La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pide a la nueva Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que abra una nueva etapa de diálogo y negociación con las organizaciones profesionales agrarias para abordar de manera consensuada y eficaz los principales retos que debe afrontar el sector agrario. En este sentido, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha apuntado que “es vital una apuesta firme y decidida por el modelo social y profesional y agricultura, básico para la creación de empleo y el desarrollo en el medio rural”. Asimismo, Blanco ha reclamado a la nueva titular de Agricultura un cambio de tendencia en los presupuestos de su departamento, tras un “hachazo” del 41% en los fondos destinados para Agricultura en los últimos tres años. “El sector agroalimentario es estratégico para la economía española y ese liderazgo tiene que tener su reflejo en el apoyo sin fisuras del Gobierno”, ha subrayado.

Entre los retos más urgentes, García Tejerina debe abordar las siguientes cuestiones:

Aplicación reforma PAC. Ante el desarrollo de los reales decretos que recogerán las normas jurídicas de aplicación de la nueva PAC a partir del 2015, COAG reclamará a la nueva ministra una verdadera priorización de los apoyos hacia al agricultor activo profesional para que las ayudas reviertan en beneficios para el empleo, el medio rural, la innovación y el bienestar social.

Fondos UE Desarrollo Rural. En el acuerdo aprobado, la aportación estatal se reduce el 50% al 30%, dejando el resto en manos de la administración regional. En este capítulo COAG muestra su preocupación ante los drásticos recortes presupuestarios del MAGRAMA y las CC.AA. ya que pueden poner en peligro los fondos de Bruselas ante los problemas de cofinanciación de los programa de Desarrollo Rural. Por este problema, en 2012 ya se perdieron 70 millones de euros y, a falta de conocer los datos definitivos, en 2013 el Comisario Ciolos ya avisó a Arias Cañete que se podrían perder incluso más. Esta organización considera irrenunciable al cofinanciación de los fondos de desarrollo rural, vitales para medidas estructurales para el sector como la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, medidas agroambientales, regadíos o zonas desfavorecidas. “Sería una grave irresponsablidad política que en un contexto de crisis económica se perdieran ingresos netos de la UE para un sector que genera desarrollo económico y social en nuestros pueblos”, ha apuntado Blanco.

Desarrollo de la Ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Oportunidad única para conseguir una mayor transparencia y seguridad jurídica en la cadena. Sin embargo, aunque estamos convencidos de que evitará algunos abusos comerciales, nuestra mayor preocupación como agricultores y ganaderos que es el precio, ni se garantiza, ni se soluciona con esta Ley. En este sentido, COAG estima necesario extender la obligatoriedad de contratos escritos a todos los agentes, prohibir la venta a pérdidas y establecer un régimen sancionador eficaz. En 2014 habrá que seguir muy de cerca el desarrollo normativo de la Ley, de forma especial el del Código de Buenas Prácticas.

Fiscalidad y subida de costes de producción. Ante las amenazas que se ciernen sobre el sector, Tejerina debe liderar un frente común del sector para evitar una subida del IVA en productos básicos y en los principales inptus agrarios y bloquear la propuesta de eliminación del régimen de módulos de cotización. Además, deberá negociar un paquete de medidas para mitigar el impacto de la subida de los costes de producción en la rentabilidad de las explotaciones. En este sentido, merece especial atención, espectacular subida de precio de las tarifas eléctricas para riego. Desde que en el año 2008 el Gobierno suprimió la tarifa eléctrica de riego, los agricultores de regadío han soportado incrementos de coste eléctrico por encima del 120%. El coste eléctrico ha pasado a ser la primera preocupación de las explotaciones de regadío, a pesar de que su consumo es totalmente estacional o de temporada. Desde hace años estamos denunciando la injusta situación que supone tener que abonar el término de potencia de la tarifa eléctrica durante los 12 meses del año, cuándo se utiliza exclusivamente en contadas ocasiones.

Acuerdos UE con terceros países. La nueva ministra de Agricultura deberá exigir la aplicación del principio de preferencia comunitaria y el reforzamiento de los controles en frontera para que se cumplan los términos de los acuerdos de libre comercio negociados por Bruselas. En próximos meses habrá que seguir muy cerca la ronda de negociaciones del Acuerdo Transatlántico de libre comercio EEUU-UE por las posibles amenazas para nuestro modelo de agricultura: una laxa legislación norteamericana sobre cultivos transgénicos, carne hormonada, productos clonados, y normativa higiénico-sanitaria, muy alejada de los estrictos estándares de calidad y seguridad europeos, sometidos a negociación durante el proceso abierto.

La defensa de los derechos de las mujeres jiennenses estará muy pronto mejor representada con la constitución del Consejo Provincial de Igualdad y Participación, un órgano impulsado por la Diputación de Jaén que permitirá que se pongan de manifiesto y modifiquen políticas que favorezcan el avance hacia la igualdad. La diputada responsable de esta área en la Administración provincial, María del Mar Shaw, explica que “para participar en la asamblea constituyente de este órgano se han adherido unas 59 asociaciones de toda la provincia, entre otras una federación que está formada por 17 asociaciones y otra que engloba a seis”.

María del Mar Shaw subraya el valor de este nuevo “instrumento, que es una apuesta decidida por la igualdad, pero sobre todo por la participación, y porque todas las voces de la provincia estén representadas y unidas en un solo órgano”, que servirá “para articular todas las políticas dentro del principio de Igualdad”. De hecho, y entre otras funciones, este Consejo colaborará en el impulso y la promoción de la participación de las mujeres en los distintos ámbitos, asesorará a la Diputación en materia de igualdad sobre las disposiciones de carácter general que hayan de ser sometidas a la aprobación del pleno y canalizará las demandas de las mujeres jiennenses en los procesos de elaboración y desarrollo de los planes de la Corporación provincial en estos asuntos. Igualmente, este Consejo Provincial de Igualdad y Participación se encargará de difundir el valor de la igualdad, defenderá los derechos e intereses de las mujeres y elaborará cuantos informes considere convenientes en orden a la mejora de la situación de las mujeres jiennenses y la sensibilización social en esta materia.

La constitución de este Consejo Provincial, una vez que ha concluido el plazo para que las organizaciones femeninas presentaran su candidatura para formar parte de los distintos órganos directivos de este órgano, está ya próxima, ya que, según la diputada de Igualdad, “estamos en plazo de presentar la última documentación y en breve se procederá a su constitución, que no irá más allá del mes de junio, donde todas las asociaciones van a tener representación y en el que se va a votar para crear una comisión de trabajo básica con el fin de que constantemente estemos trabajando sobre todas las políticas que se vienen realizando o cualquier tema de interés, que bien a través de uno de los miembros de este órgano o de forma externa nos pidan que también evaluamos y demos la opinión como Consejo Provincial”.

Para la consecución de sus múltiples objetivos, el Consejo estará integrado por una Presidencia, dos vicepresidencias, la comisión ejecutiva (formada por la Presidencia, las dos vicepresidencias y 16 vocalías en representación de las organizaciones y asociaciones de mujeres, 14 de ellas elegidas por cada una de las zonas de influencia de los 14 Centros de Servicios Sociales de la Diputación y dos elegidas entre las representantes de las asociaciones ubicadas en municipios de más de 20.000 habitantes), la asamblea general (compuesta por una representante de cada una de las entidades asociativas de la provincia que hayan solicitado la pertenencia al Consejo), la comisión de expertas, una Secretaría y los grupos de trabajo que se constituyan.