Con este plan de empleo extraordinario se pretende realizar alrededor de 3.700 contratos en Jaén, que serán gestionados por los consistorios, según ha avanzado hoy la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, acompañada de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez. “El Gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias”, ha enfatizado la delegada del Gobierno.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado con 3,3 millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares jiennenses.
Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
Decreto de Inclusión.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado junio el Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad que beneficiará a más de 13.000 personas en Jaén. “Este nuevo decreto destinará unos recursos adicionales de más de 5 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro”, ha señalado Gálvez.
La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. “Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los ciudadanos que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores”, ha destacado la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares.
Ayudas a familias.
Precisamente, esta semana se ha realizado la firma de convenios con los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y la Diputación Provincial para el Programa de Ayudas Económicas Familiares, al que este año el Gobierno andaluz aporta una partida de 198.085 euros a las seis entidades locales y 245.723 euros a la Corporación provincial.
Así, frente a los 317.960 euros que la Junta destinó en 2013, en esta ocasión la cifra sube a más de 443.800 euros, que se repartirá entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Jaén, Alcalá la Real, Úbeda, Andújar, Linares, y Martos.
Las ayudas económicas familiares están diseñadas como una prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios y se definen como prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Las ayudas se pueden cobrar durante un periodo máximo de seis meses.
El objetivo de estas ayudas es prevenir, reducir o eliminar los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para menores, con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias.
La población que puede ser beneficiaria la constituyen las familias con menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los y las menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado. Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.
La Junta ha destacado la labor realizada por los profesionales que desarrollan su labor en los servicios sociales comunitarios de los municipios, puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo. Estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.
Los datos de evaluación de este programa, que se viene ofertando ininterrumpidamente desde 1999, reflejan que el pasado año 2013 se beneficiaron de estas ayudas un total de 501 familias y 1.058 menores.