experiencia acumulada y las tecnologías a nuestro alcance; el ser-vicio ‘Consumoresponde’ y su oficina virtual; las plataformas MOOC y las redes sociales.
Para la preparación de este plan se va a tener en cuenta la opinión de todos los grupos de interés — administración pública, autonómica y local, las Juntas Arbitrales, el movimiento asociativo y el empresariado – en la que se pretende ganar en eficacia y eficiencia, porque identificaremos mejor las áreas de trabajo en las que cada parte puede aportar más, partiendo del papel de autoridad que corresponde a la administración pública.

Junto a ello, el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura aprobó el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, actualmente en tramitación, tras superar el debate a la totalidad en el Parlamento. Con este texto, la Junta de Andalucía amplía y refuerza la protección frente a los desahucios, a través de un sistema de información y asesoramiento a las personas perjudicadas, especialmente las que se encuentran en riesgo de exclusión social; y también con la creación de un tribunal específico de arbitraje que facilite la solución extrajudicial de los conflictos relacionados.

El Plan incluirá acciones para fortalecer y proteger a los equipos de inspección, como agentes de la autoridad. Su labor de vigilancia e intervención para evitar la comercialización de productos inseguros es fundamental para garantizar la seguridad de la población. En este sentido, el Plan Estratégico de Consumo vendrá a reforzar la colaboración con las entidades locales, como gobiernos y administración más cercanos a la ciudadanía.

Finalmente, garantizará medidas para impulsar la mediación y el arbitraje, como instrumentos para agilizar la resolución extrajudicial de conflictos; así como procedimientos que agilicen la resolución de expedientes sancionadores, sobre todo en los sectores más conflictivos.

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