Según ha explicado, la Oficina contra el fraude se creará «con plenas facultades de investigación e inspección», y se ocupará de «prevenir, detectar y denunciar malas prácticas». Una vez en funcionamiento, podrá instar la incoación de expedientes disciplinarios en el ámbito administrativo, exigir responsabilidades e, incluso, denunciar ante el Ministerio Fiscal prácticas y situaciones que pudieran considerarse constitutivas de delito.
Asimismo, desde este órgano se realizarán acciones formativas y de concienciación y se emitirán recomendaciones para evitar la corrupción y las prácticas fraudulentas en el ámbito de la administración pública. «El objetivo es prevenir cualquier tipo de desviación de los fondos públicos que pagan los ciudadanos con sus impuestos», ha destacado Montero.
La consejera ha subrayado que la creación de la Oficina contra el fraude constituye un paso más en la «firme intención» del Gobierno andaluz de aplicar un control efectivo sobre los fondos públicos. En este sentido, se ha referido a algunos de los mecanismos que ya se han implantado en la Junta de Andalucía para la optimización de los recursos públicos y que no tienen parangón en otras administraciones, con medidas para garantizar un mayor control de los fondos y en especial de las transferencias de financiación. «Se trata de intervenir antes, durante y después para aumentar la racionalidad y la mejora de la eficiencia», ha indicado en relación al incremento de las facultades de la Intervención que ya se aplican tanto en la fase de fiscalización previa como en el control financiero permanente.
Durante la reunión, han analizado las acciones contra el fraude y la corrupción que se desarrollan en la Unión Europea, así como las medidas impulsadas por los propios Estados miembros. Concretamente, la OLAF se creó en 1999 dependiente de la Comisión Europea y hasta la fecha ha realizado más de 3.500 investigaciones, con la recuperación de 1.100 millones de euros.