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La Junta de Andalucía contrapone su compromiso sobre la presa de Marmolejo a la «desvergüenza del PP que no hizo nada».

Escrito por Redacción Andújar el 26 marzo 2010

Jaén. Europa Press.

La Junta de Andalucía reiteró ayer su compromiso para eliminar el problema que supone la presa del Salto de Marmolejo (Jaén) –debido a su posible incidencia en las inundaciones por la crecida del Guadalquivir que sufre este municipio y otros cercanos como Andújar– frente a las críticas «desvergonzadas» del PP que «no hizo actuación alguna» para afrontarlo cuando estuvo en el Gobierno de la Nación.

En declaraciones a Europa Press, el delegado provincial de Medio Ambiente, José Castro, indicó que las dos grandes avenidas anteriores a la del pasado febrero, en 1996 y 2001, se produjeron con los populares en el Ejecutivo central y «no se conoce una actuación, ni siquiera política ni testimonial, más allá del cometido de evaluar por parte de los técnicos».

En este sentido, criticó su «caradura» porque nadie del Ministerio, ya que entonces era competencia de la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir (CHG), dio la cara. «Nosotros la hemos dado y mantenemos un compromiso de dar una respuesta al problema de esta infraestructura, mientras que ellos se limitaron a negociar con Sevillana Endesa para que pagara los daños sin entrar en el fondo de la cuestión», aseguró.

Así, desmintió que se realizara alguna acción jurídica o administrativa ante la compañía, tal y como el PP apuntó ayer. Además, Castro se refirió a los informes a los que los populares aludieron y precisó que existen desde 1998, puesto que se elaboraron ante las inundaciones ocurridas dos año antes. Sin embargo, según dijo, aun teniéndolos y a pesar de que se produjo otra importante avenida en 2001 «no dieron ni un solo paso» para quitar la presa.

«Ahora quieren que en un mes esté resuelto», apostilló el también director provincial de la Agencia Andaluza del Agua quien, en cualquier caso, recordó que hace unos quince días se celebró una reunión con los vecinos de las zonas afectadas en los que la Junta mostró un «compromiso definitivo» para eliminar la infraestructura.

Para ello, consideró «necesario» un estudio que determine qué hacer con la acumulación de lodos para tomar una decisión jurídica o administrativa y más o menos rápida ante Endesa, propietaria de la presa, sin dejar de insistir en que, posteriormente, y «lo antes posible» se actuará en ella. Además y de forma paralela, se están manteniendo contactos con la eléctrica «con mayúsculas».

El delegado de Medio Ambiente se refirió, por otro lado, a las actuaciones en materia hidráulica realizadas por el PP en el Gobierno español –como la expropiación de la zona de La Ropera o el dragado de Guadalquivir y Jándula– y aseguró que son «pequeñeces» frente a las que se ejecutan actualmente.

Según añadió, está en marcha una intervención entre 2008 y 2011 por diez millones de euros con distintas actuaciones de dragado y acondicionamiento del Guadalquivir y se han presentado otras intervenciones para trabajar a mayor profundidad cuando el río lo permita. Igualmente, destacó que se acometerán los cuatro proyectos por valor de cinco millones de euros que quedan por ejecutar en varios tramos aguas arriba y abajo del puente romano iliturgitano.

Así las cosas, Castro aplaudió la proposición no ley aprobada ayer en el Parlamento de Andalucía en la que se insta a la Junta a elaborar un plan para restaurar el Guadalquivir a su paso por Andújar y Marmolejo, ya que «va en consonancia con los compromisos» ya adquiridos «con valentía». «Lamentamos la actitud del PP que parece buscar aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores», concluyó.

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COAG-Jaén advierte que los olivareros podrían sufrir pérdidas de 320 millones de euros.

Escrito por Redacción Andújar el 26 marzo 2010

El precio del aceite de oliva está por debajo de la rentabilidad.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Jaén, estima que en esta campaña los olivareros jienenses podrían sufrir pérdidas de 323 millones de euros (el 50% de Andalucía), si se mantienen los precios que actualmente están percibiendo. Esta semana, el kilo de aceite de oliva se ha pagado a una media de 1,81 euros, una cantidad que no cubre los costes de producción que, según el Estudio de la Cadena de Valor del aceite de oliva del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se sitúan en 2,49 €/kg.

Desde que empezó la campaña, el 1 de octubre de 2009 y hasta el momento actual, se han comercializado en Andalucía alrededor de 400.000 toneladas de aceite, a unos precios que han provocado pérdidas de más de 80 millones de euros en Andalucía. Esto se debe a que las almazaras se ven obligadas a vender, aunque sea a precios muy bajos, por la necesidad de liquidez que tienen los agricultores para hacer frente a los gastos de campaña.

Por eso, esta organización reclama que se ponga en marcha el mecanismo de almacenamiento privado. Una herramienta que ya se activó el año pasado, aunque muy tarde (en el mes de agosto, cuando la mayor parte de las operaciones comerciales ya se habían realizado). Con todo, sólo el anuncio de que se iba a aplicar el almacenamiento privado (la noticia se conoció a principios de mayo) sirvió para que el precio del aceite subiera, como se puede observar en la siguiente tabla, que recoge la evolución del precio del aceite de oliva durante el año pasado.

El almacenamiento privado es un mecanismo que aparece recogido en la OCM. El Reglamento 1234/2007 en su artículo 33 establece la posibilidad de articular ayudas para la realización de contratos de almacenamiento privado cuando el precio del aceite se sitúe por debajo de un nivel establecido (1.779 €/tn. para el virgen extra; 1.710 €/tn para el aceite virgen, y 1.524 €/tn. para el aceite lampante) o bien cuando existan graves perturbaciones del mercado, posibilitando así una contención de la oferta y la estabilización de dicho mercado. Esas “perturbaciones” se están produciendo en la actualidad, ya que los precios que reciben los productores se han desplomado, mientras el consumo y las exportaciones crecen, con una producción similar a la del año pasado y con un descenso de las importaciones.

Por eso, COAG Jaén reclama que la ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, haga las gestiones oportunas en Bruselas para que, aunque no se haya alcanzado el precio desencadenante que fija la OCM, se ponga en marcha el almacenamiento privado, ya que sí se están produciendo las citadas “perturbaciones del mercado”. Esta organización agraria ya ha solicitado a la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, que medie para que desde el gobierno central se lleven a cabo estas gestiones, y le ha dirigido una carta firmada conjuntamente con Asaja y FAECA. Pero, además, es importante aprovechar la Presidencia española de la UE para que se cambie la normativa que regula el almacenamiento privado, actualizando el precio desencadenante, ya que éste se calculó en función de los costes de producción del año 1997, que actualmente han quedado totalmente obsoletos.

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