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Un total de 417 personas son atendidas por el Servicio de Asistencia a Víctimas en Jaén en el primer semestre del año.

Escrito por Redacción Andújar el 23 agosto 2015

Andújar.

Andújar.

El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), de-pendiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha atendido a un total de 417 personas en la provincia de Jaén durante los seis primeros meses de este año 2015. La delegada del Gobierno, Ana Cobo, ha destacado en el balance de este órgano que algo más del 43% de las atenciones está directa o indirectamente relacionadas con delitos de violencia de género. El resto de las tipologías, en una menor medida, están relacionadas con lesiones, robos, injurias y amenazas, entre otras.

Durante el año 2014, en el SAVA de Jaén se atendieron a 782 personas (en total, supusieron más de 4.000 actuaciones entre atención psicológica, social o información jurídica, además de acompañamientos a diferentes instancias y otras intervenciones). Por otra parte, se realizó el seguimiento de 107 personas usuarias que habían sido atendidas en años anteriores y que continúan con expediente abierto.

El SAVA es un servicio público, gratuito y universal que presta una atención integral a las víctimas de delitos o faltas, ofreciéndoles apoyo jurídico, social y psicológico. Cobo ha señalado que el objetivo fundamental de este recurso es ofrecer una respuesta especializada a las necesidades específicas de las víctimas en todos los ámbitos mediante una intervención interdisciplinar.

“Es un servicio de referencia para las instancias y entidades que tienen contacto con la víctima, funcionando como agente colaborador entre todas las instituciones judiciales, policiales y de carácter asistencial”, ha apuntado la delegada, que ha puesto de relieve, además, que ofrece una prestación esencial para los momentos más duros en la vida de las personas, “proporcionando acompañamiento, comprensión, información y asesoramiento, apoyo psicológico y un lugar donde acudir cuando más desorientación se tiene por la tensión y desconcierto que supone ser víctima de un delito”.

Para ello, el servicio está compuesto por un equipo técnico especializado en este ámbito y configurado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales que sobresalen por su profesionalidad. “Detrás de la mayoría de los casos más dolorosos ocurridos en Jaén en los últimos años ha estado la labor callada, discreta y necesaria del SAVA, con unas 6.000 personas atendidas”, ha apostillado Cobo.

Un servicio consolidado.

El SAVA es servicio público puesto en marcha en 2001, poco tiempo después de que la Junta asumiera las competencias en materia de Justicia. En la capital jiennense, este servicio se encuentra en la calle Cronista González López, nº 3 bajo, en la misma sede de los juzgados de 1ª Instancia de Jaén.

El SAVA forma parte de los recursos con los que cuenta la Consejería de Justicia e Interior para atender a las víctimas de cualquier delito, junto a otros servicios como el Punto de Encuentro Familiar, que garantiza el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos contenciosos de separación, divorcio u otros asimilables, y ayudar a las víctimas (en los casos en que exista orden de alejamiento o de protección), tratando que sea lo más agradable posible para todas las partes y, sobre todo, para los menores.

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Andalucía mantendrá la asistencia sanitaria a personas inmigrantes sin recursos que presta desde 1999.

Escrito por Redacción Andújar el 23 agosto 2015

Hospital de Andújar.

Hospital de Andújar.

La Junta de Andalucía continuará garantizando asistencia sanitaria a las personas extranjeras que no tienen regularizada su residencia en la comunidad y que carecen de recursos económicos y aseguramiento. Desde la Junta de Andalucía siempre se ha defendido la universalidad de la sanidad pública sin hacer distinciones en función de los recursos económicos.

Tal y como ha afirmado el consejero de Salud, Aquilino Alonso, “es una decisión solidaria que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos”. En Andalucía, se viene garantizando la asistencia sanitaria a estas personas desde 1999, “por lo que consideramos inadmisibles las amenazas del Ministerio de Sanidad”, ha señalado. La comunidad andaluza garantiza la asistencia sanitaria a estas personas mediante diferentes instrucciones sanitarias que se han ido adaptando a las necesidades de cada momento, siempre dentro de la legalidad vigente y la competencia autonómica.

La atención sanitaria a extranjeros no regularizados se mantendrá, por tanto, por razones humanitarias y de salud pública. Además, tal y como señala el consejero de Salud, “es absolutamente falso que esta protección que se da desde Andalucía a las personas inmigrantes incumpla o pueda contravenir los acuerdos sobre asistencia sanitaria a ciudadanos de países miembros de la Unión Europea”.

Además, el propio Ministerio ha remitido a las comunidades el documento ‘Acuerdo sobre criterios mínimos para la dispensación de asistencia sanitaria y protección a la salud a extranjeros en situación irregular’, con el objeto de homogeneizar la atención que se ofrece a estas personas en las distintas comunidades. Con este documento, el Ministerio intenta consensuar con las comunidades la asistencia a personas inmigrantes y, de forma general, volver a la situación anterior al Real Decreto Ley de 2012 que los dejaba fuera.

Sin embargo, tal y como critica Alonso, “ahora el Ministerio amenaza con penalizaciones y sanciones a las comunidades que ofrecen asistencia sanitaria y usa como arma la presión de la Unión Europea”.

Por este motivo, la Consejería de Salud solicita coherencia y claridad al Ministerio de Sanidad porque “no se puede jugar con la salud de personas tan vulnerables como los inmigrantes sin recursos que llegan a nuestro país”.

Atención en Andalucía.

En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma. Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Con este documento se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido, en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad.

Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno que deja sin cobertura a las personas inmigrantes, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 personas inmigrantes que se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal. Actualmente, son 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal.

La exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja. De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. La frecuentación de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6% de las consultas totales, el 2,3% de la asistencia a urgencias y el 7% de los partos atendidos.

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